Comisión de Seguridad y Paz Social, el primer fruto

	Portada del informe de la Comisión de Seguridad y Paz Social.

Antecedentes

La creación de la Comisión de Seguridad y Paz Social tuvo como antesala un conjunto de hechos que serían el llamado más intenso desde el inicio del periodo presidencial de Antonio Saca, para combatir frontalmente la violencia.

En 2006 los máximos representantes de los tres órganos del Estado, se reunieron para lanzar un llamado unitario contra la violencia y la delincuencia. Días después, el 16 de octubre, el entonces embajador de los Estados Unidos, Douglas Barclay, emitió un fuerte llamado de atención para que se hiciera algo concreto frente al problema.

Un par de días después, la Asociación Nacional de la Empresa Privada y la Cámara de Comercio lanzaron un pronunciamiento en los medios de comunicación en el mismo sentido. Al mismo tiempo, dieron un ultimátum de quince días al gobierno para que comenzara a impulsar medidas concretas para enfrentar la situación.

Una semana más tarde, el ministro de Gobernación, René Figueroa, hizo oficial el trabajo que estaba llevando a cabo en la formulación del anteproyecto de Ley contra el Crimen Organizado. Junto con dicha iniciativa se anuncia la reducción de instancias en los procesos judiciales y para sustentar esta medida, se formaliza la creación de tribunales especiales. Funcionarían en San Salvador, Santa Ana y San Miguel y suplantarían en gran medida el trabajo de los juzgados de paz.

Los llamamientos hechos por los diferentes sectores del país hicieron también que Figueroa acelerara el proceso de creación del anteproyecto sobre el Crimen Organizado, y fue así que para los últimos días de octubre, dicho funcionario presentó al Ejecutivo el cuerpo de ley terminado. Entonces, se envió una copia a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia. En el mismo contexto, el 30 de octubre, el Presidente Saca reconoce la necesidad de una instancia de consulta sobre el tema de seguridad y se anuncia que dicha Comisión está en proceso de creación.

	Miembros de la Comisión de Seguridad y Paz Social: Monseñor Jesús Delgado, iglesia Católica Pastor Mauricio Navas, representante iglesias evangélicas Padre José María Tojeira, Rector UCA Ing. Mauricio Loucel, rector Universidad Tecnológica Dr. David Escobar Galindo, rector U. Dr. José Matías Delgado Dr. César Augusto Calderón, rector U. Alberto Masferrer Dr. Juan Daniel Alemán, profesional Elena María Lacayo de Alfaro, empresaria Ing. Federico Colorado, presidente de ANEP Cnel. Antonio Almendariz, diputado PCN Dr. Arturo Argumedo, diputado PDC Dr. Oscar Kattán, diputado CD Lic. Benito Lara, diputado FMLN Guillermo Gallegos, diputado ARENA

Es así como el uno de noviembre, el Presidente Saca juramenta a la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y Paz Social, un equipo multisectorial que trabajaría permanentemente en la recomendación de políticas de seguridad.

“Nuestra apuesta es integrar una instancia permanente para que desarrolle un plan que sea sostenible en el tiempo y genere las políticas que, sobre este tema, el país demanda”, declaró Saca, al mismo tiempo dijo que el gabinete de Seguridad tendría la responsabilidad de proporcionar todos los insumos necesarios para llevar a cabo el trabajo con la mayor precisión posible. Entre estos insumos se encontraban el Plan Maestro de Seguridad y el Plan Trienal de la policía.

El Presidente dijo también que esta Comisión trabajaría de forma independiente en propuestas articuladas para el mediano, corto y largo plazo sobretodo, en materia de acción, rehabilitación, reinserción e incluso de coerción contra el crimen.

La conformación de esta Comisión también tendría antecedentes con las mesas de discusión que fueron instauradas durante el primer año de su gestión presidencial. Por esa misma razón, la creación de esta nueva entidad fue también criticada por diferentes sectores, asegurando que ya existían instancias que podrían llevar a cabo el papel que se le estaba encomendando. Entre las entidades ya creadas estaban el Consejo Consultivo de Seguridad Pública, que fue creado en 2005 y el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en 1997.

A finales de 2006, la creación del Ministerio de Seguridad y Justicia y el cambio de René Figueroa de Ministro de Gobernación a titular de la nueva cartera, implicaría para la incipiente Comisión de Seguridad y Paz Social, la responsabilidad general de unificar todos los informes de las diferentes instancias relativas a la gestión de la seguridad en un solo documento. Las propuestas que resultaran de este esfuerzo deberían ir dirigidas a la prevención de la violencia, el trato frontal a la delincuencia, la mejora del sistema carcelario y la rehabilitación de los procesados.

Los primeros esfuerzos

Durante los primeros meses la Comisión Nacional de Seguridad lanzó 24 propuestas para el combate a la delincuencia, de los cuales lograron más avances la Ley Contra el Crimen Organizado y la Ley de Armas, dadas las coordinaciones previas que había tenido el Ejecutivo y el ministerio de Gobernación (Seguridad y Justicia) con la Policía Nacional Civil.

La Comisión fue creada por decreto ejecutivo, juramentada el 1 de noviembre de 2006 y está integrada por 14 miembros: cuatro rectores de universidades, dos representantes de la empresa privada, cinco diputados, dos representantes religiosos y un representante del sector profesional. Como coordinador electo por la misma comisión resultó el rector universitario Mauricio Loucel, y como vocero oficial el sacerdote Jesús Delgado.

Delgado reveló que en la primera reunión de la Comisión se había acordado que en un máximo de 15 días se tendrían propuestas a corto plazo y de ejecución inmediata. Para ello, el vocero se comprometió, en nombre de la Comisión, a tomar en cuenta el informe presentado por el ministerio de Gobernación en cuanto al crimen organizado. Con respecto a este proyecto de ley la Comisión tendría que evaluar si los preceptos establecidos no entraban en contradicción con la Constitución de la República.

Pasadas las dos semanas, plazo que se había trazado la comisión, las primeras aportaciones puntuales no habían aparecido aún en los escritorios de los diferentes Órganos del Estado a los que habría que brindar los avances. Los 15 días iniciales del cuerpo colegiado se escurrieron entre debates que sobrepasaban el tiempo acordado para cada sesión.

Las disputas tenían como base los proyectos pilotos de restricción de portación de armas de fuego, efectuados en los municipios de Ilopango y San Martín, que hasta noviembre habían tenido reducciones considerables en los índices de homicidios. Las propuestas de desarme en estas localidades habían sido impulsadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Según había informado el antiguo ministerio de Gobernación, eran pruebas pilotos para evaluar la factibilidad de aplicarlo en el resto de zonas más violentas del país.

El primer revés

Siguiendo esta mecánica de trabajo, una de las primeras recomendaciones que emitió la Comisión fue referente al tipo de coordinación que tendrían las municipalidades, el ministerio de Seguridad y Justicia, de Defensa y la Policía Nacional Civil para determinar, finalmente, los lugares en que se prohibiría la portación de armas de fuego. La población meta era 20 municipios. Para ello, la Comisión proponía, entre otras consideraciones, reformar el artículo 62 de la Ley de Armas para restringir temporalmente el uso de los artefactos bélicos en más zonas del país.

Saca, en sus primeras reacciones ante la prensa señaló que no tendría inconvenientes en llevar a cabo la petición, sin embargo, al cabo de unos días anunció que cambiaría la resolución para otorgarle la potestad al Ejecutivo de decidir cuándo y en qué lugares se harían las vedas de armas necesarias. Dicho cambio de opinión fue percibido con recelo por algunos miembros de la Comisión, dadas las recomendaciones que habían propuesto varios sectores de la sociedad civil.

El ministerio de Seguridad y Justicia también anunció su reserva sobre la sugerencia de los consultores. El titular de la cartera, René Figueroa, declaró a los medios de comunicación que no era una medida prudente desarmar a ciudadanos que veían en tener un arma la única manera de resguardar su seguridad. La comisión tomó estas dos posturas, la de Saca y Figueroa, como una desautorización de su trabajo. Ante este panorama, Mauricio Loucel pidió una reunión con el Presidente Saca para plantearle su preocupación al respecto. Dicho encuentro sería en enero, en el marco de los tres meses de gestión de la Comisión.

Otra iniciativa de l a Comisión fue buscar la reducción de presupuesto a ciertas carteras del Estado para su financiamiento durante el 2007. Con ese dinero pretendían dotar a la PNC de mejores recursos para la efectiva investigación, peritaje y tratamiento de la prueba. Sin embargo el ministro de Seguridad y Justicia, decidió distribuir 100 millones de dólares otorgados por el Banco Mundial de una forma que no era la convenida por los funcionarios, aunque había sido la Comisión la que propuso el préstamo.

El 24 de enero, el ministro Figueroa anunció que la mayor parte del crédito, de ser aprobado por la Asamblea, sería inyectado a la Policía, Centros Penales y a la Dirección de Seguridad Ciudadana. La propuesta inicial incluía buena parte de los recursos a las municipalidades y la creación de un fideicomiso para su manejo confiable y transparente, pero la propuesta planteada por el Gobierno daba únicamente $5 millones a los gobiernos locales y no mencionaba la posibilidad de un fideicomiso.

El resto de propuestas, aunque no fuese a la velocidad imaginada en un primer momento, continuaron llegando en los meses siguientes. En febrero de 2007, la comitiva presentó una decena de prevenciones para mejorar el control del mercado clandestino de telefonía celular para erradicar las posibilidades de que los aparatos fueran utilizados para actos criminales.

Las propuestas más contundentes se enrumbarían en dos vías: la creación de un banco de datos donde las empresas de telefonía tendrían que tener todos los registros de identidad de cada equipo, que permitiría tener un control más efectivo de los usuarios, chips y equipos. La segunda disposición, entraría en vigor ante el incumplimiento de la primera: se le quitaría la concesión a las empresas operadoras de celulares por negarse a implementar sistemas de control de información de sus usuarios.

Sin embargo, las empresas telefónicas alegaron que las implicaciones legales y técnicas de la disposición tendrían que estudiarse con detenimiento. Finalmente, la moción no pasó a más, aunque la PNC hubiera señalado con anterioridad y en repetidas ocasiones que ese tipo de control sería un duro golpe al crimen organizado. De esta forma, una tercera propuesta concreta no encontraba el eco esperado en las autoridades gubernamentales.

Dudas

El Ejecutivo anunció, en enero, en un informe de su gestión, el destacado papel que estaban cumpliendo los diferentes actores convocados en el combate a la violencia. Como parte del balance de las estrategias ejecutadas se mencionaban el lanzamiento del Plan Súper Mano Dura, la formación del Consejo Consultivo de Seguridad Pública (2005), la creación del nuevo ministerio de Seguridad y Justicia, la creación de la Policía Rural, la implantación de una oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la integración multisectorial en la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Estas apuestas tendrían una debilidad. Dentro de la Comisión coordinada por Loucel, se mantenía un sentimiento de incertidumbre, alimentado por la poca aceptación que habían tenido las iniciativas primerizas.

Trabajo paralelo

A finales de mayo, Mauricio Loucel, pidió a Eduardo Zablah, secretario técnico de la Presidencia, la corroboración de si el ministro de Seguridad y Justicia, estaba haciendo esfuerzos simultáneos para presentar un plan estratégico al Gobierno sobre el mismo tema por el que fue creada la Comisión: la creación de una política de seguridad y combate a la criminalidad, unificando todas las iniciativas existentes al respecto. Zablah respondería que sí.

El ministro Figueroa argumentó dicho trabajo como una necesidad de país que no podía segurise postergando. La espera según el titular, había sido demasiado larga. “No puedo esperar a que ustedes decidan a terminar sus recomendaciones, mi trabajo continúa”, declaró. La Comisión, por su parte, estaba decidida a garantizar que las políticas estuvieran listas a mediados de julio.

La reunión de Loucel con miembros del gabinete de Gobierno tuvo como principal resultado el compromiso, por parte del ministro Figueroa, de no divulgar su plan estratégico hasta una fecha posterior a la presentación oficial del informe de la Comisión. Aunque la postura de algunos miembros de la Comisión, al enterarse de ese esfuerzo secreto, fue de malestar, Loucel se encargó de recordar que el carácter del equipo que conformaban era propositivo y no ejecutivo. Las diferentes acciones que fuera a tomar el gobierno para combatir la violencia no tendrían que estar regidos estrícta y únicamente por las observaciones dadas por la comitiva, reconoció.

El informe esperado

El 10 de julio, el documento final de la Comisión de Seguridad y Paz Social fue por fin entregado al Ejecutivo, con copia a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia, después de 10 meses de trabajo.

El informe, conformado por 75 recomendaciones, tiene un énfasis que, según fuentes judiciales, obedece a las necesidades inmediatas que tiene el país de controlar los índices de violencia y delincuencia en las zonas vulnerables. La rigurosa aplicación de la Ley de Armas, un monitoreo más eficiente de dichos artefactos letales y la descentralización de la coordinación de estas iniciativas, son parte del énfasis acotado por el equipo consultivo.

La clave, según declaraciones oficiales de la Comisión, está en reconocer el estado actual del país en términos de violencia. En este sentido, Loucel hizo el llamado para valorar de nuevo la aplicación de la veda de armas en un mayor número de lugares y zonas del país. También señaló como necesario mejorar en el tratamiento forense de los casos criminales y en la fiscalización del proceso policial. Todas estas líneas de acción están reunidas en siete ejes principales, donde la construcción de estructuras que permitan la convicencia armónica y la prevención de la violencia, acaparan gran parte del informe.

La semana pasada, luego de presentado el informe, las primeras reacciones estuvieron cargadas de gran optimismo respecto a las recomendaciones. Representantes de las diferentes bancadas legislativas aseguraron que les darían su visto bueno. Con esta reingeniería legal la Comisión tendría su primera aportación concreta en materia de seguridad desde su creación.

El ministro Figueroa, por su parte, anunció la elaboración de un cronograma para cumplir con algunas metas planteadas, y adelantó que mucho de lo contenido en el informe podría servir como plataforma para una política nacional de seguridad. El Presidente Saca también anunció la importancia del informe y la necesidad de estudiarlo a profundidad para descubrir los preceptos que podrían incluirse en un plan nacional contra la violencia.