La Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Productos de Petróleo anunció que el precio de las gasolinas experimentarían un alza luego de que el petróleo en el mercado estadounidense estableciera un nuevo récord: $98.18. El diesel será al más afectado por el inicio de la temporada de invierno, y el incremento en el uso de ese combustible para las calefacciones.

Los combustibles en alza: una amenaza para el país
Transporte de carga en paro

Apuesta por la derogación

El sector de transporte de carga aún mantiene las esperanzas en que el nuevo impuesto de $ 0.10 al galón de combustible para subsidiar el transporte público sea derogado. Por ello, ya preparó una carta derogatoria para el nuevo decreto, con destino a la Asamblea Legislativa, según la Asociación Salvadoreña de Empresarios de Transporte de Carga (ASETCA).

	Los transportistas de carga se fueron a paro de labores el pasado jueves y viernes. Exigían la derogación del incremento de diez centavos en los precios de los combustibles, destinados a compensar al transporte público para que no aumenten el pasaje.

Mientras tanto, el sector transporte mantiene reuniones con el Ministerio de Economía (MINEC) y el de Obras Públicas (MOP) desde el sábado, con el fin de discutir las principales demandas de los transportistas. Sin embargo, ya con anterioridad, Economía expresó que será difícil ceder en temas tributarios.

El establecimiento de esta mesa de negociación fue el fruto del paro laboral que las gremiales sostuvieron el jueves y viernes. Así mostraron su descontento con la normativa que ratificó el presidente de la república, Elías Antonio Saca, y que se aplicó desde el 1° de diciembre en todas las gasolineras del país.

Los números no cuadran

Según la Asociación Cooperativa del Sector de Transporte de Carga (ACOSETCA), en el país se consumen 30 millones de galones al mes. Esto se traduciría en costos para toda la ciudadanía.

La Cámara Agroindustrial Agropecuaria de El Salvador (CAMAGRO) opina que la medida creará presión sobre el costo de los alimentos, porque la mayoría de productos se transportan desde el interior del país. A esto se le sumaría el alza que los alimentos agropecuarios han experimentado a nivel mundial en los últimos meses, a causa del alto costo del petróleo, entre otros factores.

La semana pasada, la Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Productos de Petróleo (ASDPP) anunció que el precio de las gasolinas experimentarían un alza luego de que el petróleo en el mercado estadounidense estableciera un nuevo récord: $98.18. Para la gasolina especial se estima un alza de $0.01, para la regular $0.04, y para el diesel $0.12. El diesel ha subido más en los costos porque es el combustible usado para los aparatos de calefacción en Estados Unidos. Estos experimentaron un alza en el consumo gracias a la temporada de invierno, según la ASDPP.

El consumo de diesel representa entre el 35 y el 60% de la estructura total de costos del transporte de carga, una porción superior a lo que se invierte en mano de obra (25%) y en mantenimiento de los vehículos (15%), según (ASETCA). Teniendo los números en cuenta, la empresa, que dispone de 1,800 unidades y transportan cerca de 50,000 toneladas diarias, considera que tendrían que trabajar debajo de los costos y que con esto se agravaría la situación de ASETCA. La gremial propuso en octubre un flete a los miembros de la asociación, pero el 20% de ellos no lo aplicó.

Las demandas y el paro

	El sector privado y el presidente de la república condenaron la medida de los transportistas, argumentando que el transporte de carga no está sometido a ningún tipo de regulación, no así el transporte colectivo.

Por ello, el sector transporte de carga propone que el gobierno ponga un techo al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que tome medidas alternativas como subir los impuestos a los suntuarios. Pide al gobierno aceptar el crédito fiscal al transporte colectivo o buscar un fideicomiso que lo subsidie; o en última instancia, que el decreto se atrase hasta enero del próximo año, a fin de que el Ejecutivo analice otras medidas de financiamiento que no afecten el combustible.

Los empresarios del transporte de carga esperan que el Ejecutivo les permita pagar solo la mitad del impuesto que va destinado para el FOVIAL y que actualmente es de $0.20 por galón de combustible. Además solicitan al MINEC que sea el ente que anuncie las variaciones en los precios y que estos sean efectivos cada 40 días.

Los transportistas se fueron a paro de labores el pasado jueves y viernes, y emplearon como bandera estas demandas. El jueves, unas 100 unidades se mantuvieron estacionadas próximas al punto fronterizo de Anguiatú, en Metapán, Santa Ana. El paro se extendió a Acajutla. El viernes, la misma cantidad de vehículos de carga paró labores en La Hachadura (Ahuachapán), Acajutla (Sonsonate), en las fronteras de San Cristóbal y Anguiatú (Santa Ana), y en El Amatillo (Chatatenango).

Los transportistas aseguraron que para ellos el paro no representaría ninguna pérdida. Pero los representantes de las gremiales del sector privado aseguraron que el paro retrasaría la entrega de las mercaderías y provocaría pérdidas en las exportaciones vía marítima y en la entrega de pedidos navideños.

Por su parte, el sector privado y el presidente de la república condenaron la medida. Antonio Saca, desde Washington, argumentó que el transporte de carga no está sometido a ningún tipo de regulación, no así el transporte colectivo.

A la espera de medidas compensatorias

El mandatario prometió la semana pasada garantizar un manejo adecuado en la entrega de los fondos a los transportistas. La vía para hacerlo sería una herramienta legal que le permita tener acceso a los controles financieros de las empresas, pieza que aún está por redactarse.

El presidente aseguró que las negociaciones con los empresarios de buses ya comenzaron. El diálogo también contempla temas que han quedado pendientes, como las mejoras al servicio, la renovación de unidades antiguas y que no están en óptimas condiciones, las constantes revisiones de las unidades y el trato de los empleados del trasporte público hacia los usuarios.

Además, como paliativo al alza en el combustible, Saca anunció que próximamente lanzará el plan Alianza por la Familia, con el que se procuraría un mayor control del Estado en materia de proveedores y apoyos económicos, para evitar el abuso en los cobros de electricidad y sistemas financieros. El gobierno espera beneficiar a cada grupo familiar con un ahorro de entre $35 y $40 mensuales.

Sin embargo, economistas de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) criticaron la sanción a la normativa y las medidas compensatorias que propone el gobierno. Según FUNDE, la aprobación del subsidio al transporte público afectaría al fisco, ya que provocaría inflación. El PNUD, por su parte, asegura que las medidas compensatorias tendrán un efecto limitado e hizo un llamado al gobierno a revisar sus políticas y proponer alternativas.

Este nuevo impuesto al combustible estará en vigor hasta el 31 de julio de 2009 y el gobierno erogará $42.8 millones desde diciembre para subsidiar mensualmente al sector con $200 para los empresarios de buses, y con $400 para los de microbuses y así evitar que se incremente el precio del pasaje.

Ver nota anterior:
http://www.centroamerica21com/web21/edit/25-32/act01.html