Cuatro años del caso Perla: culpable y condenado a 15 años de cárcel

	Carlos Perla, junto a sus abogados.

Perla en la mira

En mayo de 2003, Perla comenzó a ocupar los titulares de la prensa salvadoreña. Los medios de comunicación sacaron a la luz pública un documento en el que ANDA certificaba que la empresa española Unión Temporal de Empresas (UTE) había concluido una labor de 30 millones de dólares en el Proyecto Río Lempa II.

El problema era que el texto marcaba la fecha “mayo de 2002” , cuando el proyecto todavía no había sido terminado. Sin embargo, el documento fue firmado por el entonces presidente de ANDA.

Esto dio pie para que la pieza fuera objeto de estudio de las autoridades. Perla tuvo que renunciar al puesto por el escándalo. Lo haría oficialmente el 31 de mayo, casi un mes antes de que la Corte de Cuentas (CC) confirmara que el documento presentaba diversas anomalías. La CC también solicitó a la Fiscalía General de la república (FGR) que iniciara una investigación de la gestión administrativa de Carlos Perla.

En octubre de 2003, el sistema judicial dictaminó, a través de un informe de probidad de la Corte de Cuentas, que Perla había incrementado ilegalmente su patrimonio por $97,295 mientras estuvo en la ANDA , entre 1994 y 2002. Además, los ex gerentes de la autónoma habían elevado sus cuentas bancarias hasta por dos millones de colones. La procedencia de estos fondos era, aparentemente, ilícita. Se comprobó también la existencia de una “estructura paralela” a ANDA. Su función: hacer licitaciones fraudulentas en favor de los miembros de dicha estructura. Desde entonces, sobre el ex presidente de ANDA pesó una orden judicial de captura dictaminada por el juzgado Noveno de Paz.

El hombre más buscado

Perla se convirtió en prófugo de la justicia y, por mucho tiempo, en el hombre más buscado del país y fuera de él; la Policía Internacional (INTERPOL, por sus siglas en inglés) también lo buscaba. Familiares de Perla y otros 18 empleados de ANDA corrieron con la misma suerte por su supuesta complicidad en el delito. Entre estas personas se encontraba la esposa de Perla, Ana Carolina de Perla; su hijo, Carlos Gerardo Perla; el ex gerente general de la autónoma, José Mario Orellana y varios familiares de este último.

Tres meses más tarde, en enero de 2004, Perla era arrestado en París, Francia. Un grupo de agentes policiales lo capturó y pasó por diversas oficinas de detención. Fue visto en el Ministerio del Interior francés y terminó en la prisión La Santé , junto con otros 1,200 presos. Dos días después, inició el proceso de extradición hacia El Salvador, donde le esperaba un juicio.

A principios de ese mismo mes, en El Salvador el juzgado Noveno de Paz a petición de La Fiscalía General de la República (FGR) comenzó el embargo de 31 millones de dólares a los bienes muebles e inmuebles de Perla.También se le congelaron cuentas bancarias en Panamá que registraban casi los tres millones de dólares.

	Mario Orellana y el criterio de oportunidad Mario Orellana, ex gerente de ANDA, recibió un criterio de oportunidad para asegurar su testimonio en el juicio a Carlos Perla. Sin embargo, el juez Carlos Sánchez, desestimó dicho testimonio, por encontrarlo “ineficaz”, “contradictorio” y falto de credibilidad. Ahora, quedará a decisión del juez del caso, luego de la evaluación de la FGR, si se sostiene criterio o si Orellana deberá enfrentar juicio.

Mario Orellana y los implicados en el caso

Por otro lado, las autoridades de la FGR develaban la identidad de un testigo clave que gozaría del criterio de protección si testificaba todo lo que sabía del “Caso Perla”. Era Mario Orellana, ex gerente de ANDA.

El tiempo transcurría y Perla se mantenía firme en su discurso: todo había sido un plan de Orellana, por lo tanto no era válido el criterio de oportunidad que se le estaba otorgando. El ex presidente de ANDA y funcionario de confianza de Armando Calderón Sol, aseguró que todo era un montaje en su contra, por negarse participar en licitaciones fraudulentas en favor del empresario español Joaquín Alviz y así beneficiar al entonces presidente de la república, Francisco Flores.

Alviz era acusado por la FGR de pagar dos millones y medio de euros en comisiones ilegales a ANDA. Era la única forma en que la UTE, empresa encabezada por Alviz, podría adjudicarse el diseño y operación del proyecto Río Lempa II, la planta de tratamiento de aguas en cuyo manejo la FGR había encontrado las anomalías que le valieron la captura a Perla. Al momento de su supuesta inauguración oficial, la obra estaba completada solo en un 50%.

Aunque Perla trató de argumentar ante el Tribunal Supremo Francés su no extradición, este dio luz verde para su retorno a El Salvador. A estas alturas, Perla estaba acusado de haberse hecho de 37 millones de dólares con la entrega ilegal de proyectos a cargo de ANDA.

Juicio y condena

Carlos Augusto Perla fue sentenciado a ser extraditado a El Salvador en julio de 2005. Sin embargo, las autoridades francesas, en coordinación con la Cancillería salvadoreña, no harían efectivo el proceso hasta noviembre de 2006.

En enero de 2007, Mario Orellana declaraba a puerta cerrada sobre la supuesta estructura paralela que incriminaba a Perla y más de una quincena de personas más. Además, Orellana rendiría cuentas sobre las licitaciones que habrían sido otorgadas ilegalmente al español Alviz. Después vinieron los careos entre los dos funcionarios. Perla y Orellana volvían a encontrarse, pero ya no como socios, ni como funcionarios públicos. Las circunstancias eran distintas. Fue el preámbulo del juicio a Perla.

Tres meses más tarde, en abril, los juzgados séptimo y noveno de Instrucción se encargarían de llevar al imputado ante el juez. El proceso comenzó el pasado 4 de junio y finalizó el 27 del mismo mes. Ahí se decidió su veredicto: “Culpable”. El ex presiente de ANDA deberá cumplir 15 años de cárcel. Sin embargo, aún no se dictamina el monto de gravámenes civiles que el ex funcionario deberá pagar al Estado.

Perla siguió sosteniendo su inocencia. Sus planes son presentar una solicitud de casación en los próximos días. Mientras tanto, deberá permanecer, al menos durante una semana, en las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN) de la PNC . Es el tiempo que el Tribunal necesita para establecer la sentencia por escrito y determinar el penal donde purgará su condena.

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Centroamérica 21, edición 2