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A propósito del debate sobre la amnistía

 

Luego de gobiernos autoritarios, gran parte de los debates acerca de reconciliación y justicia, vinculados a la resolución de conflictos o transición a la democracia, se centran en cómo puede y debe entenderse la justicia en esas condiciones. Normalmente se separa el concepto de justicia del contexto político que ha viabilizado el cambio, y se pone mayor énfasis en aspectos de derecho y en el pasado. Esto comúnmente lleva a pedir más de lo posible y dificulta la transición.


Lunes 19 de noviembre de 2007
Joaquín Villalobos

redaccion@centroamerica21.com

 

JOAQUÍN VILLALOBOS

Pero en una transición, la justicia y el derecho se determinan fundamentalmente por la correlación de fuerzas que ha forzado el cambio político. Esto obliga a que la reconciliación sea, en última instancia, una operación política para ayudar a que los actores entiendan la justicia como un concepto que por lo general tendrá más relación con el futuro que con el pasado.

En el tema de la justicia en una transición se enfrentan dos grandes enfoques: la visión que enfatiza el castigo, por una parte, y por la otra la visión que prioriza el carácter de las transformaciones. La primera se proclama como más moral por defender a las víctimas y resolver el pasado; la segunda aparece como más pragmática al poner el énfasis en asegurar el futuro. Moralismo y real política se enfrentan entonces como pasado y futuro. La idea de que sin castigo no hay futuro seguro y la idea de que priorizar el castigo puede arruinar el futuro es el centro del debate.

Para la primera corriente, su enfoque ético descansa en una justicia entendida en sentido estricto, con responsabilidades de los individuos y sin poner demasiado énfasis en el contexto. Para la segunda, la justicia descansa en un enfoque más general, basado en evitar que se repitan los hechos, tomando más en cuenta el contexto que a los individuos y considerando que la responsabilidad es más colectiva que individual.

Todo el escándalo en torno al caso de Pinochet, cuando una corte española exigió su detención y enjuiciamiento mientras él se encontraba de visita en Inglaterra, era ciertamente el resultado del progresos en el derecho de las víctimas, pero muchas veces ese derecho puede ir en contra de las nuevas instituciones y de la estabilidad de la democracia. Y es de esto último, y no de juicios y condenas, de lo que depende que no haya nuevas víctimas.

El caso Pinochet era, en última instancia, un debate entre dos sociedades que vivieron bajo dictaduras. España hizo su transición hacia la democracia esperando hasta que el dictador murió de forma natural, sin molestarlo ni con críticas. En Chile, en cambio, no esperaron su muerte: lo enfrentaron y vencieron pacífica y democráticamente en unas elecciones, pero no buscaron procesarlo porque no había correlación de fuerzas para ello.

Sin embargo, España le pedía a Chile que alterara un proceso exitoso basado en la sabiduría de los cambios graduales, precisamente el mismo principio que le permitió a España construir su democracia con tranquilidad.

Objetivamente España fue más condescendiente con Franco que Chile con Pinochet. Franco murió mandando y fue enterrado como un héroe nacional. Pinochet tuvo que dejar el poder y perdió Fuerza. Fue su arresto en Londres lo que lo retornó al escenario político. Su liberación en Gran Bretaña no fue una victoria de Pinochet, como algunos plantean. En realidad, fue una humillación que lo obligó a pedir clemencia, y para su condición de líder, ese era el peor castigo que podía recibir.

El procesamiento y posible muerte de Pinochet en España o Inglaterra hubiera convertido a Pinochet en héroe nacional de Chile, con todo el lastre de división que esto hubiese significado para los chilenos. El caso es un ejemplo de cómo un propósito aparentemente muy moral, como es el de castigar a un dictador, podría haber conducido a un efecto contrario. Este es precisamente el debate entre la justicia en la transición.

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