El crimen de los autobuseros,
la más grande omisión

LAFITTE FERNÁNDEZ

Ni siquiera hay que invitar al periodismo nacional a que rebusque, entre los registros judiciales, los resultados de los accidentes de autobuses ocurridos en los últimos años para saber los resultados: no hay un solo motorista o propietario de autobuses en la cárcel. Ni siquiera, estoy seguro, han pagado  una indemnización honorable a los familiares.

Si algo adeudan los diferentes gobiernos de ARENA es la  solución al problema de los autobuses. Y en todo eso hay una deuda mayor entre diputados de todos los partidos políticos: transformar leyes y aprobar las regulaciones que sean necesarias para evitar nuevas carnicerías en los autobuses. No sé si los intereses involucrados en eso son tan grandes que han imposibilitado toda suerte de solución que, al menos, adecente el servicio y proteja a millones de usuarios que, a diario, utilizan los autobuses. Si esa es la realidad, pues hay que ajustarse los pantalones, de una vez por todas, para entrarle con todo a ese tema.

El balance de todo eso es una verdadera catástrofe para el país.  Para empezar, cada vez que ocurre un muerto, corren a darle $400 o $500 a los familiares como si la vida valiese eso. Y las leyes penales que concilian la comisión de delitos son tan erráticas como para permitir esa conducta.

En cualquier país  medianamente moderno, la regla que aplican los jueces es muy sencilla: si un  joven muere de 20 años y ganaba $2.500 anualmente (para poner un salario bajo), debe multiplicarse esos ingresos por la expectativa de vida. Si son 65 años, pues le quedaban 45 años de vida que deben multiplicarse por $2.500. En otras palabras, la indemnización, para ese caso, habría sido de cien mil dólares. Y ese dinero se paga, independientemente, de las sanciones penales que caen sobre propietarios y motoristas irresponsables sobre delitos que no son conciliables.

Si a un propietario de bus le cuesta $100 mil cada muerto y al menos 5 años de cárcel, correría  a ponerse en regla y evitar, a cualquier costo, una irresponsabilidad de un motorista o de su empresa. Estoy seguro que tendríamos los mejores autobuses del mundo si eso ocurre.

El problema es que, como en todo, esos empresarios no tienen nada ejemplarizante frente a sus narices para evitar los abusos. Y en todo esto me cuesta creer, porque no dejan de molestarme, las omisiones de diputados y del Viceministerio de Transporte. Lo que no puedo creer es que existan fuerzas políticas tan poderosas que a nadie le importe las vidas de las personas. Aquí no hay manera de aprobar o exigir, con fuerza de ley, que las empresas de autobuses compren, al menos, un seguro de vida colectivo.

Mucho más me cuesta creer  que el Viceministerio de Transporte no pueda tomar 300 policías y hacer un operativo nacional, sorpresivo, para sacar de circulación a todas las máquinas de la muerte que transitan sin permisos, sin licencias, sin frenos o, al menos, con llantas pachas.

Los legisladores de todos los partidos políticos decepcionan porque no tienen arrestos suficientes para sostener una lucha permanente para regular, de una vez por todas, el transporte público de personas. Cada vez que hay un accidente pegan el grito al cielo pero quince días después ya no hay fuerza que les permita luchar por cambiar las leyes que sean necesarias para tener un transporte decente y regulado.

Y mucho  se puede soñar en pedirle al Viceministerio de Transporte que funde una escuela para conductores de autobuses  o que realice, periódicamente, pruebas antidoping. Casi podría  apostar que el motorista responsable del último accidente saldrá libre en muy pocos días, a pesar del elevado número de muertos.

Menos se podría esperar que el propietario del autobús pase, al menos, una semana en la cárcel. No conozco un solo antecedente de eso. Lo que si se puede presagiar, son las entregas de doscientos o trescientos dólares a cada familia de los muertos porque, vergonzosamente, la vida tiene ese precio aquí.

Cuanta incapacidad y frenos juntos observamos en un país que, paradójicamente, moderniza todo menos los servicios y las responsabilidades legales que deben rodear el servicio de autobuses. Lo más lamentable es que ese es el más público de todos los servicios.

Nunca me he sentido peor en mi vida como cuando asistí a un amigo, a un gran amigo, quien, tras dormirse mientras conducía, después de regresar de una fiesta al amanecer, partió en mil pedazos a un joven que esperaba el autobús en una parada de autobuses. Mi amigo se durmió mientras manejaba. Reventó al joven contra el muro de la parada. El muchacho tenía 17 años y estaba ahí junto a su novia que resultó con un brazo fracturado.

Lo único que tenía mi amigo en beneficio suyo es que no había tomado una gota  de alcohol. Juro que pasé tres días sin dormir cuando supe que, para arreglar el asunto, pagó como $1.500 y el asunto acabó ahí. Aquel tipo de arreglo me costó meses digerirlo.

Mucho menos puedo olvidar la tarde en que, en medio de una junta directiva de una empresa salvadoreña que, se supone, debe resguardar el derecho y los intereses de todos, el gerente pidió la confirmación para la orden que emanó a los motoristas: si atropellaban a alguna persona en una carretera, debían seguir su rumbo, sin parar.

Cuando, asombrado, pregunté las razones de aquella orden, me dijeron que si se bajaban en carretera, sus familiares los matarían a machetazo limpio. Con bastante inocencia repregunté sobre el momento en que se asumirían las responsabilidades legales, sobre todo si el camión lo conducía un motorista irresponsable, simplemente me respondieron: "ya veremos. ya veremos".