Lunes 9 de julio de 2007
redaccion@centroamerica21.com

Quienes nos sentimos firmantes de los Acuerdos de Paz y creemos que el país, pese a muchos problemas no resueltos aun, se encamina en lo general por un rumbo adecuado, en el sentido de la construcción democrática, no podemos dejar de preocuparnos por algunas señales desconcertantes que comienzan a cobrar presencia en la vida nacional.

El problema está en algunas ambigüedades en torno a temas sumamente delicados. Una manifestación de protesta en la que participan encapuchados armados con piedras y palos, y que degenera en actos vandálicos, no puede luego, sin faltarse a la verdad más elemental, reivindicarse como una manifestación pacífica protagonizada por luchadores sociales.

Sobre todo cuando en una de esas manifestaciones, un grupo de esos “luchadores sociales” la emprendieron a balazos contra la policía, con el trágico resultado que ya todos conocemos.

En ese caso la ambigüedad consiste en desligar el hecho y a sus protagonistas del contexto de la situación, alegando que se trata de excepciones, y obviando que son resultantes lógicas de una práctica sistemática de desobediencia civil, deliberadamente alentada desde un discurso que llama “enemigo de clase” al adversario político.

Pero, del otro lado, la ambigüedad también se ejerce cuando se intenta hacer pasar por terroristas a quienes, en todo caso, no pasan de vándalos, o delincuentes comunes, cuyo juzgamiento perfectamente puede procesarse desde el ordenamiento jurídico ordinario. En este punto es importante la percepción universal sobre la proporcionalidad entre el delito y el castigo.

El Estado puede y debe utilizar la violencia coercitiva en su defensa. Esto no está en cuestión. Pero no debe olvidarse que, en la memoria de los salvadoreños, hay un ominoso pasado de autoritarismo represivo ejercido desde el Estado, incluso con lujo de barbarie. Esa sola condicionante, emotiva si se quiere, debiera invitar a la prudencia y la mesura a nuestras autoridades.

El sistema político salvadoreño surgido de los Acuerdos de Paz, se ha fortalecido en mayor medida a partir de la tolerancia y la prudencia en el uso de la fuerza. Nadie ignora a estas alturas lo que a los jefes, mandos medios y agentes de la PNC, les costó contenerse para no entrar a saco a la Universidad de El Salvador tras los asesinos, cuando sus compañeros estaban aun tendidos en la calle, muertos unos y heridos los otros, aquel funesto 5 de julio.

Más que de profesionalismo, ese gesto policial habla de un profundo sentido cívico… ¿Se impuso ese sentido en Suchitoto el pasado 2 de julio? No es momento para blandenguerías, es cierto, pero tampoco lo es para la dureza innecesaria. Ni para las ambigüedades.