Nicaragua: Venezuela, la fortaleza de Daniel Ortega

	Daniel Ortega asumió la presidencia de Nicaragua, y como una de sus primeras acciones de gobierno, suscribió la adhesión de su país a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA)

La primera incursión de petróleo venezolano en Nicaragua fue a través de las municipalidades agrupadas en la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC). A principios de 2006 las alcaldías nicaragüenses constituyeron, junto a PDV Caribe, la empresa mixta ALBA de Nicaragua, sin embargo no fue hasta finales de año, tres semanas antes de las elecciones, que llegó el primer cargamento con 80 mil galones de diesel, poco después llegó un segundo embarque con 240 mil galones. Las críticas no tardaron en llover, los contendientes por la presidencia de Nicaragua acusaron a Daniel Ortega, uno de los candidatos en contienda y al presidente venezolano Hugo Chávez de utilizar el petróleo con fines electorales. Las operaciones de ALBA de Nicaragua eran administradas por el alcalde de Managua, Dionisio Marenco, partidario de Ortega.

Esa fue la primera y la única operación de ALBA de Nicaragua, con el triunfo presidencial de Daniel Ortega, la empresa municipal dejó de tener sentido, de ahí en adelante las relaciones con Venezuela serían manejadas directamente por el gobierno central.

El cuarto aliado del ALBA

El 11 de enero de 2007, Daniel Ortega asumió la presidencia de Nicaragua, y como una de sus primeras acciones de gobierno, suscribió la adhesión de su país a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), iniciativa impulsada por el presidente venezolano Hugo Chávez y suscrita, en ese momento, únicamente por Cuba, Bolivia y Venezuela. A partir de ese día, el petróleo y la cooperación venezolana fluirían a mejor ritmo, así como también los reiterados enfrentamientos del presidente Ortega en foros internacionales, en consonancia con las enemistadas del presidente venezolano.

La cooperación de Venezuela a Nicaragua a través del ALBA incluye, además de mejores facilidades crediticias para la importación de petróleo que las planteadas en Petrocaribe, 15 proyectos en diferentes áreas por más de 600 millones de dólares y la condonación de una deuda por $32 millones.

En julio de 2007, Nicaragua y Venezuela constituyeron la empresa mixta ALBANISA, con un 45% accionario para la Empresa Nicaragüense del Petróleo (Petronic) y un 55% para PDV Caribe. La nueva empresa controlaría la importación de carburantes venezolanos, y desarrollaría proyectos como la construcción de la refinería Sandino - Bolívar que permitirá procesar 150 mil barriles diarios de crudo y la instalación de tanques de almacenamiento, una de las mayores dificultades para aumentar el volumen de la importación de petróleo, que según lo establecido en el contrato con Venezuela tiene como máximo 10 millones de barriles anuales.

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La “caja negra”

A finales de 2007, Francisco López, director de ALBANISA informó que se habían importado 1.5 millones de barriles de productos derivados del petróleo, lo cual equivaldría a 135 millones de dólares. De este monto, el 50% se había cancelado en un plazo de 90 días, el 50% restante había sido distribuido en un 25% para el Fondo ALBA, que según los lineamientos del convenio debe ser invertido en proyectos de desarrollo social; y el restante 25% habría sido repartido en subsidios al transporte público, en ayuda para la costa Atlántica arrasada por el huracán Félix y en materiales e insumos para las generadoras y distribuidoras de energía eléctrica.

El 25% del Fondo ALBA, que en 2007 –con la ejecución de menos del 2% del total de petróleo ofrecido por Venezuela -, ascendería aproximadamente a 33 millones de dólares, alarmó a la oposición nicaragüense. Tanto el Movimiento Renovador Sandinista como los liberales exigieron que esos fondos se incluyeran dentro del Presupuesto General de la Nación para evitar manejos oscuros o discrecionales de parte del gobierno.

La iniciativa no pasó de acaloradas discusiones en el Congreso y de enfrentamientos con el presidente Ortega. El mandatario nicaragüense argumentó que esos fondos no son públicos y que por tanto ALBANISA no tiene que rendir cuentas de ellos.

Según Ortega, ALBANISA vende el petróleo a la estatal Petronic, que se encarga de distribuirlo en el mercado local; por tanto los compromisos con Venezuela son asumidos por ALBANISA y en consecuencia también los fondos resultantes de los beneficios crediticios otorgados por los suramericanos. La figura utilizada por Ortega no es del todo clara, sin embargo le dio resultado.

Según la oposición nigaraguense, estos fondos son la “caja negra” del gobierno, y serían usados con intencionalidad política a través de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, creados para fomentar la participación ciudadana, pero que según la oposición serían entes partidarios con los que Ortega pretende controlar a la ciudadanía. Los CPC son supervisados de cerca por Rosario Murillo, esposa de Ortega y recientemente nombrada directora del Consejo Nacional de Coordinación Económica y Social, instancia directamente vinculada a los CPC.

En la más reciente visita de Chávez a Nicaragua, en enero pasado, representantes del Movimiento Renovador Sandinista le hicieron llegar una misiva, en la que entre otras cosas destaca: “Esta privatización de la cooperación venezolana alimenta el enriquecimiento de determinados grupos económicos vinculados con el gobierno, fomenta la corrupción entre los funcionarios nicaragüenses, contribuye a fortalecer un proyecto político de carácter personal y familiar del presidente Daniel Ortega a costa de la institucionalidad y del estado de derecho, y promueve un política clientelar”. Los renovadores todavía no han recibido respuesta.

Por el momento, una de las mayores fortalezas de Daniel Ortega es su relación con Chávez, y al mismo tiempo es su mayor talón de Aquiles, como en su anterior gestión en los años 80, lo fue su dependencia de la ayuda cubana y soviética. Solamente que ahora, los argumentos revolucionarios de entonces ya no se cotizan a la alza.