Los órganos del estado tienen como misión
fundamental dar coherencia a la sociedad, y son –o deben
ser– neutrales con respecto al complejo tejido de clases,
grupos e individuos que la integran. Por eso las instituciones
se mueven en márgenes estrechos, y por eso existen –o
deben existir– puertas y candados legales que garanticen
su funcionamiento más allá de preferencias o ideologías.
En una democracia representativa, los gobiernos son administradores
incidentales del aparato de estado. Siempre se supone que existe
una alternancia en el poder, o los mecanismos para que exista,
y dependerá de los electores ejercerla o no.
Lo importante es que los aparatos de estado están diseñados
para administrar los asuntos de toda la sociedad, de cada uno
de sus grupos e individuos, según leyes y regulaciones
generales y particulares que se suponen bien codificadas y encuentran
su base en la Constitución Política. Ése
es uno de los candados más importantes para la preservación
de la coherencia del estado: la Constitución. Ninguna ley
secundaria puede pasar por encima de ella, ignorarla o interpretarla
si no es en términos estrictos y también preestablecidos.
El gobierno en turno no sólo trabaja –o no debería–
para ciertos sectores sociales, ideológicos, gremiales,
etcétera. Gobierna para todos los que vivan en el territorio
en el que tiene jurisdicción. Esto incluye a patrones,
desempleados, trabajadores públicos y privados, vendedores
ambulantes, etcétera, pero también a sectores marginales,
disidentes y alternativos. También debe gobernar para quienes
se mueven en los márgenes de la legalidad, como delincuentes
y criminales.
Aunque suene contradictorio, no se trata de que gobierne “contra”
ellos, sino “para” ellos, por el simple hecho de que
forman parte humana y activa de la sociedad, y porque, del modo
que se quiera, son producto de ella. La prueba la constituyen
las propias leyes e instituciones: códigos penales y civiles,
juzgados especializados, instituciones penitenciarias, una policía
con divisiones y atribuciones, abogados defensores y fiscales,
órganos de regulación de la función pública...
La criminalidad no es algo excepcional; está prevista,
así como los mecanismos para evitarla y combatirla. No
es una excepción, sino parte del entramado social, y hay
márgenes “tolerables” contra los que el aparato
de estado se encuentra listo –o debería– para
actuar. No es algo deseable; simplemente es.
El cada vez más grave problema de la criminalidad en El
Salvador podría atribuirse a la ineficacia de los últimos
gobiernos y a la falta de un plan estratégico efectivo.
Algo habrá de cierto, pero el asunto parece más
profundo.
La premisa básica sobre la que funcionaron –o más
bien no han funcionado– los planes Mano Dura y Súper
Mano Dura, y últimamente la Ley Antiterrorista, es que
la criminalidad es ajena a la sociedad: elementos externos tratan
de romper un orden que básicamente funciona bien. Peor
aún: los problemas sociales y las disidencias políticas,
a partir de cierto punto –un punto bastante pantanoso–
son parte de esa criminalidad.
La concepción es una extensión de la que manejaban
los gobiernos de la guerra: grupos manejados y financiados desde
el exterior amenazan la integridad nacional. Y la guerrilla podía
tener todo el apoyo exterior que se quisiera –como lo tuvo
el sistema–, pero sus raíces y su combustible estaban
dentro del país.
El problema es que el combate a la criminalidad se da desde la
represión, no desde la búsqueda y corrección
de los factores que la provocan, y que la simple represión
no logrará encarar. El endurecimiento de penas, las leyes
de excepción, la violencia excesiva, generan irritación
social, que derivará en índices más altos
de criminalidad, pero también de disidencia social y política.
Esta concepción punitiva, que ve el crimen y la disidencia
–identificada con el delito– como algo externo, explica
en cierta medida la ineficacia de ciertos tramos del sistema legal,
como la actuación de la Policía Nacional Civil y
la Fiscalía: lo que buscan no está allí,
y lo que encuentran no tiene que ver con lo que buscan.
Lo que hay, en ocasiones, es un estado de guerra de una sociedad
contra sí misma, no una sociedad que busca el equilibrio,
como cualquier sociedad.
Por un motivo u otro, el tema ofrece réditos políticos
a los partidos, se coloquen éstos del lado en que se coloquen;
en semanas anteriores hubo escaramuzas preelectorales que dejaron
cartas al descubierto. El riesgo, entonces, es tener a una sociedad
rehén del sistema de justicia que debería protegerlo,
y que el crimen –o lo que se coloque en su lugar–
pase a formar parte de las costumbres del estado y sea un arma
política, no ese lado oscuro previsible, pero no necesario.
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