Los Derechos Humanos y la izquierda

RAFAEL MENJIVAR

Con frecuencia se confunde el papel de los organismos protectores de los derechos humanos con el de organizaciones político–ideológicas (partidos, digamos), pero se trata de conceptos y funciones radicalmente diferentes.

La confusión –en el caso de El Salvador– tiene una base empírica: durante la guerra hubo organismos influidos por militantes políticos, con una agenda más allá de los objetivos de cualquier organización humanitaria; después de la firma de los Acuerdos de Paz surgieron otros, a veces con temas específicos, que se alinearon con el FMLN, y allí están.

Un partido tiene como objetivo la ocupación del aparato de poder para desarrollar, continuar o modificar un estado de cosas, es decir: instrumentar un proyecto de país. El papel de un organismo de derechos humanos es monitorear el modo en que se instrumenta y, en su caso, denunciar las fallas y presionar para que se corrijan. Es la conciencia crítica del gobierno en turno, sea cual sea su signo. Adscribirse a una ideología desvirtuaría el carácter de una institución humanitaria.

El derecho fundamental que se defiende es el derecho a la vida, y de él se derivan otros más amplios: una vida digna, educación, salud, poseer un nombre y una nacionalidad, un trabajo justamente remunerado, etcétera. Los postulados son elementales, pero la historia ha demostrado que exigir mejores salarios o expresar ideas ha sido ofensivo para el poder.

De la violación al derecho de asociación y el derecho de obtener un proceso judicial justo, se ha caído en torturas, cárcel y asesinatos. Para un gobierno, el derecho a la vida de los disidentes puede ser secundario ante ciertos “valores” ideológicos.

Fray Bartolomé de las Casas es un interesante precursor: no sólo defendió en abstracto los derechos de los indígenas, sino que se pasó la vida tratando de demostrar que éstos eran humanos, tan humanos como los conquistadores y los integrantes de la jerarquía católica romana, que los colocaban en una escala de valores zoológica.

Allí está el eje central de los organismos humanitarios, y donde pueden diferir de los idearios de partidos y movimientos. Muchos de éstos se basan en la necesidad de excluir, someter o destruir a “los otros”, los que no son iguales o piensan diferente. Bastan los genocidios en Ruanda y la antigua Yugoslavia para ejemplificar la tendencia a considerar a los adversarios como “no–humanos”. Los grupos de exterminio demostraron lo mismo en El Salvador de la guerra.

También es parte de la confusión el que haya coincidencias entre las exigencias de partidos en la oposición y de los organismos de derechos humanos. En 1979, en nuestro país, toda la oposición política, las universidades y agrupaciones sindicales coincidieron en pedir lo mismo que exigía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe que presentaría ese año, y que motivaría el golpe de estado de octubre: cese a los secuestros, salarios justos, el regreso de los exiliados, elecciones libres, libertad de expresión...

No era la OEA quien defendería a grupos de masas insurreccionados y organizaciones armadas: eran las organizaciones opositoras las que hacían suyas cuestiones básicas de derechos humanos.

Por esa confusión es impensable, para muchos, que bajo gobiernos de izquierda existan organismos que los fiscalicen y denuncien. Para el caso de Cuba, la izquierda niega que se violen derechos humanos, y se escudan en que en otras partes la represión es peor, o que se hace en beneficio de las mayorías. Para una agrupación humanitaria es irrelevante: importa el hecho y el respeto irrestricto a la “humanidad” del perseguido o castigado.

El problema de los organismos de derechos humanos es que casi siempre trabajan sobre hechos consumados: las personas a las que avalan ya sufrieron la injusticia, están sufriéndola o están muertas, y se enfrentan a sistemas legales viciados, abúlicos o que violan las leyes sin voluntad de cambio. Toda reversión será, en el mejor de los casos, parcial; en el peor, de carácter moral, o inexistente.

Cualquier gobierno, adscrito a la ideología que sea, estará basado en organismos profesionales –policía, ejército, inteligencia civil y militar– que responderán de manera similar a problemas similares.

El poder tiene una lógica propia, y ejercerlo implica siempre mecanismos de represión sobre “los otros”. Allí es donde los organismos de derechos humanos tienen su lugar, y lo tendrán siempre.