Operativo de captura de Domingo Saravia

San Miguel:
La mafia migueleña en jaque

De pronto la calurosa ciudad migueleña pareció volverse tierra de nadie. En la misma medida en que comenzaron a proliferar grandes fortunas prácticamente obtenidas de la noche a la mañana, también se entronizó el crimen en todas sus variantes, principalmente en lo relativo al narcotráfico, sicariato, contrabando, extorsión y lavado de dinero.

La situación se complicó aún más cuando, a finales de 2005, un rumor generalizado, y apuntalado luego por diversos organismos de Derechos Humanos, puso en cuestión la integridad del cuerpo policial destacado en la zona, ya no solo señalando serias deficiencias en el cumplimiento de sus funciones sino, mucho más grave aún, acusando a la policía de franca complicidad en las actividades criminales.

En agosto de 2006 trascendió un dato que reveló la magnitud del problema: en un campo pagado en varios medios de prensa, y en cuya elaboración y difusión colaboraron prósperos hombres de negocios de la zona, se aseguraba que el ochenta por ciento de los empresarios de la ciudad estaban siendo extorsionados por los delincuentes bajo amenaza de muerte.

Los empresarios emplazaron públicamente al Gobierno, a la Asamblea Legislativa y a la Policía Nacional Civil en el sentido de que, si el problema no recibía atención inmediata y efectiva, en un plazo de quince días, dejarían de pagar impuestos; además, sugerían no tan indirectamente que ya no les estaba quedando más alternativa que tomar la justicia en sus propias manos.

Por esos días, el mismo alcalde de San Miguel, Will Salgado (uno de los empresarios que habían respaldado el campo pagado en mención, y que en 1995 había sido acusado y encarcelado bajo la acusación de financiar escuadrones de la muerte clandestinos, encargados de ejecutar delincuentes), declaró que el director de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila, “lo que quiere es que en San Miguel vuelvan a aparecer grupos de exterminio; a eso está obligando a la gente”, dijo.

	Aldrin Caballero

Por su parte, las autoridades afirmaban que estaban haciendo todos los esfuerzos para enfrentar el problema, pero el hecho es que el crimen en San Miguel, y en toda la zona oriental, lejos de ir a la baja seguía mostrando tendencias ascendentes.

¿Cazadores cazados?

Otro de los empresarios migueleños que había mostrado su indignación frente a la poca efectividad del trabajo policial era Domingo Antonio Saravia. A mediados de los ochenta, en plena guerra civil, había comenzado con un muy modesto negocio callejero de venta de Hot Dogs. Luego se había marchado a los Estados Unidos en donde trabajó durante unos diez años.

De regreso al país, a mediados de los noventa, invirtió en un restaurante y en una gasolinera; sus ingresos comenzaron a subir entonces como la espuma, y en pocos años se convirtió en propietario de un buen número de bienes inmuebles y de una flotilla de autos.

Cuando, a mediados de 2006, la dirección nacional de la PNC decidió trasladar a varios miembros de la sección de investigación destacada en San Miguel, debido a la sospecha de que estaban colaborando con las estructuras criminales, Saravia encabezó un grupo de empresarios que se opusieron públicamente a esa medida, alegando que se trataba de buenos elementos, efectivos en la lucha contra la delincuencia.

Entre esos “buenos elementos” se encontraba el sargento Nelson Antonio Arriaza y el agente Carlos Geovanny Chévez, que eran objetos de la investigación policial interna. El 28 de julio de 2007, ambos fueron capturados, prácticamente en flagrancia, luego de haber asesinado por encargo a un campesino en el departamento de La Unión.

Ese crimen, a los ojos de la policía, presentaba en su modalidad operativa muchos elementos coincidentes con, al menos, otros 31 asesinatos cometidos en la región: básicamente se trataba de hombres fuertemente armados que se movían con impunidad y un alto grado de conocimiento técnico, del terreno y de las posibilidades de respuesta policial. Por otra parte, la mayoría de víctimas eran pandilleros vinculados a la extorsión de empresarios de la zona.

Pocos días después de esas capturas, el 2 de agosto, Rodrigo Ávila, director de la PNC, hizo una revelación sorprendente ante los medios de prensa: “Nosotros comenzamos la investigación interna por el tema del sicariato, por nexos entre algunos policías y grupos que están exterminando personas dentro del ámbito delictivo en la zona oriental; pero en el curso de las investigaciones nos dimos cuenta que se trata de protección a contrabandistas, narcotraficantes y traficantes de personas”, dijo.

Y detalló aun más al señalar que el grupo de policías corruptos que operaban en San Miguel, estaban al servicio de algunos prominentes empresarios del oriente del país, y entre ellos mencionó precisamente a Domingo Saravia, quien según el jefe policial, entre otros delitos, había colaborado en el encubrimiento y la fuga del ex diputado suplente, entonces prófugo, Carlos Roberto Silva, de quien era socio en varios negocios. Las autoridades aseguraron que no se trataba en rigor de grupos de exterminio al interior de la policía, sino de elementos corruptos aislados convertidos en sicarios.

Saravia no tardó en salir al paso a las acusaciones en su contra. Lo negó todo y alegó que era víctima del acoso del jefe policial por el solo hecho de haber denunciado públicamente la ineficiencia del mismo. Pero no se quedó en ese punto. Acto seguido presentó una denuncia por calumnia contra Ávila, en el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, y exigió una indemnización por un millón de dólares.

Rodrigo Ávila respondió que Saravia estaba bajo investigación, y que ya en febrero de este año dos de sus casas habían sido allanadas durante la búsqueda de Silva. En una de esas propiedades se confiscó una suma de 122 mil dólares en efectivo y un arma sin matrícula, motivo por el cual la esposa del empresario, Carmelina Bonilla está siendo procesada judicialmente.

No obstante, Domingo Saravia se envalentonó y se paseó por cuantos medios de prensa le abrieron las puertas, no solo para reiterar su inocencia y su condición de víctima sino también para retar a que la policía, y concretamente Rodrigo Ávila, probaran sus acusaciones o respondieran ante la justicia por el delito de difamación y calumnia.

	Domingo Saravia.

El giro

El pasado martes 27, sin embargo, a eso de las ocho y media de la noche, Saravia fue capturado en San Miguel por lavado de dinero. Más o menos a la misma hora, pero en San Salvador, otro empresario migueleño muy allegado a Saravia, a Carlos Roberto Silva y al sargento Nelson Arriaza, era detenido bajo la acusación de homicidio agravado en grado de tentativa y privación de libertad. Se trataba de Aldrin Gabriel Caballero.

Al día siguiente, el director de la PNC, Rodrigo Ávila, y el Fiscal General de la República, Garrid Safie, apoyados por sus equipos de expertos y basados en una abundante y detallada documentación, explicaron las circunstancias y los alcances de esas capturas.

Lo primero que dejaron en claro es que se trata apenas de la punta del iceberg de toda una investigación más amplia e integral en curso que, evidentemente, apunta a toda una estructura de crimen organizado. Pero también dejaron en claro que una cosa es lo que ya saben al respecto, y que están tratando de corroborar en la investigación, y otra cosa es lo que hasta el momento pueden probar legalmente.

Según el reporte, sustentado en una amplia bitácora de llamadas telefónicas cruzadas, y en varios testimonios de testigos, el 2 de junio del año pasado, Aldrin Gabriel Caballero habría recibido una llamada anónima exigiéndole una fuerte de suma de dinero a cambio de no atentar contra su vida.

Aldrin se comunicó con el sargento Arriaza para pedirle ayuda. Este no informó de la situación a la base policial pero ayudó a aldrin a emboscar y capturar a los extorsionistas, dos pandilleros, a quienes condujeron a una zona rural. Ya en ese lugar, y cuando se aprestaban a consumar las ejecuciones sumarias, los pandilleros pudieron resistir y escapar, provocándose una persecución a balazos que alertó a los vecinos, uno de los cuales llamó telefónicamente a la policía.

La patrulla que llegó al lugar encontró al sargento arriaza oculto entre unos montarrascales, pero él alegó que se encontraba en persecución de unos delincuentes. Horas más tarde, Aldrin Caballero denunciaba ante la sede policial que había sido víctima de un intento de secuestro. Sin embargo, varios testigos habían observado tanto la captura de los pandilleros por parte de Arriaza y Aldrin, como la posterior persecución a balazos por parte de los mismos. También los pandilleros involucrados, uno de los cuales resulto herido en la gresca, han rendido testimonio al respecto.

Por otra parte, el protagonismo mediático de Domingo Saravia durante la polémica con Rodrigo Ávila, provocó que sus movimientos financieros fueran escudriñados con mayor atención. El resultado de esas indagaciones fue contundente: el empresario y su esposa habían movido en varias cuentas de la banca local 23 millones de dólares, de los cuales, según la información recabada en los bancos, Ministerio de Hacienda, Centro Nacional de Registros (CNR), Ministerio Economía e Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), solo 10 millones podrían ser justificados, en tanto que al menos 10 millones quedan en el misterio en relación a su origen.

La hipótesis policial y fiscal es que buena parte de la fortuna de Saravia fue obtenida en actividades ilegales como el tráfico de personas, rubro en el cual Saravia tiene ya varios antecedentes legales, como son demandas en su contra por incumplimiento de compromisos: cobró por llevar personas a los Estados Unidos, pero las dejó abandonadas en el camino. Al menos en dos de estos casos consta que concilió con sus demandantes en tribunales.

Por el momento, Saravia y Aldrin serán sometidos a proceso por los delitos mencionados, pero está claro que ambos son objetos de investigaciones mucho más minuciosas por parte de casi todas las áreas especializadas de la policía y la fiscalía.

Por su parte, las autoridades se niegan a adelantar informaciones sobre esas investigaciones en desarrollo, pero extraoficialmente admiten que están bastante avanzadas y que muy pronto habrá sorpresas. El entero contexto regional de estos hechos, en el cual seguramente el ex diputado Carlos Roberto Silva, y toda su estela de actividad corruptora, es pieza clave, permite inferir que no solo estamos frente a dos capturas más, sino frente a lo que puede ser el principio del fin de lo que todo mundo parece estar consciente, pero que muy pocos se atreven a nombrar con todas sus letras: la mafia migueleña.