
A propósito del debate sobre la amnistía
Luego de gobiernos autoritarios, gran parte de los debates
acerca de reconciliación y justicia, vinculados a la resolución
de conflictos o transición a la democracia, se centran
en cómo puede y debe entenderse la justicia en esas condiciones.
Normalmente se separa el concepto de justicia del contexto político
que ha viabilizado el cambio, y se pone mayor énfasis en
aspectos de derecho y en el pasado. Esto comúnmente lleva
a pedir más de lo posible y dificulta la transición.
Lunes 19 de noviembre de 2007
Joaquín Villalobos
redaccion@centroamerica21.com
Pero en una transición, la justicia y el derecho
se determinan fundamentalmente por la correlación de fuerzas
que ha forzado el cambio político. Esto obliga a que la reconciliación
sea, en última instancia, una operación política
para ayudar a que los actores entiendan la justicia como un concepto
que por lo general tendrá más relación con
el futuro que con el pasado.
En el tema de la justicia en una transición se enfrentan
dos grandes enfoques: la visión que enfatiza el castigo,
por una parte, y por la otra la visión que prioriza el carácter
de las transformaciones. La primera se proclama como más
moral por defender a las víctimas y resolver el pasado; la
segunda aparece como más pragmática al poner el énfasis
en asegurar el futuro. Moralismo y real política se enfrentan
entonces como pasado y futuro. La idea de que sin castigo no hay
futuro seguro y la idea de que priorizar el castigo puede arruinar
el futuro es el centro del debate.
Para la primera corriente, su enfoque ético descansa en una
justicia entendida en sentido estricto, con responsabilidades de
los individuos y sin poner demasiado énfasis en el contexto.
Para la segunda, la justicia descansa en un enfoque más general,
basado en evitar que se repitan los hechos, tomando más en
cuenta el contexto que a los individuos y considerando que la responsabilidad
es más colectiva que individual.
Todo el escándalo en torno al caso de Pinochet, cuando una
corte española exigió su detención y enjuiciamiento
mientras él se encontraba de visita en Inglaterra, era ciertamente
el resultado del progresos en el derecho de las víctimas,
pero muchas veces ese derecho puede ir en contra de las nuevas instituciones
y de la estabilidad de la democracia. Y es de esto último,
y no de juicios y condenas, de lo que depende que no haya nuevas
víctimas.
El caso Pinochet era, en última instancia, un debate entre
dos sociedades que vivieron bajo dictaduras. España hizo
su transición hacia la democracia esperando hasta que el
dictador murió de forma natural, sin molestarlo ni con críticas.
En Chile, en cambio, no esperaron su muerte: lo enfrentaron y vencieron
pacífica y democráticamente en unas elecciones, pero
no buscaron procesarlo porque no había correlación
de fuerzas para ello.
Sin embargo, España le pedía a Chile que alterara
un proceso exitoso basado en la sabiduría de los cambios
graduales, precisamente el mismo principio que le permitió
a España construir su democracia con tranquilidad.
Objetivamente España fue más condescendiente con Franco
que Chile con Pinochet. Franco murió mandando y fue enterrado
como un héroe nacional. Pinochet tuvo que dejar el poder
y perdió Fuerza. Fue su arresto en Londres lo que lo retornó
al escenario político. Su liberación en Gran Bretaña
no fue una victoria de Pinochet, como algunos plantean. En realidad,
fue una humillación que lo obligó a pedir clemencia,
y para su condición de líder, ese era el peor castigo
que podía recibir.
El procesamiento y posible muerte de Pinochet en España o
Inglaterra hubiera convertido a Pinochet en héroe nacional
de Chile, con todo el lastre de división que esto hubiese
significado para los chilenos. El caso es un ejemplo de cómo
un propósito aparentemente muy moral, como es el de castigar
a un dictador, podría haber conducido a un efecto contrario.
Este es precisamente el debate entre la justicia en la transición.
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