El polémico relleno sanitario de Santa Ana

	La alcaldía de Santa Ana se había comprometido con 20 municipalidades a solucionarles sus problemas de disposición final de desechos sólidos. En estos momentos la misma municipalidad santaneca ha tenido que recurrir de emergencia a la municipalidad de Atiquizaya para solucionar su problema con la basura.

Este miércoles 26 de septiembre, a las 9 de la mañana, el titular del Ministerio del Medio Ambiente, Carlos Guerrero, se reunirá con la comisión que investiga el manejo de 11 rellenos sanitarios, destinados a sustituir los botaderos de basura a cielo abierto, cuyo funcionamiento se clausuró desde el pasado 9 de septiembre.

“(Al ministro) le pediremos las pruebas, cuándo se otorgaron los permisos, cuándo se inició la construcción de la obra”, declaró Oscar Kattán, diputado por el Cambio Democrático (CD) y miembro de la comisión que investiga el manejo y las condiciones de creación de los rellenos.

La comisión

Hace dos semanas, en medio de un agrio juego de acusaciones y contra acusaciones, que aludían a la existencia de fuertes intereses económicos tras bambalinas, diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la conformación de dicha comisión especial. Nació, en un primer momento, con el objetivo de investigar el proceso de autorización del relleno sanitario de la comunidad Santa Gertrudis, en Cutumay Camones, en el departamento de Santa Ana.

“ La competencia es investigar, a nivel nacional, la forma cómo estos rellenos manejan los desechos sólidos. El caso de Cutumay Camones es el que dio origen a que la Asamblea se interesara”, comenta Kattán .

La idea de conformar una comisión inició incluso antes, cuando un grupo de 11 personas, representando a 11 comunidades de la localidad, se entrevistaron con Kattán y con el diputado independiente Pablo Durán. Según Durán, los representantes decían que, al no informárseles sobre la construcción del relleno sanitario, se habían violentado los artículos 9 y 25 de la Ley de Medio Ambiente.

El artículo 9 sostiene que “ Los habitantes tienen derecho a ser informados, de forma oportuna, clara y suficiente , en un plazo que no exceda de quince días hábiles sobre las políticas, planes y programas ambientales relacionados con la salud y calidad de vida de la población”.

Las peticiones de la comunidad en el sentido de que no se avance en los procesos de construcción del relleno santaneco no han sido valoradas, según Durán. En este caso, no se estaría dando cumplimiento al artículo c) de la Ley de Medio Ambiente, que establece que “En todos los casos de consultas sobre el Estudio de Impacto Ambiental, las opiniones emitidas por el público deberán ser ponderadas por el Ministerio”.

“ Fue cuando firmamos una pieza para que investigaran la situación. Ahí se cuestiona duramente la construcción del relleno”, establece el diputado independiente. Posteriormente, se creó la comisión, conformada por los diputados Francisco Merino y Orlando Arévalo (PCN), Donato Vaquerano y Norman Quijano (ARENA), Lourdes Palacios y Luis Corvera (FMLN), Kattán (CD), y Durán (independiente).

Las contradicciones

La comisión centrará sus esfuerzos en varios puntos clave. Oscar Kattán, cuestiona, en primer lugar la labor de Presys, la empresa encargada de llevar a cabo la construcción del relleno sanitario que sustituiré el botadero de Santa Ana, donde se arrojaban 250 toneladas de basura diariamente.

“Las empresas que deben cumplir esta labor deben ser idóneas y tener experiencias en proyectos similares”, apunta el diputado, “pero esta empresa se dedicaba a hacer exámenes de laboratorios químicos y de repente se auto facultan para hacer rellenos sanitarios. No tienen experiencia”, concluye.

Además se refirió a las condiciones del lugar donde se planea que funcione el relleno sanitario: “El relleno se ha dispuesto en una ladera al pie de una loma que tiene 45 grados de inclinación y termina en el valle donde están las comunidades y donde estas tienen sus pozos artesanales. Los desechos irán a dar a estos pozos”.

Kattán habló sobre la profundidad de los mantos acuíferos cercanos al relleno sanitario: “Se había dicho que el manto acuífero estaba a 90 metros de profundidad; luego pasaron a 40, después llegaron a decir que eran 25. Pero nosotros pudimos comprobar que se encuentra a 6 metros , 20 centímetros ”, indicó.

El diputado también pone en cuestión la calidad del suelo destinado para el proyecto, no porque esté en malas condiciones, sino todo lo contrario. El diputado afirma que, a simple vista, parece tierra fértil, por lo que no se explica la decisión de convertir el terreno en un relleno sanitario. Para llegar a esta conclusión, la comisión visitó el lugar hace dos semanas.

Durante la visita, los pobladores comentaron que el terreno se había destinado para labores agrícolas, anteriormente, específicamente para el cultivo de cereales, según el diputado. “Nuestros ojos vieron esa tierra, es negra, orgánica”, insistió. Sin embargo, expresó que la verdad la determinarán los estudios de las muestras de suelo que proporcionará el Ministerio del Medio Ambiente.

	El relleno que pretende construir la empresa Presys se ha dispuesto en una ladera al pie de una loma que tiene 45 grados de inclinación y termina en el valle donde están las comunidades y donde estas tienen sus pozos artesanales. Los desechos irán a dar a estos pozos.

Los cuestionamientos

Ante estas observaciones, han surgido dudas que esperan resolver como comisión: “Queremos saber si los estudios ambientales que se han hecho realmente son serios. Para eso nos acompañarán dos técnicos especializados que hemos contratado”, explicó Pablo Durán.

“También queremos conocer el camino que se recorrió para que se obtuvieran los permisos ambientales en un valle próspero”, agregó, haciendo alusión a las condiciones de la tierra en que estará el relleno. Concuerda con su homólogo del CD en que parece ser tierra fértil. Se refirió por último a los “aspectos puramente administrativos” del proceso de autorización del relleno de Santa Ana.

Kattán fue más específico: “Algunos defienden un proyecto municipal con pruebas muy débiles. Esto va más allá de un interés político. Ha dado la idea de que hay posibles inversiones patrimoniales; pero no tenemos pruebas de esto”.

Los miembros de la comisión dejaron claro que, a pesar de formar parte en las investigaciones que se pretenden llevar a cabo, solo recabarán información. La última palabra la tendrán las entidades competentes, como la Corte de Cuentas o la Fiscalía General de la República (FGR).

Pablo Durán insistió en que este era un proceso necesario “en un país que está pasando de tener botaderos al aire libre al uso de rellenos sanitarios”.

El botadero de Santa Ana

El cierre del botadero de Santa Ana puso en aprietos a la alcaldía, pues al filo de la fecha límite aún no contaba con un lugar específico donde llevar los desechos sólidos que antes se habrían destinado al botadero de Cutumay Camones.

El botadero de Atiquizaya, en Ahuachapán, firmó contrato para que parte delos desechos de la comunidad santaneca fueran llevados ahí durante 5 días a partir del 10 de septiembre. El alcalde Orlando Mena llamó la atención sobre el impacto a las finanzas de las comunas que traería el traslado de los desechos hacia otras localidades, como Usulután, opción que había sido contemplada como destino de los desechos mientras finaliza la construcción del relleno sanitario.

Esto desembocaría en una posible alza en el cobro de las tasas de recolección y disposición de los desechos.

“ La alcaldía se había comprometido con 20 municipalidades para resolverles sus problemas con la basura. Comprendo su desesperación por difundir que pueden hacerlo, pero nos vamos a poner del lado de estas 7,200 personas que esperan que se arregle su situación”, apuntó el diputado Kattán, en alusión a los vecinos que temen que el nuevo relleno contamine sus fuentes de agua.

La inminente construcción del relleno sanitario ha sido, hasta el momento, motivo de discusión y múltiples sospechas. A contra corriente de los vecinos y de algunos diputados, el ministro de Medio Ambiente, Carlos Guerrero, ha declarado a los medios que este cumple con las condiciones y requisitos para comenzar a operar, y que no debe existir preocupación por una posible contaminación de los mantos acuíferos de la zona.

Para el edil Orlando Mena, las diversas manifestaciones que pugnan por impedir el funcionamiento del relleno sanitario obedecen a motivaciones políticas. Este pensamiento lo comparte la fracción del Partido Demócrata Cristiano, que en plenaria ha declarado que no participaría de la comisión que ya se ha conformado para investigar el caso del relleno sanitario de Santa Ana y otros 11 que funcionan a lo largo del país.

Pero esta no ha sido la primera vez que se forma una comisión especial para investigar la administración de los fondos de empresas encargadas del manejo de desechos en el país. El antecedente más reciente se encuentra en el caso MIDES-CINTEC.

Los antecedentes

En 2003 se formó una comisión especial, integrada por diputados de las bancadas de ARENA y el PCN para investigar el manejo que hacía de los fondos la empresa canadiense CINTEC International. CINTEC quedó al mando del tratamiento de los desechos sólidos de San Salvador, luego de que la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) le cediera los derechos.

Las dudas sobre el manejo de los fondos comenzaron en 1999, misma fecha en que inició operaciones el relleno sanitario de Nejapa, luego de que el botadero de Mariona terminara su vida útil en 1997.

Una serie de reportajes publicados por la prensa escrita salvadoreña pusieron de manifiesto estas dudas en febrero de 2003 y advirtieron sobre un posible lavado de dinero que se habría estado efectuando a través de CINTEC. Además acusaron a sus funcionarios de tener nexos con la mafia italiana y de irregularidades en el manejo de los fondos municipales.

La Asociación PROBIDAD hizo un análisis del manejo informativo e hizo público que, aunque no había directivos ni accionistas relacionados con el narcotráfico dentro de CINTEC, la empresa contaba con dos ex socios que habían sido procesados por delitos hace varios años. Además, la Fiscalía abrió investigación por la sospecha de lavado de dinero en la empresa.

La Corte de Cuentas encontró varias incongruencias como la ausencia de documentos que justificaran un desembolso por $14 millones 294 mil 796 que MIDES transferiría a CINTEC El Salvador. No se pudo certificar que esa cantidad era en concepto de pago de deuda por la inversión de los canadienses.

CINTEC tampoco dio cuentas claras sobre el cobro de unos $ 680, 000 a los usuarios del servicio de recolección de basura para la construcción de una planta recicladora que no se edificó.

Nota: Hasta el cierre de esta nota Centroamérica21 intentó, en repetidas ocasiones, establecer contacto con Orlando Mena, alcalde de Santa Ana. La alcaldía comunicó siempre que Mena estaba ocupado. También intentó obtener declaraciones del Ministro del Medio Ambiente, Carlos Guerreo, pero se nos informó que estaba en una Misión Especial y no podría atendernos hasta este día, lunes.