Garrid Safie: “Un crimen solo queda impune cuando prescribe, para eso tienen que pasar diez años”

Mientras un reciente informe del PNUD señala a la Fiscalía General de la República como una institución con grandes deficiencias, su titular, Garrid Safie, enumera una lista de elementos, “no políticos, ni ideológicos”, que cuestionan el fondo dicho documento, incluso al nivel de la lógica elemental y la coherencia metodológica.

El Fiscal General asegura, también, que existe un desfase entre la realidad delincuencial y el marco legal vigente. El reto principal ante este panorama, según Safie, es cambiar el sistema garantista.

Lunes 18 de junio de 2007
Geovani Galeas // Alejandro labrador Aragón
redaccion@centroamerica21.com

-Señor Fiscal, el reciente informe presentado por el PNUD ha generado diversas reacciones contrapuestas, ¿cuál es la suya?

-Yo no he visto el informe final. Pero les voy a contar lo que sucedió: los del PNUD me mandaron por escrito la presentación que harían el viernes 8 de este mes. “Eso no va a ser lo definitivo”, me dijeron por escrito, “vamos a esperar las recomendaciones y sugerencias de los panelistas para enriquecer el informe de los consultores”.

Yo me fui el martes 5 a la reunión de Fiscales Generales a Guatemala, y cuando vine el sábado 9 fue que leí el informe que me habían enviado antes de ir a esa reunión. El documento tenía bastantes cosas que no me cuadraban. Hice algunas notas, se las presenté a mi equipo y ellos me dijeron que el documento que les estaba comentando no era el mismo que el PNUD había presentado el viernes.

Entonces le hablé a Manuel Sevilla, Coordinador del Programa de Gobernabilidad Democrática del PNUD, para preguntarle lo que sucedía. Él me dijo que me mandaría otro informe, que era el de los consultores, pero que no era el del PNUD, algo muy confuso. Entonces decidimos con mi equipo mejor esperar el informe oficial, sobre el cual podríamos pronunciarnos directamente, en lugar de estar trabajando sobre documentos que no eran los oficiales.

-Aun no. Pero veamos: aquí vinieron los consultores del PNUD, Sidney Blanco y Francisco Díaz, y yo les abrí la puerta para que tuvieran acceso irrestricto de los archivos. Solo les pedí que, por ser, expedientes importantes, nos los sacaran de aquí.

Ellos tomaron toda la información y se fueron, nunca tuvieron una interacción con los fiscales. No hubo algo como: “Y aquí por qué esto o lo otro, dónde está el informe forense, por qué no presentaron tal acta”. Nunca hubo diálogo. Pero bueno, eso puede ser una cuestión subjetiva.

Por otra parte, les puedo decir que no sé cuál fue el criterio del PNUD para escoger a esas dos personas. Uno es un juez en funciones y el otro fue miembro del Consejo Nacional de la Judicatura, o sea una institución en la que está involucrado un Juez. ¿Por qué a dos personas involucradas en el sector judicial para evaluarnos?¿Porqué no a un abogado?

Ahora bien... el porcentaje de información que presentan en su informe, en casi el 80%, compete a la fiscalía y muy marginalmente al juez. El hecho es que desmenuzan y despedazan al que más información les dio.

Otro punto que me parece preocupante es que estos dos consultores, siendo juristas, no hayan valorado correctamente el concepto de impunidad.

Es lógica simple. Para que un crimen quede impune tienen que pasar diez años, que es el periodo que la ley establece para la prescripción de una acción penal. Cualquier cosa puede pasar en diez años para que se reactive un caso de homicidio o cualquier acción penal. La ley establece que cualquier crimen debe considerarse impune hasta diez años después. En ese tiempo puede surgir cualquier prueba, cualquier declaración que permita reabrir un caso. Pero ellos están evaluando sobre casos que no llegan a los diez años… ¿Entonces cómo pueden hablar de impunidad?

-Cualquier otro concepto, menos de impunidad. O haber hecho un estudio de casos que tuvieran diez años, casos prescritos. Ese es el fondo del asunto, porque la “impunidad” que señalan, y que no es tal, es el centro de su hipótesis de trabajo

-Y hay más: un tercer punto, que se lo comenté a Manuel Sevilla por teléfono: ¿de qué me sirve a mí una fotografía de un año (2005, que es el año evaluado por los consultores del PNUD) si no tengo con qué compararlo? Es decir, tenemos la foto de 2005, ok, así estaba ese año. Pero ¿por qué me dicen que está malo, contra qué lo están comparando para que digan que está malo?

Presumiendo que la evaluación de ese año está bien realizada, tenemos que medir 2006. Hagamos lo mismo, una diferenciación. Tiene que haber un coeficiente de comportamiento de algo, de casos, de diligencias, de eficiencia. Y pongámosle -2 ó +2.

El otro año, hagamos lo de 2007 y pongámosle -2, -3 ó -1, lo que sea. Y así midámonos. Pero no me digan que “la impunidad” de 2005 ha generado mayor delincuencia, porque no estás midiendo contra nada. Ese es otro elemento muy de fondo.

Otro elemento más. Toman una muestra de expedientes, le restan los expedientes que hay sin sentencia, le restan otros expedientes que, no sé, le restan las lesiones y les da “X”. Pero no restan este porcentaje (el de expedientes con condena que no son homicidios), no lo extrapolan. Entonces comparan el bajo porcentaje de sentencias condenatorias con el gran total, al que le han quitado todo este montón de factores. Esto es una falla de fondo también en ese informe.

Toda esta argumentación la hemos formalizado ya y la vamos a presentar. Ustedes son los primeros que reciben esta información. No he hablado de factores políticos, para nada.

-El sistema legal es el centro de la consolidación democrática, pero también del éxito económico, sin embargo hay una queja permanente sobre su funcionamiento en nuestro país…

-El problema es con qué rapidez se van ajustando el Derecho y la sociedad salvadoreña a sus necesidades recíprocas. En la sociedad siempre hay quienes quieren que haya cambios y quienes se resisten a cambiar. Hay que hacer esa diferenciación y ver realmente en qué medida el derecho penal se va adecuando a la realidad sociológica salvadoreña.

En los últimos tiempos se ha generado una separación entre la realidad y lo que el marco jurídico regula. El fenómeno de las pandillas, de la globalización, de la mundialización del tráfico de drogas, del lavado de dinero, una serie de situaciones nuevas que datan desde las últimas décadas y van adelante del marco jurídico. Eso genera un desfase entre la realidad social, nacional, internacional y el marco jurídico.

Y repito: hay quienes quieren mantener ese orden jurídico y hay quienes queremos modernizarlo, ajustarlo a la nueva realidad.

-También hay quien opina que el sistema legal salvadoreño está quebrado, otros creen que lo que sucede es que está en construcción…

- Yo prefiero hablar de desfase. Y creo que la administración de justicia es siempre perfectible. Lo que sucede es que ahora los problemas se pueden expresar y discutir abiertamente y desde distintas perspectivas. Esa conjugación de visiones es tensa porque hay una coyuntura de polarización política relevante. Sin polarización las ideas fluirían sin problemas.

En cuanto a la administración de la justicia, sucede que cada quien quiere imponer una lógica de funcionamiento. Por ejemplo, el sistema garantista de 1998, obligó a que se formaran jueces para su debida aplicación, y así fue también con los fiscales. Pero cuando aparece el fenómeno de las pandillas, que es transnacional, esa modalidad de pensamiento jurídico criminal ya no responde a aquel esquema garantista.

Surge ese nuevo fenómeno y nos vemos anquilosados para enfrentarlo de manera más responsable. El marco jurídico, y la visión de cómo administrar la justicia, no están de acuerdo a la realidad.

-No. Los principios constitucionales están incólumes. Esos están salvaguardados. Es cuestión operativa, de visión. Se trata de superar ese desfase entre la realidad y las herramientas que las autoridades tenemos para hacer nuestro trabajo.

Tiene que romperse el esquema mental de la forma en que se ha venido administrando justicia del 98 para acá, para adecuarlo a una nueva realidad delincuencial. Hay un acuerdo de extradición entre Estados Unidos y El Salvador que data desde 1911, imagínense. Totalmente anacrónico. Las herramientas jurídicas tienen que estar a la par de la realidad social de las naciones.

-Creo que sí, porque la sociedad presiona. Lo que está complicando la adopción de soluciones es la polarización política. Y también hay que tomar en cuenta que ahora, en democracia, se debaten libremente las ideas, y los medios de comunicación están atentos a los problemas, mismos que hoy son visibles y discutibles.

El problema que yo percibo es que cuesta más cuajar las ideas, las soluciones, precisamente por la polarización en el debate político. Quienes queremos hacer bien las cosas, nos vemos muchas veces con la cortapisa de los factores políticos que nos restringen en el actuar ya sea en la Corte Suprema, los jueces, la policía, en la fiscalía misma.

-¿De cara al 2009 resulta difícil pensar en una estrategia con mecanismos concretos que puedan poner en marcha algunas soluciones?

-No me quiero constreñir a un evento político. No debería ser así. Ahora mismo se están discutiendo nuevos códigos, se van a formular y tienen que llegar a la Asamblea. Ahí se tienen que discutir, pero en todo caso mi razón de ser es aplicar lo existente a realidades criminales. Como fiscal no puedo estar constreñido a un evento político para decirle si puedo trabajar o no.

-¿Ha mejorado la relación interinstitucional en la administración de justicia desde que usted asumió el cargo?

- No puedo ni confirmar, ni revocar esa percepción. Sí les puedo decir que nosotros en la Fiscalía estamos tratando de ser muy respetuosos con todo mundo. El trabajo de las diligencias iniciales corresponde a la Fiscalía y a la Policía, entonces tenemos una relación jurídico-institucional según lo manda la Constitución. Tenemos una buena relación con la Policía.

Con los jueces hay un antagonismo jurídico, pero no político. Es decir, el fiscal debe convencer al juez de que la denuncia que presentó está razonada, fundamentada. Pero si solo fuera la relación bilateral, la cosa sería fácil. Para eso se nombran defensores y se entra en una contención. Siempre hay un malo de la película.

En la medida, que nosotros nos respetemos y no personalicemos las derrotas y triunfos, creo que vamos a llevar la fiesta en paz. Claro que agotamos los recursos si estamos inconformes. Hemos presentado antejuicios, hemos reclamado el por qué no se abren investigaciones a los jueces que están siendo demasiado favorables con los delincuentes que a todas luces son culpables.

-En cuanto a las reformas al Código Procesal Penal, hay sectores que dicen que acelerar el proceso penal, en el sentido que la etapa previa sea más rápida, debilita al proceso porque las pruebas son menos rigurosas en cientificidad. El juez a la hora de enfrentarse a las pruebas dice “Este caso no procede...”

-No es que se haya modificado el plazo para presentar prueba científica. En la nueva ley del Crimen Organizado, el plazo se recortó a cuatro meses. En ese lapso, la Fiscalía tiene que ver qué hace para presentar una prueba aceptable para el juez. Eso nos pone en mayor presión.

Ha sucedido que, por falta de recursos en el laboratorio científico, nos hemos enfocado más en la prueba testimonial. Y eso ha generado el problema con los testigos, con los costos en la protección de testigos y demás. Por la falta de recursos no nos hemos podido fortalecer en la prueba científica.

A través de la comisión coordinadora del sector de justicia, se está pensando en crear el nuevo Instituto de Ciencias Forenses. Que se generen estadísticas uniformes a nivel nacional y se maneje la prueba pericial, científica, de una manera más consistente. Queremos unir esfuerzos que ahora están desintegrados.

-Si el fideicomiso cuaja, ya que no hubo préstamos con el Banco Mundial, esperaríamos que se lograra reforzar el trabajo del Instituto de Prueba Científica de la Policía, o el proyecto, que ya está formulado, de creación del Instituto de Ciencias Forenses, para que de ahí surja la prueba científica.

-Yo no tengo iniciativa de ley. El proyecto ya está y lo tiene la Comisión Coordinadora. Ahora tenemos reuniones más programadas, están llegando todos los miembros. Habría que ver en qué tiempo, los que tengan iniciativa de ley, ya sea el Ejecutivo, lo van presentar.

-¿La Fiscalía tiene la capacidad para recabar pruebas en cuatro meses, según lo exige la Ley del Crimen Organizado?

- Lo estamos haciendo a como de lugar. Estamos asignando todos los recursos que sean necesarios porque no podemos fallar bajo ninguna óptica en la aplicación, en lo que a la Fiscalía compete, de lo que la ley supone. La Ley del Crimen Organizado es importante porque viene a re-dirigir el garantismo del Código Penal del 98, a un esquema garantista de la sociedad, no del delincuente. Se está haciendo un giro suave y completamente razonable, dentro de la lógica del garantismo del Código Penal de 1998.

Estamos queriendo demostrarle a la sociedad que necesitamos romper el garantismo de los Códigos de aquél año.

-El problema de la corrupción lo señalan actores nacionales e internacionales. Existe la percepción de que si un chico se enfrenta a un grande ante la justicia, el resultado predecible: siempre perderá el chico…

-En política las percepciones son realidad, pero yo no me debo basar en percepciones, si no en la realidad, en las realidades materiales. Tengo que ser objetivo e individualizar los casos. Pero sí les voy a decir, y se los digo con modestia, nunca en la historia de la Fiscalía, se había acusado a diputados por corrupción, y ahora lo hemos hecho.

Yo, y perdón que hable así, traje al Ingeniero Carlos Perla y lo vamos a condenar. Yo tengo procesados a varios consejos municipales por corrupción. Jamás en la historia de la FGR habían habido acusaciones formales ante las diferentes instancias, léase antesalas, antejuicios, por casos de corrupción, como ha habido en este año. No me está temblando la mano para acusar a personas a quienes se les pueda corroborar actos de corrupción.

La Corte de Cuentas me ha mandado estudios, yo los he procesado y he procedido a las capturas. Alcaldes, Jefes de UACI...Que no hemos hecho todo, ¡hombre!, nunca se había atacado la corrupción jurídica y judicialmente como lo hemos hecho nosotros.

-¿En el caso de Belloso y Silva, por ejemplo, por qué no han habido capturas?

- En el caso de Belloso, él tuvo una protección política y se fue huyendo. Sin embargo, me congratulo de la sentencia que le dieron al cómplice, a Herrador. Y en el otro caso, el de Silva, la Cámara Primera de lo Penal, le anunció, le gritó al oído, a través de los medios de comunicación, que el día siguiente le iban a girar una orden de detención. Contra eso ni la policía, ni la fiscalía, vamos a violar la Constitución y vamos a aprender a alguien si no hay orden de captura. ¿A dónde se fue? No lo sé. De cualquier forma, no son causas imputables ni a la Policía, ni a la Fiscalía.

-Sí. En el caso de los diputados salvadoreños asesinados, hemos confirmado hasta este momento, que se trata de un crimen no premeditado. Esta banda de policías que los asesinó, simplemente los tomaron por confusión, creyendo que eran otras personas y cuando se dieron cuenta de quiénes eran, hubo una fuerte discusión entre ellos y decidieron matarlos.

Fue tan poco premeditado que ya se tienen pruebas de la persona que fue a comprar el bidón de plástico de gasolina, al lugar que fueron luego que compraron la gasolina. Se tiene todo, horas, tiempos, rutas de GPS. Van, iban, venían, no sabían qué hacer con los diputados. La ruta es sumamente ilógica. Daban vueltas, veían gente, se escondían. Tenemos testigos también.

El policía Contreras Natareno está siendo procesado. No se le dio criterio de oportunidad. El es uno de los asesinos.

- Nunca fue formal ese ofrecimiento. Se manejó la posiblidad. Circuló la posibilidad pero nunca se le dio. Claro, nosotros no somos los que estamos dirigiendo la investigación, pero estamos cerca.

En el caso del Boquerón, ahí sí hay un proceso judicializado contra ocho ex administradores del penal, cuatro pandilleros y tres personas ajenas al penal: dos mujeres convivientes con uno de ellos, y una tercera persona a quien se le encontró una de las armas 9mm con las cuales coincide la balística, con la que fueron asesinados los cuatro policías.

-No quisiera calificarla de razonable o no razonable. Yo solo informo lo que está. Yo tengo mis propias elucubraciones. En el Boquerón, cuando los pandilleros se dan cuenta que los cuatro policías asesinos, y presos ahí, era un grupo de exterminio, los mareros, ya sea por voluntad propia o pagada por sicarios, les dan muerte.

Falta vincular si los mataron porque eran grupos de exterminio o si habían sido pagados por alguien que los quería callar. Eso está en el tintero todavía.

Elucubración...cambiémosle a percepción. Yo creo que van a haber condenas, pero los autores materiales fueron asesinados, que eso es lo que pasó en El Boquerón. Al tratarse de un crimen no premeditado, descarto que haya autores intelectuales. Lo cual no significa que no exista una estructura más alta. Pero descarto que, en el caso de los diputados en particular, haya problema de drogas o de tráfico de cosas.

Guatemala ha hecho un buen esfuerzo, quizá lento, pero hay casos judicializados, una persona procesada. Los demás fueron asesinados...y así como están las cosas, no creo que existan autores intelectuales.

“Un crimen solo queda impune cuando prescribe, para eso tienen que pasar diez años”

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