“No llamen la atención hacia sus viviendas, sigan al pie de la letra las reglas de las asociaciones de vecinos”, esta es una de las recomendaciones que recuerda don Roberto Martínez, cuando acompaño a sus hijos a una charla informativa en una iglesia cercana a su vecindario en las inmediaciones de Sudley, en Prince William, Virginia.
Don Roberto es un migueleño que viajó a pasar el fin de año con sus familiares, regresó a principios de febrero y lo que más recuerda es la preocupación de su hijo menor por las nuevas regulaciones contra los indocumentados que se aplicarán en el área en que residen sus familiares.
Miguel, Ricardo y Frank son los 3 hijos de Don Roberto, los dos primeros emigraron a finales de los años 90 y están protegidos por el TPS; pero Frank el menor se fue en 2004 y sencillamente es ilegal. Hasta ahora según relata Don Roberto no ha tenido problemas, “ha estado peligroso por lo de las redadas, cada vez que me llamaban mis hijos yo me imaginaba que era para decirme que Frank venía deportado”. Pero eso nunca pasó, sin embargo ahora hay un peligro adicional, las nuevas regulaciones que el condado de Prince William empezará a aplicar a partir del 3 de marzo.
Habla español y no es blanco, es ilegal
Según don Roberto en la charla a la que acompañó a su hijo les advirtieron que no pueden solicitar servicios comunales, porque les exigirán que comprueben si están legales; lo mismo si son detenidos por un policía, “lo que más me preocupó es que la policía puede pedirle los papeles a cualquiera que parezca latino, o que esté hablando español, eso lo puede delatar, se tiene que cuidar”. Frank ya habla un poco de inglés, pero “lo usa solo cuando es necesario”, según palabras de su padre.
Los servicios a los que los indocumentados no podrán acceder no incluye educación ni servicios médicos de emergencia, porque son competencias federales; sin embargo, en las escuelas los hijos de indocumentados no pueden acceder a los servicios sociales como alimentación gratuita o a bajo costo, o integrarse a los programas comunitarios de deportes, prevención de drogas o pandillas y clubes recreativos. De igual forma los ancianos no pueden recibir atención médica especial ni servicios de recreación y atención ofrecida por los servicios sociales del condado. Obtener licencias y permisos también será un problema.
La regulación también ordena que los agentes de la policía local investiguen el estatus migratorio de cualquier persona detenida por haber violado una ley estatal o una ordenanza del condado, incluyendo delitos menores o simples llamados de atención, independientemente del "origen nacional, la etnia o la raza" del individuo.
Las regulaciones adoptadas por Prince William son drásticas, y aunque los funcionarios del condado ni el texto de la ordenanza hacen alusión directa a los hispanos, si no más bien a los “inmigrantes ilegales de cualquier origen”; no hay duda de que fueron concebidas pensando en la creciente población hispana dela zona. Según datos del condado de Prince William, la población hispana ha crecido en un 182.9% en la última década y significan el 19.1% de la población del condado.
Váyanse de aquí
“Hacer la vida imposible a los ilegales”, es según don Roberto el objetivo de la ordenanza. De acuerdo a lo que reza la resolución adoptada por Prince William, con ella se “autoriza y obliga a funcionarios, agencias y personal del condado a verificar el estatus migratorio de cualquier persona sobre la que exista una sospecha razonable de que es un inmigrante indocumentado”.
“Lo más seguro es que Frank se tenga que ir de ahí” dice don Roberto; y añade “mientras se ve claro como es esto, los patrones de mi hijo le van a dar permiso de que se quede en local donde trabaja”. El empleador de Frank es guatemalteco y tiene una tienda de productos étnicos en Woodbridge, otra localidad del condado de Prince William.
La ordenanza antiinmigrante en Prince William fue adoptada en julio de 2007 cuando fracasó la reforma migratoria, el argumento fue el mismo que usaron las demás localidades a lo largo de todo Estados Unidos para aprobar las regulaciones contra los indocumentados, “si el gobierno federal no puede hacerse cargo del problema, lo tendremos que hacer a nivel local”.
La ordenanza fue propuesta en julio y finalmente aprobada en octubre, un grupo de inmigrantes acuerpados por diferentes organizaciones hispanas interpusieron una demanda para bloquear la ordenanza, sin embargo la resolución fue negativa. Múltiples manifestaciones de protesta tampoco fueron suficientes para detener la resolución, aunque algunos activistas reconocen que sí lograron suavizar algunos términos incluidos en la propuesta original.
Uno de los principales grupos promotores de las regulaciones en Prince William fue la asociación antiinmigrante “Help Save Manassas”, uno de sus principales argumentos es que la calidad de vida en la región se ha visto deteriorada por la presencia de ilegales. Para este grupo el gobierno local tiene que invertir recursos en proveer servicios a inmigrantes indocumentados, lo cual ha implicado un déficit fiscal en el presupuesto del condado.
Cuestión de impuestos
Sin embargo un informe reciente del Commonwealth Instituto detalla que la población indocumentada de todo el estado de Virginia, oscila entre las 250 y 300 mil personas y su contribución anual en impuestos es entre 147 y 175 millones de dólares, a esto hay que sumarle un aproximado de 137 millones pagados a la seguridad social y 5 millones más en aportaciones al seguro de desempleo. El informe señala que al hablar de población indocumentada la referencia habitual es a los costos que esta población implica, y se pasa por alto sus aportaciones fiscales al gobierno federal y a los gobiernos locales.
Aracely Pañameno, activista pro inmigrante y salvadoreña de nacimiento, afirma que "hay que dejar de demonizar a un sector de la población que puede contribuir y que de hecho ya contribuye económicamente al bienestar de todos". Panameño reside en Prince William y es ciudadana, y considera que las regulaciones han provocado una fuga masiva de hispanos de la región y eso lo único que hará es aumentar el déficit fiscal del condado: “El condado ha perdido mucho dinero porque ha habido una fuga masiva de residentes por temor a la resolución antiinmigrante. Cada vez más casas están siendo embargadas o han quedado abandonadas. Perseguir a los indocumentados se está traduciendo en una fuerte crisis económica”.
La implementación de la regulación antiinmigrante tendrá un costo para el condado de 3 y medio millones de dólares, por el momento se han transferido $800 mil a la policía para que inicie la implementación de la resolución, para lo cual se ha creado una división especial.
El abogado Luis Ventura, peruano residente en Arlington señala que es imposible aplicar este tipo de resoluciones sin violar los derechos civiles de los ciudadanos “la única forma de aplicar la resolución es mediante la apariencia de una persona, si tiene rasgos latinos es probable que sea indocumentado es la lógica con la que se opera, pero hay latinos que son residentes legales, que son ciudadanos”, según el abogado tendrían todo el derecho a demandar al condado por discriminación racial o violación de sus derechos civiles. El va más allá y recomienda a todos los hispanos con status legal que interpongan las demandas en caso de que sean víctimas de este tipo de requerimientos de parte de los servidores públicos. “No solo estarán haciendo valer sus derechos sino también demostrarán a la Junta de Supervisores que la resolución es ineficaz, ilegal y que les crea problemas”.
Don Roberto espera que su hijo salga bien librado, “yo prefiero que se venga, si no es para tanto tener que estar aguantando vivir como fugitivo, aquí no va a tener los lujos que tiene allá, porque aquí cosas que allá son normales aquí son lujo”, además considera que es mucha presión para un muchacho de 22 años que “anda en lo mejor de fiestiar y buscar novia”. Don Roberto, tenía 5 años de no visitar a sus hijos, en su viaje anterior dice que no sintió que “las cosas estuvieran tan difíciles”, y espera que no sigan empeorando.
Los dos hijos mayores de don Roberto ya han formado sus familias, uno “está casado una salvadoreña de Sensuntepeque y el otro con una nicaragüense”. Dice que se siente tranquilo por ellos porque “el TPS les garantiza vivir sin problemas”, pero cada vez que se va terminar viene el “rechinar de dientes hasta que dicen que lo van a renovar”.
Aunque la resolución es clara en su contenido, el presidente de la junta de gobierno de Prince William, Corey Stewart, alega que la gente se ha hecho un "concepto equivocado" de la resolución, que tan sólo pretende solucionar los problemas de "superpoblación en casas y escuelas, y deportar a aquellos inmigrantes indocumentados que son violentos y peligrosos". Para Don Roberto la realidad es que su hijo deberá cuidarse las espaldas y si fuera posible, “hacerse invisible” a los ojos de la autoridad.
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