Cierran fábrica Record en el Sitio del Niño

El mencionado artículo reza así: "Autorizar la instalación y funcionamiento de las fábricas y demás establecimientos industriales, en tal forma que no constituya un peligro para la salud de los trabajadores y de la población en general...".

En el literal ch de esa misma normativa, establece la cancelación de las autorizaciones correspondientes y el ordenamiento de la clausura de los establecimientos industriales cuando su funcionamiento constituya grave peligro para la salud y no se hubiere cumplido con las exigencias de las autoridades de Salud.
De esta manera el Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Salud, tomó la dedición del cierre definitivo de la planta, una decisión sin precedentes en la historia reciente del país.

El ministro de salud, Guillermo Maza fue enfático al decir que no cerraba la planta por contaminación ambiental. Aseguró que el cierre es porque desde el año 2005 la fábrica Record no contaba con el permiso de operación y como resultado de un estudio que duró varios meses.

Maza también explicó que una cosa es la orden de cierre de las operaciones de la planta en Sitio del Niño, La Libertad, por la falta del permiso y otra es afirmar que sea la fuente de contaminación en pobladores de la zona.

Además, el procurador de derechos humanos, Óscar Luna, expresó que el cierre de la empresa fue de carácter técnico y operativo, a partir de la resolución que se ejecutó cuando el Ministerio de Salud se hizo presente al lugar para proceder a la clausura de las bodegas y plantas de almacenamiento.

El cierre se efectuó de manera escalonada, desde la tarde del lunes pasado. El primer paso fue clausurar el área de almacenamiento de ceniza, de escoria, bodega de productos químicos, planta de tratamiento y el departamento de producto terminado, entre otros. Además de la clínica empresarial, la planta residual y la de ensamblaje. Posteriormente, se procedió al cierre de los hornos, la planta de fundición y la recicladora.

La decisión sorprendió a muchos sectores, ya que la empresa aún contaba con el plazo hasta el 7 de diciembre para cumplir todas las recomendaciones de parte de la cartera de Medio Ambiente.

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La sanción del MARN: 101 salarios mínimos de multa

Mientras en el Ministerio de Salud se tomaba la decisión de clausurar la planta, en la comisión de Salud y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, de discutían otros puntos sobre la planta.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sostenía que no se podía clausurar la empresa, mientras no finalizara el plazo fijado hasta el 7 de diciembre, para que la firma cumpliera con las observaciones hechas por el comité interinstitucional. Posteriormente, hizo público en dicha reunión, la cantidad con la que sancionó a la empresa Baterías de El Salvador por incumplir la Ley de Medio Ambiente.

Según esta cartera, de las auditorias realizadas a Record entre 2004 y 2006, el análisis concluye que ha habido "incumplimiento del permiso ambiental" en lo que respecta al programa de adecuación, así como en las mediciones para evaluar el nivel de contaminación dentro de la fábrica.

Entre los puntos que la empresa aún no ha realizado destaca Ambiente, la falta de techado del área de confinamiento de cenizas y de un estudio de selección de una alternativa óptima para la disposición final de las escorias.

El MARN resolvió sancionar a la empresa con 101 salarios mínimos, lo que equivale a $17 mil 600. Esta representa la multa más baja de todas las que estipula la legislación. La sanción fue notificada a la empresa el 31 de agosto del presente año y fue cancelada en el Ministerio de Hacienda en los siguientes ocho días.

La empresa que produce Récord se exponía a una sanción de hasta 5 mil salarios mínimos, pero se optó por 101 porque la empresa aceptó que estaba cometiendo una infracción, según lo explicó el ministro de Medio Ambiente, Carlos Guerrero, a los diputados de la Comisión de Salud. Asimismo, agregó que por el momento la cantidad era suficiente.

Además de la sanción, se le exigió a la empresa el cumplimiento de todas las obras de mitigación que se han recomendado, además de restaurar el daño hecho a la zona donde se encuentran, así como a los pobladores afectados.

Por su parte, Guerrero se mostró firme en que no podía saltarse la ley, dado que Baterías Record tenía hasta el 7 de diciembre para solventar los incumplimientos al permiso ambiental otorgado en 2003, para operar.

Luego de conocer la decisión que había tomado Salud, el MARN aseguró que el proceso sancionatorio en contra de Baterías Record seguirá su curso hasta culminar con la fecha establecida, pese al cierre administrativo que Salud Pública realizó.

Por otro lado, el MARN también refuerza la opinión de que debe continuar el proceso sancionatorio que abrió la comisión interinstitucional que determinará si hubo o no contaminación.

Record: “Un cierre arbitrario”

La planta recicladota de baterías Record, durante los últimos meses ha enfrentado un largo proceso de estira y encoge, hasta culminar en el cierre de la fábrica. Esta compañía ha sido considerada como la principal fuente de contaminación en el Sitio del Niño, en La Libertad, debido a que utiliza el plomo como materia prima para la fabricación de los acumuladores de energía.

Para Samuel Martino, gerente de mercadeo y vocero de la empresa, el cierre de la planta ha implicado un serio revés para la compañía y un nefasto precedente para los sectores industriales y privados del país. Asimismo, manifestó que “Es un cierre abrupto ejecutado por autoridades no competentes”. Además, aseguró que “carece de bases legales”, puesto que la empresa contaba hasta el 7 de diciembre para cumplir las recomendaciones que le había dado el MARN.

Además, resintió que a raíz del cierre se pierda una gran cantidad de empleos directos e indirectos, y afecta a una empresa que vende insumos al extranjero por $27 millones.

Expresó que este cierre se ha realizado de forma arbitraria, ya que no ha sido comprobado con estudios serios y con base científica de que BAES sea la causante de la contaminación en el lugar. “El mismo Ministerio de Salud aseguró que los equipos con los que se tomaron los exámenes estaban arruinados”, comentó Martino.

Las pruebas de sangre realizadas en la población, iban a ser nuevamente efectuadas en los próximos días por parte de la empresa y Salud, para comprobar si en un perímetro de más de 150 metros de la fábrica había contaminación directa en las personas. Martino asegura que, al menos, las familias que están siendo atendidas por la empresa, se contaminaron a raíz del descuido de los mismos empleados.

A pesar del cierre, Record no se quedará con las manos cruzadas. Asegura que apelarán ante otras instancias, que aún no definen, para revertir el cierre, que afecta ya a unos 400 empleados de forma directa. Sobre el destino de estos trabajadores la empresa todavía no ha definido una política, sin embargo el Procurador para la defensa de los derechos humanos adelantó que la institución que dirige garantizará el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores de Record.

Esta empresa que tiene unos 46 años de funcionamiento, ha comenzado a realizar algunas diligencias para revertir la clausura de la empresa. Martino explica que hasta el momento “han puesto un recurso de rectificación en el que piden que se nos restauren todos los procesos, a excepción de los cinco hornos que poseen”. Pero, para volver a funcionar dependerá de que obtengan los permisos correspondientes.

Para paliar un poco la situación, Martino confesó que pagaran a sus empleados el salario de este mes y quedarán a la espera de que Salud revierta la resolución para devolverles sus puestos correspondientes.

Mientras se cumple el plazo de quince días en los que Salud puede revertir el proceso, Record tendrá que cumplir con todas las recomendaciones que le especificó Ambiente. Entre ellas la limpieza y descontaminación de la zona.

La comunidad

Mientras los funcionarios y ejecutivos de la empresa debaten el cierre y la legalidad del mismo, la comunidad, y las organizaciones civiles de la zona celebraban la medida; sin embargo adelantaron que este es sólo un paso; la empresa debe asumir también la responsabilidad de descontaminar la zona y cubrir los gastos médicos de las personas afectadas. No descartan tampoco establecer una demanda contra el Estado salvadoreño por supuesta negligencia, y contra la empresa por daños y perjuicios a la salud.

Como primer paso para este procedimiento se debe establecer que Baterías de El Salvador es la causante de la contaminación en la zona. Las pruebas en sangre a la población aledaña a la fábrica, y las mediciones en aire, agua y suelo pueden ser las pruebas necesarias para demostrar esta situación.
Según informes del Movimiento sin Plomo el 70% de la población infantil de la zona presenta síntomas de envenenamiento, y de estos, hay por lo menos 25 menores, con niveles y síntomas agudos de intoxicación.