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Absurda actitud de salvadoreños

Señales contra el narcotráfico

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GUATEMALA

Absurda actitud de salvadoreños
Editorial
Ciudad de Guatemala, 31 de mayo, Siglo XXI

En efecto, el alcalde de la cabecera departamental de San Miguel, Wilfredo Salgado, retiró a vendedores guatemaltecos los permisos para instalar negocios en dicha localidad, en represalia por el homicidio de Santiago Rivera Lobos, ocurrido en la ruta de Mazatenango a Retalhuleu la noche del viernes.

El asesinato de un empresario salvadoreño es el pretexto del alcalde de San Miguel para retirar permisos a comerciantes nacionales. Con actitudes poco civilizadas como éstas, en nada se contribuye a encontrarle soluciones a un problema común.

Cuando se creía que las irresponsables campañas de desprestigio contra Guatemala, que se acostumbran montar en El Salvador cada vez que aquí ocurren muertes violentas de ciudadanos del vecino país, ayer se conocieron absurdas medidas para impedir que comerciantes chapines puedan dedicarse a su actividad en territorio salvadoreño.

Quizá lo más preocupante es que, al contrario de los ataques anteriores, las órdenes fueron giradas por un representante de aquel Estado. En efecto, el alcalde de la cabecera departamental de San Miguel, Wilfredo Salgado, retiró a vendedores guatemaltecos los permisos para instalar negocios en dicha localidad, en represalia por el homicidio de Santiago Rivera Lobos, ocurrido en la ruta de Mazatenango a Retalhuleu la noche del viernes.

Como si se tratara de una escena propia de novela latinoamericana surrealista, el jefe municipal declaró: “En Guatemala acribillaron a un migueleño muy querido. En protesta, les mandamos a sus guatemaltecos”.
A juzgar por esta ridiculez, en la nación colindante hay personas empecinadas en enfocar los actos de violencia que afectan a sus connacionales como acciones deliberadas contra los salvadoreños que nos visitan, por la simple razón de ostentar aquella nacionalidad.

Se olvidan, muy a propósito, que el deplorable hecho en que perdiera la vida Rivera Lobos es el reflejo de una sociedad sacudida por el crimen, a cuyos alcances está expuesta cualquier persona, independientemente de su origen, sexo o creencia. Tampoco parecen recordar que el desborde delictivo se ha convertido en un flagelo de carácter regional, que trasciende fronteras, y que El Salvador no es un lugar más seguro que Guatemala.

Es cierto que las heridas causadas por aquella lamentable masacre donde perdieron la vida tres diputados salvadoreños al PARLACEN Y su chofer marcaron un momento especialmente agudo para las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin embargo, tampoco se puede negar que las autoridades guatemaltecas han trabajado intensamente para esclarecer el caso.

La lección para Salgado debería ser que, afortunadamente, los chapines y cuscatlecos de bien somos mucho más que los maleantes y gracias a ello hemos construido sólidos lazos de amistad durante siglos. También debería saber que con esas actitudes poco civilizadas, en nada se contribuye a encontrarle soluciones a un problema común. Trabajemos juntos contra ese terrible mal, pero condenemos también esas macondianas ordenanzas que, hoy por hoy, retratan a San Miguel como un poblado dirigido por irresponsables.

Señales contra el narcotráfico
Editorial
Ciudad de Guatemala, 30 de mayo, Siglo XXI

Una exigencia de EE.UU. obligó a la CSJ a presentar propuestas para mejorar la lucha contra los cárteles de la droga. Jueces itinerantes, Ley de Extradiciones y donación de decomisos son algunas medidas que pudieron plantearse hace tiempo. Gracias a que la Embajada de Estados Unidos le requirió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un informe acerca de las acciones emprendidas en la lucha contra el narcotráfico, ahora es posible vislumbrar algunas propuestas que pueden mejorar los resultados en esa permanente batalla.

Pese a que se trata de un flagelo cuya peligrosidad nadie pone en duda y sus alcances han sido explicados abundantemente, sólo así los magistrados han empezado a analizar propuestas como la implementación de la figura de los jueces itinerantes y sugerido la necesidad de emitir una Ley de Extradición, entre otras acciones urgentes.

En el primer caso, se pretende que existan juzgados competentes para emitir órdenes de allanamiento a cualquier hora del día y con jurisdicción nacional. De aprobarse mediante una ley específica, se cree que esto vendría a resolver algunos problemas de filtración de información o tardanza inmoderada de estos trámites, circunstancias que en múltiples oportunidades han contribuido a que los presuntos implicados tengan todo el tiempo a su favor para escapar de las autoridades.

En cuanto a las extradiciones, los requerimientos de la embajada estadounidense hicieron que la CSJ se recordará de que es uno de los pocos órganos del Estado que gozan del derecho de iniciativa de ley y, por lo menos en su respuesta, considera indispensable que el país cuente con una normativa que defina los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con este tema.

Los problemas que se han afrontado en esta materia, según la Corte , devienen de la ausencia de legislación que desarrolle los convenios y tratados internacionales, bilaterales y multilaterales, lo cual ha sido un factor determinante para que las solicitudes se queden estancadas y se dificulte la persecución penal.

Por otra parte, los máximos representantes judiciales le informaron a la representación diplomática acerca de las negociaciones con las carteras de Gobernación y la Defensa orientadas a firmar un Convenio de Cooperación para que los vehículos, naves, aeronaves y buques decomisados a los narcotraficantes sean donados a la Fuerza Aérea de Guatemala y a la División de Puertos y Aduanas, en lugar de que queden únicamente a disposición del Organismo Judicial.

Si bien se trata de acciones importantes para avanzar en la lucha contra los cárteles de la droga, no deja de ser lamentable que hasta ahora se decidieran a proponerlas. En todo caso, quizá convenga traer a colación aquella frase tan trillada: “Más vale tarde que nunca”.