La Universidad de El Salvador fue, en alguna época, una de las mejores de Centroamérica.   Loading...

“Paralizada”. Con esa palabra definió la doctora María Isabel Rodríguez, rectora y presidenta del Concejo Superior Universitario (CSU), la situación actual de la máxima casa de estudios de El Salvador.

Desde los últimos días de marzo, el Sindicato de Empresa de Trabajadores de la Universidad de El Salvador (SETUES) cerró varios de los portones de acceso, impidiendo el flujo regular de vehículos hacia dentro de la institución.

Las medidas, según las primeras declaraciones de los sindicalistas, eran en demanda de la entrega efectiva de bonificaciones salariales acordadas en 2006 a través del decreto legislativo 934, cuyo financiamiento gestionó la rectoría con apoyo del Consejo Superior Universitario Centroamericano, (CSUCA), ante la presidencia de la República.

El monto total aprobado en el ministerio de Hacienda sería de US$ 1, 959, 454 repartido en dos partes de US$ 979, 727 cada una, a entregarse en febrero y julio respectivamente.

Funcionarios dentro de la institución han afirmado que la protesta delos sindicalistas obedece a intereses anti-académicos y anti-democráticos, y que, en realidad, persiguencuotas de poder puestas en juego en las próximas elecciones de autoridades universitarias, no solo dinero. Tal aseveración se confirmó desde el momento en autoridades del SETUES anunciaron que su causa dejaba de ser por motivos económicos y se transformaba en una denuncia meramente política.

De hecho, aunque el problema viene desde 2005, con la elaboración y emisión del 934, y se ha agudizado por el contexto de elecciones y aprobación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las diferentes declaraciones, remiten a un caldero de motivos histórico-políticos que va develándose a medida pasan los días. Ahora, exigen la investigación de los máximos mandos universitarios por “actos de corrupción”. Afirman que la pérdida de clases es una acción necesaria y que los mismos alumnos tienen una cuota de responsabilidad ante la situación de inestabilidad de la institución, que ahora deben asumir.

Ante esto, la pregunta ¿Qué pasa en realidad en la UES? ¿Cuál es el verdadero botín en cuestión?

Rectoría, por su parte, ha insistido en la existencia de personas ajenas a la universidad, cuyos intereses buscan, por un lado, desestabilizar la institucionalidad del ente universitario y restarle autonomía y, por otro, dar pie a la investigación de la universidad, por parte del Ejecutivo.

En 2006, de hecho, la idea de llevar a cabo esa investigación fue defendida por altos funcionarios del gobierno, luego del asesinato de dos agentes policiales por parte de un francotirador de quien se comprobó su relación con el Bloque Popular Juvenil, una asociación de estudiantil de constante actividad política en contra de iniciativas del actual CSU y Asamblea General Universitaria (AGU), máximas autoridades del recinto educativo.

Los alegatos

Además de insistir en que la decisión más justa sería entregar el bono de 600 dólares, el SETUES también ha expresado su conformidad con la aplicación de los bonos según la tabla de porcentajes establecida, por el ministerio de Hacienda, en el decreto 934. Y aunque este decreto venció el 31 de diciembre de 2006, autoridades universitarias, han dicho que la prórroga de estas condiciones será efectiva si se logra consensuar.

Los manifestantes han endurecido, además del acceso a las instalaciones, los señalamientos contra las autoridades universitarias. Piden la investigación del CSU y la AUG, los máximos cuerpos rectores de la Alma Máter.

Dichos señalamientos, obedecen, según Carmen Rodríguez, vicerrectora administrativa, a las medidas judiciales externas que ha tomado la universidad contra los manifestantes, a parte de

Y aunque hasta el sábado, oficialmente, los únicos expedientes abiertos eran los seis archivos que la doctora Rodríguez, como presidenta del CSU, había abierto a miembros de dicho concejo, los decanos de las respectivas facultades informaron el viernes, de forma preliminar, que cada quien tendría de uno a tres expedientes en la lista a procesar.

Los únicos que están autorizados para abrir expedientes disciplinarios, según el Reglamento Interno de la universidad, son los jefes de unidad y, de estos, algunos se quejan de que el proceso se les ha dificultado por el cierre de las instalaciones.

No son los únicos que se quejan. Los estudiantes han manifestado que la imposibilidad de acceder al campus, les deja consecuencias preocupantes para su desarrollo estudiantil. Procesos de graduación, exámenes parciales, prácticas en laboratorios, son algunas de las diligencias que alegan estar perdiendo en cada paro técnico.

Aunque en un primer momento, los sindicalistas habían anunciado que no impedirían el acceso del alumnado a sus respectivas actividades académicas, lo cierto es que alrededor de 30 mil educandos llevan cerca de dos semanas de irregularidad en sus quehaceres estudiantiles.

Al respecto, Joaquín Machuca, vicerrector académico, dijo que el SETUES, a parte de obstaculizar el funcionamiento regular de la casa de estudios, también está violando otras disposiciones internas como el disponer de los bienes de la universidad para fines que contrarían los principios de la institución, el desacato a las autoridades de gobierno de la Alma Máter y la obstrucción de la implementación de sanciones a los manifestantes.

Corte Suprema de Justicia recibe demanda

Es la primera vez que las autoridades universitarias toman medidas legales externas. Lo hacen, según declaró la doctora Rodríguez el jueves, para poner freno a la constante interrupción de labores dentro de la universidad.

La demanda fue interpuesta ese mismo día en la Secretaría Receptora y Distribuidora de Demandas de la Corte Suprema de Justicia, para declarar ilegal la toma de la universidad.

En ocasiones anteriores las sanciones internas, dictadas por el Reglamento Interno, habían quedado anuladas por peticiones de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), de cesar posibles represalias a los manifestantes.

Aunque las autoridades reconocen que esta anulación de represalias ha propiciado, en buena parte, la repetición de estas medidas de fuerza, aceptan que ha sido la única forma en que han podido sentarse a negociar con los reclamantes.

En este caso, a cinco días de iniciado el paro total de las actividades dentro de la universidad, ninguna de las dos partes ha negociado directamente una con la otra.

Con esta toma de la universidad, suman ya tres los paros técnicos que ha tenido en lo que va del año. Cada uno, con una diferente razón.