BERNE AYALÁH

Salimos de la Delegación de la Policía Nacional Civil de Santa Ana a las dos de la madrugada. Más de cien policías y unos cuantos fiscales, los primeros armados hasta los dientes y los segundos con la lista de la banda que había que capturar.

Varios cantones y caseríos fueron allanados cerca de la frontera con Guatemala. Al momento de ingresar a una casa donde se encontraba un grupo de bandoleros se produjo una pequeña escaramuza. Las cañas secas de maíz se quebraban cuando, por un lado corrían los policías, y hacia el otro los delincuentes. En el corredor de la casa quedaron las evidencias. A unos metros de allí, el investigador a cargo, que para variar había sido sargento de la extinta Policía de Hacienda, se quedó a mi lado, yo, el fiscal, nada más con mi agenda de Océano.

Eran las primeras experiencias, en más de un siglo, o mejor dicho, desde que surgimos como república, que la autoridad policial se subordinaba a personas civiles de forma concreta.
Desde aquel operativo no dejé de llevar a los allanamientos peligrosos del departamento de Santa Ana una vieja Commander 45 mm.

Semejante experiencia no podía haber pasado sino por ese enjambre de equivocaciones de toda una reforma legal. Esa es precisamente la riqueza del asunto y para no perderla de vista es interesante ensayar sobre el mismo.

Hablo del ejercicio de la reforma penal de la posguerra. Obviamente no estaba muy claro cómo los fiscales íbamos a conducir las investigaciones criminales, no sólo desde el punto de vista forense sino táctico policial.

A eso se debió que muchos fiscales nos vimos atrapados en procedimientos puramente policiales que eran confundidos con el monopolio de la investigación criminal, que por raigambre constitucional le compete a la fiscalía.

Un punto clave en la estrategia: admitir que los abogados con investidura fiscal debían conducir la investigación del delito y ejercer las acciones penales en contra de las personas sindicadas de haber delinquido.

Ello significaba que cualquier miembro de la policía, desde su director hacia abajo, debía sujetarse a las directrices de la fiscalía.

El mundo occidental, pero especialmente las corrientes del derecho anglosajón, llevan siglos administrando sistemas legales con fundamento en un profundo carácter acusador, es decir, donde un ente distinto al juzgador, es el encargado de dirigir la investigación criminal.

Factores culturales han permitido que en escuelas o centros de trabajo, y obviamente en el sistema judicial, los conflictos se diriman enfrentando a las partes de forma oral, donde hay un trío básico: el acusador, el defensor y el juzgador.

Para nosotros el quiebre de una época de dictadura vivida por décadas, no se expresó solo en la superación de una forma de gobernar o de hacer política. Nuestra vida también se vio afectada por la implementación de un modelo legal y una concepción filosófica de interpretar el fenómeno criminal.
Uno de los grandes obstáculos a superar fue la sustitución de la prueba testimonial, pero especialmente la confesión (más vinculada a modelos represivos y antidemocráticos), por el sistema de prueba científica.

Las autoridades, en su afán por combatir la criminalidad han aplicado procedimientos legales que nos han colocado en momentos que debimos haber superado ya. Un ejemplo puntual es la política de beneficiar con libertad al inculpado que confiese y entregue a otros cómplices o coautores, es a lo que se le llama criterios de oportunidad.

Semejante institución ha puesto en riesgo la credibilidad de nuestro sistema legal en muchas ocasiones. El acusado más inteligente se vuelve reo confeso con la ambición de salir libre. De ahí que lo que él diga debe ser tratado con mecanismos forenses atinados para evitar que su generalización desacredite la verdad de la justicia originada por un acto espurio.

No se puede pedir a un policía que ataque al secuestrador con poemas de Pablo Neruda, pero la fiscalía debe controlar el ejercicio represivo de todo órgano policial.

Otro asunto de medular importancia es el papel de los jueces naturales (independientes de cualquier otra autoridad), llamados así por el ordenamiento constitucional. Dejaron de ser investigadores, como lo eran en el proceso derogado. Ello significó un trauma pues pocos se imaginaban cómo deberían de comportarse los jueces si ya no iban a investigar.

La respuesta, al menos desde el plano teórico, es simple: los jueces deben juzgar los hechos sobre la base de las pruebas. Ambos elementos de un mismo escenario los debe proporcionar el que acusa, la fiscalía.

Sin embargo, no sólo los abogados, sino la gente en general no admite algunos de los planteamientos indicados. Todo obedece a un bloqueo histórico y cultural. No solemos aceptar lo que no comprendemos. Nuestro pasado tiene una espada, una cruz y una sotana pendenciera acuñadas por la inquisición.
La aceptación y credibilidad sobre el sistema legal por parte de la comunidad no pende exclusivamente de lo bien o mal que funcione o de la confianza existente entre la sociedad y las autoridades, depende en gran medida de la acción política de los gobernantes.

En política suelen abordarse los temas desde una posición ideológica, por ello es muy difícil que la gente pueda entender que los jueces no son investigadores del delito, esa es una facultad de la fiscalía y la policía.

Si se observa con cabeza fría el modelo es fácil concluir que esas son precisamente las características de una sociedad democrática: la separación de facultades.

La naturaleza de la corrupción es el punto medular y sustancial de la ineficacia de nuestro sistema de justicia, y no obedece a ideologías o doctrinas, no al menos en esencia.

Lo mejor y más inteligente que cualquier gobierno debería de hacer es fortalecer las instituciones que ya existen. Soy de los que piensan que un fiscal debe tener mejores condiciones que un juez de instrucción, no solo en sus prerrogativas salariales, sino en el soporte institucional, pues es el que investiga y se enfrenta al crimen.

La investigación científica, el enfoque forense, la independencia fiscal, un fuerte presupuesto policial y un control de la sociedad sobre las actuaciones de los jueces, sería rentable para la estabilidad social del país.

Por supuesto todo ello sólo es posible a partir de las decisiones políticas y el reto más grande a enfrentar es la madeja de intereses que se cruzan en el universo de la seguridad pública. La historia apenas comienza.