José Ramón González Rivas junto con su nieto Oscar Alejandro. González estaba a punto de cumplir 58 años de edad.   Notas Relacionadas     Diputados salvadoreños asesinados en Guatemala LA HISTORIA OCULTA DETRÁS DEL CRIMEN       (Primera Parte) Un sorpresivo avance noticioso le cortó la respiración al país: tres diputados salvadoreños y un asistente habían sido salvajemente asesinados en Guatemala. El caso amenaza a convertirse en una caja de Pandora. En este reportaje relatamos detalles desconocidos relacionados al suceso

El asesinato de los diputados salvadoreños en Guatemala
La historia oculta detrás del crimen

Segunda Entrega
La caja de Pandora, primeros indicios

(Este relato ha sido construido sobre la base de conversaciones con altos cargos de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil de El Salvador).

Segunda entrega. Rodrigo Ávila sabía tres cosas: que la Dirección de Investigaciones Criminales de Guatemala, (DINC), había sido dotada recientemente de fusiles Ak-47, que la policía de ese país estaba altamente infiltrada por el crimen organizado y, finalmente, que en los dieciocho asesinatos y muchísimos más asaltos contra salvadoreños, perpetrados, precisamente, en las inmediaciones de esa zona en los últimos dos años, habían participado elementos policiales coludidos con la poderosa banda mafiosa de Jalpatagua.

También estaba al tanto de que en la mayoría de esos hechos reportados a la policía antes de la muerte de los tres diputados,se observaba un mismo patrón: los asaltantes, siempre estabanbien pertrechados y hacíangala de alguna pericia en las técnicas de captura, traslado de las víctimas e interrogatorios, y sabían de antemano que los detenidos eran comerciantes o profesionales salvadoreños que llevaban algún dinero en efectivo, o tarjetas de crédito internacionales. Que ese grupo de delincuentes actuaba siempre con mucha crueldad y, por regla general, para amedrentar aún más a sus víctimas, preguntaban por droga o por el dinero de la droga, como queriendo insinuar que su acción obedecía de algún modo a un procedimiento policial.

Sabía, en definitiva, que un grupo de policías guatemaltecos asociados a bandas delincuenciales vinculadas, a su vez, al tráfico de drogas, era responsable de la mayoría de crímenes contra salvadoreños cometidos en la carretera hacia la ciudad de Guatemala. Y que en algunos de esos crímenes se hacía uso de la tortura, la ejecución sumaria y la posterior incineración de los cuerpos. Por eso no se sorprendió en absoluto cuando su segundo al mando, José Luis Tobar, después de haber hecho su propio apreciado de la situación, se le acercó para musitarle al oído: “Fueron policías, jefe”.

La bala que Ávila tomó del suelo, el análisis de los casos antecedentes que, una y otra vez habían repasado, la criminología básica y los testimonios de las muchísimas víctimas, señalaban a policías guatemaltecos como los principales sospechosos, desde que llegó el primer aviso de la desaparición de los diputados.

	José Ramón González Rivas con su familia en el año 2002.

También se sabía, como si se tratase de hacer arqueología criminal, que, desde hace mucho rato, policías guatemaltecos se encargaban de dar golpes a grupos de narcotraficantes guatemaltecos, quizá ayudados por los mejores mirones que pueden tener en las fronteras: algunas personas quese dedican a cambiar dinero en la frontera de Las Chinamas o La Hachadura.

Los testimonios de las víctimas salvadoreñas también llevaban a presumir muchas cosas. Desde el pequeño comerciante hasta políticos y hombres de negocios de mayor calado, siempre recibieron el mismo trato: golpizas, torturas y gritos de “hijos de putas….¿ Dónde está el dinero? ¿Dónde está la droga? Algunos de ellos, incluso, pellizcaron la muerte o se salvaron por mera casualidad, después de recibir tratos degradantes como ponerlos a caminar desnudos o tratar de introducirles un madero en el ano.

El teatro de la guerra delincuencial en esa carretera siempre lo tuvieron bien dibujado los policías salvadoreños. Lo que se necesitaba era encontrar las pruebas.

Primeras capturas

Los primeros asignados por las autoridades guatemaltecas a la investigación del crimen de los diputados, fueron los mismos asesinos. Pero esto no lo sabía nadie. Excepto Rodrigo Ávila y sus colaboradores más cercanos. Por eso, durante cuatro días durmieron en Guatemala un promedio de dos horas, con la ropa y las botas puestas, fusil en mano y bala en boca, cambiando de hotel a cada momento.

Ávila y Tobar habían viajado en helicóptero hacia el lugar de los hechos la misma noche del 19 de febrero, pero por tierra se había desplazado hacia la ciudad de Guatemala, en el mismo momento y discretamente, un grupo de investigadores policiales salvadoreños. Establecidos los puntos A y B del hecho (el de captura y el del asesinato de los compatriotas), los detectives nacionales se dispersaron y comenzaron a reportar indicios y pistas confirmatorias de la sospecha desde las primeras horas del siguiente día.

Un vigilante privado del centro comercial La Pradera, de la zona 12 de la ciudad de Guatemala, les contó que él vio cuando unos policías, “que casi siempre vienen por aquí, le cayeron a unos ladrones de carros, según dicen, los bajaron de una camioneta Land Cruisser y se los llevaron”. Un trasportista les aseguró que “vi cuando unos hombres con chalecos de policías, capturaban a cuatro personas que iban en una camioneta color beige. Como a las diez y algo de la mañana”.

	Eduardo d'Aubuisson junto a su esposa Laura. Hijo del fundador de ARENA. Estaba por cumplir 33 años.

Luego un soplo: un técnico que está probando un nuevo software para controlar los aparatos de ubicación satelital colocados en algunos autos recientemente adquiridos por la policía guatemalteca, había ubicado un Sedan Yaris en los puntos A y B, justo a las horas críticas (10 am. y fracción, la captura; 2 pm. y fracción, el asesinato). Y otro soplo: un ciudadano anotó incluso las placas del Sedan Yaris: PO23DDM. El equipo de Ávila hurgó y descubrió que, en efecto, el auto en cuestión pertenecía a la Dirección de Investigaciones Criminales de la policía de Guatemala. (DINC).

Y una evidencia más: una cámara de la municipalidad capitalina había captado el paso de la Land Cruisser seguida de cerca por el Sedan Yaris.

Sumadas todas esas pruebas, ya no había ninguna duda. La bitácora de la DINC registraba que, el día de los hechos, un poco antesde las diez de la mañana, Víctor Hugo Soto entregó el auto en cuestión al oficial Luis Arturo Herrera. Este, acompañado por tres agentes más (Corki Estuardo López, Marvin Langen Escobar y José Adolfo Gutiérrez), supuestamente se dirigirían a Chimaltenango a investigar un robo de furgones. Pero lo que hicieron fue acechar, secuestrar y asesinar a los cuatro salvadoreños.

Rodrigo Ávila comunicó lo investigado a las instancias que creyó pertinentes. Sabiéndose descubiertos, los policías asesinos confesaron su fechoría a su responsable inmediato, Víctor Hugo Soto, jefe de la DINC, a quien en vano le pidieron ayuda para organizar una coartada. Al atardecer del día 22 de febrero, Rodrigo Ávila y sus asistentes entraron a un salón de sesiones del Palacio de Gobernación. Ahí estaban, esposados, los cuatro policías.

Luis Areturo Herrera estaba fuera de control, y en cuanto vio entrar a Rodrigo Ávila intentó agredirlo aún esposado: “¡Matame, guanaco hijueputa, matame pendejo, pero matame ya!”, le gritó. Ávila le quitó el seguro a su pistola pero no la desenfundó. “¿Y por qué lo hiciste?”, le preguntó. En ese momento, dos de los capturados intentaron lanzarse por las ventanas, pero fueron oportunamente controlados.

“¡Matame ya, hijueputa!”, seguía gritando Herrera. Él, al igual que sus cómplices, sabía que estaba en un callejón sin salida. No se puede pactar con la mafia y hablar sin que en ello vaya la vida de por medio. Sus horas estaban contadas. Y la factura se cobraría, en este caso, más temprano que tarde. Herrera lo sabía perfectamente porque él mismo y sus cómplices habían cobrado ya tantas facturas similares. “¿Por qué hicieron esto, quién se los ordenó?”, volvió a preguntar Ávila, seguro de que la cadena de responsabilidades no terminaba en esos cuatro agentes. “Yo también prefiero que me maten ahorita, porque de todos modos nos van a quebrar”, le respondió llorando uno de ellos.

Era José Adolfo Gutiérrez, quien parecía más desesperado, atemorizado y vulnerable que el resto de sus compinches. Ávila tomó nota metal de esa situación. Los otros seguramente no hablarían. El problema en adelante era saber quiénes más habían participado en el crimen y, sobre todo, quién y por qué había dado la orden.

La confesión

El 23 de febrero, aproximadamente a la cuatro de la mañana, Rodrigo Ávila llegó al centro penal El Boquerón y habló a solas con José Adolfo Gutiérrez. “Ayúdeme, jefe, no a mí que ya me queda poco de vida, sino a mi familia que nada tiene que ver con esto… Ayúdeme en eso y yo le voy a contar todo lo que sé, todo lo que hicimos ese día”, dijo Gutiérrez. Y dio comienzo a un detallado relato de lo acontecido el 19 de febrero, incluyendo la confesión de que había sido a él mismo a quien le habían ordenado disparar contra las víctimas.

Ahí saltaron los nombres de otros tres policías involucrados, Jeiner Barillas, Marvin Natareno y Humberto Orellana Aroche, Pero también los nombres de un grupo de civiles, pertenecientes a la banda de Jalpatagua, que igual habían estado en la escena del crimen. Gutiérrez sabía los detalles de lo ocurrido durante la detención, el traslado y el asesinato de los diputados y su motorista, sabía de otra enorme cantidad de ilícitos semejantes cometidos en combinación entre los policías y la banda de Jalpatagua, pero su bajo nivel jerárquico en esa estructura criminal le impedía tener conocimiento de lo más importante: la autoría intelectual y los nombres de los verdaderos peces gordos en toda la trama.

Sin embargo, lo que sabía bosquejaba una situación altamente compleja, y confirmaba que las responsabilidades últimas apuntaban hacia muy arriba. Tanto, que implicaba el poder suficiente como para que, solo dos días después, los temores de él mismo y de sus tres cómplices presos se confirmaran plenamente, al ser ejecutados ahí mismo en ese centro penal de máxima seguridad. Implicaba poder para decidir y efectuar una acción semejante, si, pero también implicaba la magnitud de la necesidad de encubrimiento.

¿Hasta dónde arriba?

Por responsabilidades directas e indirectas en los acontecimientos, en los días siguientes renunció el ministro de Gobernación, Carlos Vielman, en tanto que el director y el subdirector de la policía, Erwin Sperisen y Javier Figueroa, así como el jefe de la DINC, Víctor Hugo Soto, fueron destituidos. Por otra parte, el cuerpo de custodios del penal El Boquerón fue arrestado en pleno, y prácticamente la totalidad de la policía y sus mandos están bajo sospecha.

Uno de los agentes prófugos, Marvin Natareno, se entregó voluntariamente, y las investigaciones posteriores han permitido la captura de cinco miembros de la banda de Jalpatagua, cuya estructura básica ha sido dada a conocer públicamente. Se cree que esta banda, vinculada al poderoso cartel de Jutiapa, jefeado por Jorge Mario Paredes, por quien el gobierno norteamericano ofrece cinco millones de dólares, cuenta con importantes conexiones no solo al interior de la policía, sino también de la clase política. Al menos un diputado, Manuel Castillo, y un candidato a alcalde, Enrique Zepeda, están ya bajo investigación.

Pero las dudas y las sospechas, en torno a la pregunta de hasta dónde llega la cadena de responsabilidades persisten. El viernes pasado estuvo en El Salvador el Fiscal General de Guatemala, Juan Luis Florido, quien declaró que las indagaciones, hasta el momento, no revelan la autoría intelectual del crimen; pero puntualizó que ningún funcionario de gobierno está actualmente bajo investigación. Sin embargo, el presidente Antonio Saca manifestó que “Hay gente de alto nivel en Guatemala a la que se está encubriendo”.

¿Qué tan alto puede ser ese nivel? Por lo pronto, la lentitud en el ritmo de la investigación no contribuye a calmar la ansiedad que esa pregunta provoca, sobre todo cuando la propia subsecretaria de Estado Ajunta del Departamento de Asuntos Antinarcóticos de los Estados Unidos, Christy McCampbell, declaró la semana pasada: “El gobierno de mi país está preocupado por la posible incursión de narcotraficantes en la política de Guatemala”.