Ley Antiterrorismo en el ojo del huracán

	Mujeres protestan por la aplicación de la Ley Antiterrorista contra los detenidos de Suchitoto

La Ley Antiterrorista inició a debatirse en la Asamblea Legislativa luego del cinco de julio de 2006, día en que fueron asesinados dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y otros 10 resultaran heridos, durante un enfrentamiento con manifestantes a las afueras de la Universidad de El Salvador (UES). La discusión inició luego de que Antonio Saca hiciera una apelación expresa para la tipificación de estos hechos como actos en contra de la paz y seguridad del país. René Figueroa, entonces ministro de Gobernación, por su parte calificaría de “terrorismo” los homicidios y anunciaría la creación de una Comisión Especial para discutir una pieza legal para normar este tipo de conductas.

El anteproyecto se conocería como Ley contra actos de Terrorismo y pasaría a ser estudiada por una comisión Ad Hoc, conformada por cinco diputados propietarios y cinco suplentes. Todos los partidos políticos estaban representados en dicha mesa de diálogo y según informó Antonio Almendariz, presidente de la comitiva, tomarían en cuenta las opiniones de diferentes sectores para emitir un informe final.

El segundo antecedente de mayor notoriedad fue el siete de abril anterior, cuando se capturó a 15 vendedores acusados de daños agravados, desórdenes y terrorismo. Las acusaciones bajo esta última tipificación habían sido frecuentes por parte de autoridades del ministerio de Gobernación, la PNC y la Fiscalía General de la República (FGR) para referirse a disturbios con acciones bélicas. Aún no existía, sin embargo, un cuerpo legal especial que sustentara dicho término y que pudiera procesar dichos cargos sin reñir con otros preceptos ya existentes en el Código Penal. Cinco días después y dados los vacíos de ley al respecto, el Juzgado 12º de Paz terminó sentenciando a los comerciantes únicamente por daños agravados y disturbios.

En un marco mundial

La 32ª Sesión General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en 2002 fue el marco global que impulsó a El Salvador a establecer en sus ordenamientos jurídicos la lucha contra el terrorismo.

La asamblea de la OEA trataría tres ejes principales: Democracia y Libre Comercio, Seguridad Hemisférica y la Carta Democrática Interamericana, que fue proclamada el 11 de septiembre de 2001 y fue concebida como un instrumento para fortalecer y preservar los órdenes democráticos del Continente. Esta carta fue formulada menos de un año después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtiera la presencia de grupos terroristas en Latinoamérica. Los señalamientos fueron emitidos para advertir sobre amenazas “antidemocráticas” en la región, como lo sucedido con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela. El parlamento legislativo venezolano facultó a Hugo Chávez para la creación de la Ley Habilitante, que le permitiría hacer cambios a la Constitución y con ello aprobar un paquete de 49 leyes en materia agraria, de hidrocarburos y de pesca y dado su componente de nacionalización, tuvo gran oposición en los principales gremios de empresarios.

La reunión de la OEA también sirvió para adoptar la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que encausaría los esfuerzos bajo tres ejes: la delimitación del Consejo de Seguridad de la OEA como coordinador en políticas hemisféricas de seguridad, la lucha contra las estructuras de financiamiento de organizaciones terroristas y la creación de marcos jurídicos para regular acciones de este tipo. Esta Convención, por su carácter de Tratado Internacional, alcanzó supremacía sobre la Constitución salvadoreña y tendría que ser asumida en la legislación interna del país. El objetivo era tipificar, dentro del ordenamiento jurídico los delitos contemplados según las Naciones Unidas en temas como secuestro de aeronaves, financiamiento de organizaciones terroristas, tráfico de armas, entre otros aspectos, para fortalecer esfuerzos regionales en contra de la amenaza terrorista.

	Daños ocasionados por desórdenes, en los que participaron supuestos vendedores de cd`s y dv`s piratas en el centro de San Salvador.

El Salvador ratificó dicho Convenio el trece de marzo de 2003, pero no entró en vigor hasta en julio de ese mismo año. La Ley Especial contra Actos de Terrorismo, derivada del acuerdo internacional, tendría que esperar un tiempo puesto que tendría férrea oposición en la Asamblea Legislativa para lograr la mayoría calificada. Ante la negativa, la pieza fue enviada al Ejecutivo, quien se comprometió a revisar algunos preceptos que se establecían en la normativa y hacerlos menos conrtrarios a la Carta Magna salvadoreña. Sería hasta finales de noviembre que el Ministerio de Gobernación enviaría la pieza corregida a la Asamblea Legislativa y, sin embargo, no pasó a discutirse al pleno hasta el seis de julio de 2006, luego de los asesinatos a las afueras de la Universidad de El Salvador.

Primeras discusiones en Asamblea

El partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) fue el promotor de la normativa contra actos de terrorismo y rápidamente fue secundada por el Partido de Conciliación Nacional (PCN). El anteproyecto de ley fue atacado por sectores como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Tutela Legal del Arzobispado, cuyas quejas eran eco de lo que diputados de izquierda y de centro (FMLN y CD) habían dicho en las discusiones de la Comisión Ad hoc para el estudio de la ley en proceso de aprobación.

Los diputados opositores argumentaban que la tipificación penal del país ya establece castigo al tipo de conductas que se estaban queriendo regular en la ley bajo el concepto de Terrorismo. En la reunión de la comisión especial una de las discusiones más fuertes giraba en torno a la definición de acto terrorista. “¿Quién va a decidir qué es terrorismo y quiénes son terroristas? ¿René Figueroa, que de hecho ya nos llama terroristas a nosotros?”, diría Salvador Arias, diputado del FMLN, días después en la plenaria de aprobación de la normativa.

En respuesta, René figueroa, ministro de Gobernación, en declaraciones a los medios de comunicación, se defenderían diciendo que la ley buscaría una mejor aplicación de la ley salvadoreña en general. “El ordenamiento que ya existe se queda corto con el tipo de actos delictivos que llevan a cabo grupos radicales como los del cinco de Julio”, diría Figueroa. Por su parte, Rodrigo Ávila, director de la PNC, sentaría su postura con mayor practicidad: “Lo que vamos a tener es una mejor respuesta, una regulación mejor de los actos delincuenciales y una aplicación más extensa de la ley”, aseveró.

A pesar de las posiciones encontradas, la Comisión Ad hoc emitió un informe y la ley Contra Actos de Terrorismo fue aprobada por dispensa de trámite (aceleración del proceso regular de aprobación de una ley) el 21 de septiembre de 2006, con 50 votos. El “Sí” vino luego de pleitos y acusaciones entre bancadas legislativas en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, que se prolongaron hasta pasadas las 10 de la noche.

Una semana antes, el ministro Figueroa había comenzado reuniones con diputados de ARENA, PCN y el PDC, de la Democracia Cristiana, para trabajar en un anteproyecto de ley contra el Crimen Organizado. Dichos esfuerzos fueron oficiales hasta la última semana de octubre, al mismo tiempo que Gobernación avisó la modificación del proceso penal y la creación de los Tribunales Especiales. Otro elemento de contexto importante fue las diferentes exhortaciones que aparecieron en los medios de comunicación por parte de la Embajada de Estados Unidos, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) dirigidos al gobierno salvadoreño para asumir responsabilidades en la lucha contra la violencia. Estos comunicados fueron también la antesala para la creación de la Comisión de Seguridad y Paz Social que inició labores el dos de noviembre.

Caso Suchitoto

El pasado dos de julio, mismo día de la captura de Mario Belloso, el tirador del cinco de julio de 2006, se llevó a cabo una manifestación que por la manera en que se han ido desarrollando los hechos, hizo que el gobierno de Saca evaluara la proporcionalidad e idoneidad de la Ley Contra Actos de Terrorismo. Los principales señalamientos han sido emitidos por la Procuraduria General de la República (PGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Tutela Legal del Arzobispado y una serie de organizaciones alemanas no gubernamentales. El suceso también ha desatado una cantidad de pronunciamientos en la opinión pública por parte de intelectuales.

El día de la manifestación, 18 comunidades respaldadas por organizaciones no gubernamentales y sindicales se apostaron en la carretera que se dirige de San Martín a Suchitoto para bloquear el paso vehicular en respuesta a los proyectos de descentralización del agua del gobierno de Antonio Saca. Los manifestantes dijeron estar en desacuerdo porque dichos proyectos tienen como finalidad última, la privatización del agua.

Antonio Saca llegaría a inaugurar el proyecto al Centro Turístico Puerto San Juan, a orillas del lago artificial de Suchitlán. También asistirían funcionarios de gobierno y parte del cuerpo diplomático acreditado en el país. Pasadas las nueve de la mañana, algunos manifestantes cerraron diferente tramos de la carretera, lo que ocasionó que la Policía intentara desalojar el paso para que los funcionarios pudieran llegar al Centro Turístico. La acción policial terminó con encontronazos violentos  y 14 arrestados.

Tres días después, el jueves cinco de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) giraría órdenes al Tribunal Especializado de Instrucción en San Salvador para que iniciara procesos contra los detenidos bajo el ordenamiento de la ley antiterrorista, pero también por desórdenes públicos, lesiones graves y daños agravados. Se le declararía detención preventiva a 13 de los arrestados y dependería de las indagaciones de la FGR para determinar si puede aplicárseles la ley especial. Los principales argumentos son que los manifestantes pusieron en peligro la vida y la integridad del presidente Saca y otros funcionarios de gobierno. De llegar a encontrarlos culpables tendrían condenas de 40 a 60 años de prisión. Por los otros delitos imputados, la jueza del Tribunal Especializado, Ana Lucila Fuentes, dio sobreseimiento provisional a los reos.

Una semana después, el jueves 12, los abogados defensores de las personas detenidas pidieron que la Cámara Especializada contra el Crimen Organizado rectificara que, en efecto, se trataba de un acto terrorista. Según la defensa, dicha condición de terrorista es una interpretación ilegítima d la ley. De cualquier forma, la Cámara Especializada terminaría ratificando, el 19 de julio, la aplicación de la ley antiterrorista a los 13 procesados.

Dicha confirmación se da a pesar de un conjunto de hechos que, según varios comentaristas de opinión pública, podrían poner de entredicho la legitimidad de dicha ley. Por un lado, funcionarios de de gobierno e incluso el presidente Saca, reconocieron la necesidad de estudiar de nuevo la Ley contra Actos Terroristas. “Revisarla no implica desaparecerla”, afirmó el mandatario, la semana pasada, además anunció la presentación de un pliego de reformas al código penal y procesal penal.

Otro hecho de contexto son los distintos pronunciamientos de organismos no gubernamentales como Terre des Hommes, que colabora con la Asociación de Comunidades Rurales para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), sobre la necesidad de revisar la aplicación y reformar las condenas impuestas por la ley antiterrorista. La entidad alemana además instó a su gobierno a pronunciarse en contra de la aplicación de la Ley Antiterrorismo.

Por otro lado, la Ley Contra Actos de Terrorismo había sido aplicada para procesar personas en dos ocasiones anteriores. Por ejemplo, para el caso de Vicente Remírez, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores, Vendedores y Pequeños Comerciantes (ANTRAVEPECOS), fue el primer procesado por actos de terrorismo pero sobreseido después de que asumiera responsabilidad de pagar daños y perjuicios ocasionados por una manifestación hecha en Apopa el 10 de febrero. El 6 de junio, el juez de Instrucción de Apopa, Rigoberto Chicas, declaró que las acciones imputadas a Ramírez y otros dos comerciantes, constituían delitos de daño agravado, lesiones agravadas y lesiones simples. El juez anuló el delito de terrorismo.

El segundo caso de aplicación de la ley especial fue para comerciantes capturados el 12 de mayo sobre la Avenida España en el centro de San Salvador. Ese día, supuestos comerciantes incendiaron tres carros y saquearon tres establecimientos comerciales. La trifulca comenzó luego de que la PNC decomisara mercadería pirata (CD, DVD y calzado). Casi una semana después, el 18 de mayo, la jueza Especializada de Instrucción Lorena Rodríguez ordenaría que los detenidos pasaran cuatro meses en el penal de Mariona mientras serían procesados por actos de terrorismo. La resolución al respecto se esperaría para septiembre.

Acusados a la espera

El miércoles 18 de julio la defensa de los 13 acusados presentaron un recurso de Hábeas Corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La apelación enviada a la CSJ consiste en darle la posibilidad a los acusados de comparecer inmediata y públicamente ante un tribunal para que, una vez escuchado, se decida sobre la legalidad de su captura.

Un día después, se anunció la posibilidad de libertad condicional para cuatro de los 13 detenidos. La Cámara especializada no se ha pronunciado al respecto aún. Óscar Luna, titular de la PDDH, señaló incongruencias entre la ley contra actos terroristas, la ley del Crimeno Organizado y la Constitución. Esta postura, según personeros de la CSJ abre una posiblidad para que, al menos las cuatro personas que están pidiendo libertad condicional, obtengan una resolución favorable.

Estado de Derecho ausente

Luego de los sucesos del dos de julio en Suchitoto, la opinión pública se ha volcado a hacer señalamientos que tienen como intersección común la arbitrariedad con la que se intenta manejar la institucionalidad del país. Por un lado, señalan los opinantes, existe un bloque radicalizado de la izquierda salvadoreña, ligado al principal partido de oposición, que no contempla la posibilidad del pragmatismo político-ideológico y que justamente enarbola una fachada de confrontación y no de diálogo. Y por el otro, un sector oficialista que busca acomodar la ley, inherente al Estado de Derecho, a sus propios intereses, violentando la institucionalidad de la nación.

Esta arbitrariedad se reflejó en el informe presentado por el Departamento de Estado en enero de este año. A pesar de los reconocimientos referentes al conjunto de esfuerzos que El Salvador estaba llevando en el combate al terrorismo, la agencia estadounidense también hizo serias observaciones en cuanto a la debilidad político-institucional del país e incluso en la lucha contra el terrorismo que, sobretodo en cuestión de financiamiento a grupos terroristas, estaba dando exiguas muestras de avance. La calificación concreta fue “débil e ineficiente”.

Dichas declaraciones, según analistas, por un lado, sería una forma de legitimar la presencia de tropas salvadoreñas en Iraq, la Ley Contra Actos de Terrorismo (aprobada en septiembre), la ley referente al Crimen Organizado y la creación de Tribunales Especiales; y por otro, buscaría poner el “dedo en la llaga”: el sistema judicial salvadoreño.

La discusión que se ha formado sobre la prudencia o factibilidad de la revisión de la ley antiterrorista, de su discusión e interpretación, ha estado, justamente, cargada también de señalamientos al sistema de justicia, cuyos blancos más directos han sido la PNC, por un uso desmesurado de fuerza contingencial y la FGR, por acusaciones desmesuradas a los capturados de las manifestaciones. De hecho, la desproporcionalidad entre acción delictiva y condena, a la que serían dejadas las personas detenidas luego de las tomas y cierres de calles, ha sido uno de los puntos más criticados en espacios de opinión en los periódicos. Amnistía Internacional y organizaciones no gubernamentales de Alemania, Canadá y Estados Unidos se han pronunciado contra las detenciones y la aplicación de la Ley Antiterrorista. Otro punto señalado es la falta de visión estratégica por parte de los sectores políticos que están interesados en “tomarse las calles”, como un acto de “Movilización por movilización”, una medida contraproducente para la institucionalidad jurídica, poítica y social del país, como señala Paolo Lüers.