Repudio generalizado
al aumento salarial de diputados

La información saltó a la prensa el pasado 18 de enero y de inmediato generó un rechazo masivo. Pero hasta el momento nadie fuera de la Asamblea Legislativa tiene claro cómo se fraguó la medida y quiénes fueron sus impulsores. Cogidos en falta por una opinión pública cada vez más indignada, los diputados han ensayado una gran cantidad de explicaciones a medias y de juegos de inculpaciones mutuas que finalmente han oscurecido más la situación.

El hecho es que los diputados de la llanura, que recibían un salario de $4,025.72 pasaron a ganar $5,885.72; los directivos añadieron $2,500 a su mensualidad, con lo que totalizan $7,725.15, en tanto que el presidente del Congreso pasará de un sueldo de $5,781.72 a otro de $8,681.72.

La aprobación del aumento se dio mediante un procedimiento administrativo
ambiguo, en el que se unifican en un solo monto los gastos correspondientes al sueldo y los gastos de representación y comunicaciones. La explicación inicial se centró en que esa era una manera de unificar los salarios y lograr una mejor pensión al momento de retirarse.
Sin embargo, en realidad no se trata solo de una unificación, pues a esa suma le añadieron nuevos gastos de representación y comunicaciones proporcionales al incremento. Los fondos que respaldarían el aumento estarían diluidos en diferentes partidas del presupuesto de la Asamblea.

Ese presupuesto fue aprobado el 27 de septiembre de 2007, a las 12:34 por 70 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. El voto en contra corresponde al diputado independiente Juan Pablo Durán, quien antes de la votación manifestó que no podía votar por un documento que no conocía.

Un antecedente

El aumento salarial y la forma cómo se diluyó en diferentes partidas presupuestarias no deberían sorprender. El Diario de Hoy reveló a principios del año pasado un plan fraguado en la subcomisión de reformas al reglamento interno, en la que se discutió un aumento salarial, y la manera como velarlo administrativamente para evadir el escrutinio de la prensa.

En esa ocasión, los diputados se apresuraron a desmentir al matutino. El FMLN incluso publicó un campo pagado en el que denunciaba un ataque a los miembros de la Asamblea Legislativa “mediante información falsa y con evidente dolo”.

En respuesta, el matutino en cuestión publicó la transcripción y los audios de la conversación aludida y protagonizada por los diputados Humberto Centeno (FMLN), Roberto Angulo (PCN), Mario Tenorio (ARENA), Javier Benítez (PDC), y Héctor Dada Hirezi (CD).

Será por este antecedente que en esta ocasión los legisladores fueron más cuidadosos, y al parecer no dejaron registros de la maniobra. De hecho, El PCN confirmó a La Prensa Gráfica que si hay un acuerdo pero que no existe un documento formal que lo sustente.

El enredo

Las posiciones de cada diputado y de las fracciones ante este nuevo caso han sido confusas y contradictorias. El FMLN, pese a tener tres representantes en la junta directiva y de haber votado a favor en la aprobación del presupuesto de la Asamblea, sostiene no saber nada del acuerdo salarial.

La diputada Zoila Quijada, por ejemplo, que funge como secretaria de la junta directiva, negó enfáticamente haber firmado cheques en los que aparecía el aumento, pero al ser abordada por periodistas que poseían copias de dos cheques firmados por ella, optó por eludirlos olimpicamente.

El PDC se sumó al FMLN al aducir desconocimiento de lo acordado por la junta directiva, a pesar de que también tiene representantes en esa instancia y de que sus diputados acuerparon la aprobación del presupuesto. Con todo, los democristianos, el FMLN, Cambio Democrático, y el independiente Pablo Durán pidieron la revocatoria del aumento salarial, y votaron por ello en la sesión plenaria de la semana pasada.

Sin embargo sus votos no sumaron la mayoría necesaria para revertir la medida. Cambio Democrático, a través del diputado Héctor Dada Hirezi, desligo a su partido de cualquier responsabilidad: “No solo porque nosotros no estamos representados en la junta directiva, sino también porque no tuvimos acceso al documento detallado que se aprobó”.

Por su parte los diputados areneros, inicialmente dijeron desconocer el aumento. Guillermo Gallegos, jefe de fracción del partido tricolor dijo “que no era conveniente” y traspasó la responsabilidad a la junta directiva. Enrique Valdez, representante de ARENA en esa instancia, dijo que hubo una comisión para el tema del presupuesto de la Asamblea y de la Ley de Salarios.

En la sesión plenaria del 24 de enero, ARENA junto al PCN apuntalaron la decisión de mantener los salarios y pasar el tema a la Comisión de Hacienda para que dictamine su legalidad. Sin embargo la posición arenera sufrió un nuevo cambio: sujefe de fracción, Guillermo Gallegos, el directivo Enrique Valdez y el vicepresidente de ideología del COENA, René Figueroa confirmaron que la fracción tricolor pedirá a la directiva de la Asamblea revertir los aumentos salariales.
Solo El PCN justificó y defendió en todas sus intervenciones el aumento salarial. Algunas declaraciones de los pecenistas al respecto sirvieron para atizar el fuego y aumentar el nivel de repudio a la medida, que ya de por sí es bastante alto.

Asamblea Legislativa: la peor evaluada

El enojo de los detractores de la medida no pasa solo por la desproporción del incremento respecto de los salarios mínimos en el país; el punto es que además los diputados son los funcionarios peor evaluados por la ciudadanía.

Según encuestas realizadas por La Prensa Gráfica (LPG), la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tienen los más altos índices de desaprobación ciudadana. En 2005, la Asamblea ocupó el penúltimo lugar en la escala, y el año pasado cayó hasta el último lugar.
En 2006, otra encuesta de LPG apuntó que los diputados de la Asamblea Legislativa eran los más mencionados por los consultados cuando se les preguntaba a cuáles servidores públicos consideraban como los más deshonestos.

A esto habría que añadir el desconocimiento que los ciudadanos tienen acerca de las funciones realizadas por los diputados. En 2005, La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) llamó la atención al respecto en su informe titulado: Las instituciones democráticas en El Salvador: Valoración de rendimiento y Plan de fortalecimiento.

“La Asamblea Legislativa, sus miembros y desempeño, suelen ser una ‘caja negra’ poco conocida por los ciudadanos, cuyas tareas suelen ser percibidas como menos relevantes que las desempeñadas por el Gobierno de la República”, señala el documento.

Más adelante afirma: “La lista cerrada y bloqueada y la falta de mecanismos de la Asamblea Legislativa que proporcionen visibilidad y transparencia en la actuación de los diputados dificultan enormemente las tareas de control por parte de los electores”.

Entretanto, las quejas contra los diputados son ya una avalancha y no cesan. Al repudio popular expresado en periódicos, radios, programas de televisión, blogs y cadenas por Internet, se sumaron diferentes personalidades y sectores políticos y sociales.

Entre quienes han expresado su rechazo al incremento se encuentra el presidente de la República Antonio Saca, lo mismo que los precandidatos presidenciales de ARENA y el candidato presidencial del FMLN. También han manifestado su desacuerdo la Cámara de Comercio, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y la fundación Nueva Sociedad, entre otros.