Estudiantes de diferentes carreras permanecieron en la entrada principal de la UES para exigir la entrega de las instalaciones
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	Treinta días y contando. Fueron treinta días los que la Universidad de El Salvador estuvo funcionando irregularmente. Una vista sobre la forma en que se fueron dando los sucesos y sus posibles implicaciones, permite reconocer, la cantidad de intereses que confluyen en cada coyuntura y sobre todo, la cantidad de posibilidades que quedan puestas sobre la mesa esperando la primera movida de alguno de los contendientes.

Vencido el plazo, alrededor de siete horas después de lo establecido por el juzgado Primero de lo Laboral para suspender la huelga y entregar las instalaciones, el Sindicato de Empresas de Trabajadores de la UES (SETUES), hizo entrega de las llaves de la universidad. Sin embargo exigieron, junto con otras siete peticiones, la conformación de una mesa de diálogo y la anulación de cualquier tipo de represalias.

Dichas peticiones fueron dadas a conocer el jueves mismo en que se vencía el plazo judicial. Las solicitudes fueron llevadas, en una nota escrita y firmada, a una sala de té donde se reunieron los miembros de la Asamblea General Universitaria (AGU) y el Concejo Superior Universitario (CSU). En ese encuentro se decidiría sobre los acciones a tomar, ante la negativa del SETUES de entregar las instalaciones.

El documento fue firmado por la directiva del gremio manifestante, excepto su secretario general y rostro público ante los medios de comunicación, Alfredo Martínez. Según dijeron voceros del sindicato, a las 10 de la mañana, en una rueda de prensa, Martínez había sido amenazado de muerte y, por lo mismo, evacuado del recinto en horas de la madrugada. Desde ese momento, no se volvió a saber de él.

Días antes, la decisión del gobierno universitario de recurrir al Órgano Judicial para declarar ilegal la huelga, y el anuncio de la posibilidad del desalojo del campus con intervención policial, provocó el endurecimiento de las medidas de hecho por parte de los sindicalistas.

La demanda interpuesta ante las instancias judiciales representa la primera ocasión en que la universidad se vale de entidades externas para sancionar a sus empleados.
Al respecto, los dirigentes sindicales, dijeron, en una clara provocación, que sostendrían hasta las últimas consecuencias del paro, importándoles poco la suspensión del ciclo y cualquier intervención policial.

Al final, no fue necesaria ninguna confrontación. El SETUES retiró el bloqueo que tenía en los portones de la universidad sin conato alguno.

Este suceso, tiene dos lecturas. La primera, que fue un acto de temor por parte de los manifestantes. Tomando en cuenta que, legalmente, no tenían más opción que esperar el término de 48 horas impuesto por el juzgado, las provocadoras declaraciones en los medios de comunicación parecen la búsqueda de un motivo para flanquear la presión de dicho plazo judicial.

Otra lectura explica la acción como resultado de una estrategia jurídica desordenada y mal encausada que, por obviar procedimientos reconocidos interna y externamente, desembocó, sin más opciones, en la entrega del campus.

Una vez entregada la universidad, autoridades universitarias, reseñaron que 68 funcionarios serían despedidos, durante el fin de semana el número se redujo a 23.

Según explicaron las autoridades, las líneas de investigación seguirán su curso y lo más probable es que las sanciones internas serán aplicadas a una gran cantidad de empleados que aunque firmaron el juramento de no haber formado parte del paro, se sabe que sí lo hicieron.

Los directivos del sindicato tendrán que presentarse al juzgado laboral, dado el tipo de cargo que ostentan dentro del gremio. Según el Código de Trabajo, su responsabilidad en el paro técnico reciente trasciende la ley interna y debe resolverse en instancias superiores.

Origen del conflicto es decreto legislativo

Las confrontaciones entre el SETUES y las autoridades de la Alma Máter, se originaron por la forma como se aplicaría el aumento salarial contenido en el Decreto Legislativo 934 de diciembre de 2005. Esta disposición, establece para el 2006 el incremento salarial de todas las dependencias del Gobierno salvadoreño no amparadas en la ley del escalafón

Para los manifestantes, la forma como se había acordado la distribución de esos bonos, solo representa intereses del sector docente. Los más afectados con la disposición, según ellos, eran los empleados del sector administrativo.

Durante todo el 2006, el CSU tuvo presiones por la distribución de estos bonos. Las medidas de hecho asumidas por el área administrativa, a través del SETUES, estuvieron acompañadas por resoluciones y acuerdos, impulsadas por los docentes del Movimiento para la Dignificación y del Desarrollo Universitario, (MDUES).

Los eventos estaban encaminados a aprobar la repartición de 300 dólares en bonos a todos los empleados de la casa de estudios. La bandera y los beneficios eran los mismos para ambos sectores.

Con respecto a las pugnas en 2007, la diferencia principal está en el choque de objetivos entre el sector docente (MDUES) y administrativo (SETUES). No hay alianza estratégica y esto arrastró a la casa de estudios a una parálisis, producto de la tensión entre dos fuerzas sin disposición alguna de ceder.

Mientras los docentes pedían la distribución de los bonos con base en el 31% del sueldo de cada empleado, los administrativos pedían la distribución equitativa de 300 dólares a todos por igual o, en su defecto, la aprobación de la distribución según la tabla contemplada en el decreto 934.

Dicho decreto estipula el 10% de aumento a aquellos empleados que tienen como techo salarial 400 dólares y 3% a aquellos que ganan más de mil.

Para algunas autoridades, tal es el caso de Francisco Marroquín, jefe de la Unidad de Pos-grados, el vaivén de alianzas estratégicas, solo es muestra de la confluencia enorme de intereses que, muchas veces, se diluyen entre tanto organismo y “tantas siglas”.

En este juego también entran estudiantes, junto con la gran cantidad de gremios y asociaciones que existen en su representación; igualmente participan empleados administrativos y sectores profesionales no docentes que tienen voz y voto dentro de los organismos rectores.

Para Marroquín, el desligue de todos estos grupos grupos con los propósitos académicos y de desarrollo educativo, y el repliegue a sus propios intereses, se explica por el poco desarrollo académico-universitario que ha tenido la UES y que se ha mantenido como consecuencia del conflicto armado.

En aquel tiempo, explica, la universidad se desvinculó del mundo por estar sitiada, físicamente, por parte de las fuerzas armadas del país. El problema, a partir de ese cerco, no fue solo físico, si no intelectual y académico.

Estudiantes convocados por la Coordinadora Estudiantil Unificada (CEU), hicieron eco de este planteamiento, en la rueda de prensa que ofrecieron el jueves anterior, al decir que las medidas que estaban tomando los sindicalistas parecían haberse entrampado en los años de la guerra.

Pedro Salguero, representante estudiantil ante la AGU, dijo que era irresponsable estar tomando medidas de ese tipo, cuando existen medios institucionales para llegar a entendimientos.

De hecho, según explicaron concejales de la AGU, los medios utilizados por el SETUES para llevar a cabo la huelga, no fueron los idóneos. La primera medida que tuvieron que asumir era, según los articulos 99 y siguientes de la Ley Orgánica Interna de la UES, pedir la impugnación del acuerdo de marzo. Con instaurar medidas de hecho inmediatamente, ya estaban rompiendo la legalidad de su protesta.

Los puntos pendientes

Las discusiones sobre la distribución del subsidio, aún están en el tintero. Para entablar las negociaciones, tanto el CSU y la AGU, aún tienen que emitir los fallos respectivos a dos antecedentes que no han sido discutidos en ninguna reunión conjunta.

El primero es el fallo referente a la apelación que presentó el SETUES sobre el acuerdo del 21 de marzo. Esta impugnación está dentro de los recursos que dispone el ordenamiento interno de la universidad para revocar cualquier acuerdo. El CSU, aunque haya recibido el documento después de impuestas las medidas de hecho, está obligado a emitir el fallo respectivo.

El segundo punto pendiente es sobre la vigencia simultánea de dos acuerdos relativos a la distribución del subsidio de 1.9 millones. En 2006, el CSU acordó que los refuerzos salariales para 2007, se cumplirían según el Decreto 934. Este año, en marzo, a pesar del acuerdo anterior, se estableció el 31% como forma de repartición.

Desde el punto de vista plenamente jurídico, ninguna disposición sustituye a la otra, si no se cita explícitamente la derogación de su antecesora. La resolución de la AGU, como máxima entidad dentro de la universidad, todavía está pendiente.

Estas dos circunstancias, en vísperas de la elección de autoridades universitarias resultarán condicionadas por las presiones que ejerzan cada una de las partes impugnadas. No se trata sólo de la aprobación de la forma en que será distribuido el dinero, subyacentemente se trata también, de demostrar cuál de los dos bandos está en condición de imponer sus intereses sobre los de su contrario.

Thelma Quinteros, Concejal por la ultad de Jurisprudencia en la AGU, tiene la frase que describe el panorama que se avecina “Las elecciones son el pretexto perfecto para que nadie haga nada por la universidad y todo lo que se haga será en lucha por los puestos de poder en juego”.