Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) parecen ser el eje del conflicto desatado en los últimos días entre Colombia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, y lo son de manera secundaria. Lo que hay de por medio parece ser mucho más, y en ocasiones mucho menos: la búsqueda de enemigos externos que puedan dar a los respectivos gobiernos una legitimidad que han perdido o que no han logrado consolidar.

Lunes 10 de marzo 2008
Rafael Menjívar Ochoa, escritor salvadoreño
redaccion@centroamerica21.com

RAFAEL MENJÍVAR

El caballo de batalla de todos es la violación por los otros del derecho internacional, y en el estira y afloje se trata de limitar sus alcances a la paja en el ojo ajeno, ignorando la viga en el propio.

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, no debió ordenar el ataque aéreo en el que, entre otros, murió el “segundo” de las FARC, Raúl Reyes, ni el posterior ingreso de soldados de su país a Ecuador para comprobar los resultados. Eso cae por su peso.

En las primeras horas, pareció que el gobierno del ecuatoriano Rafael Correa actuaría con cierta “moderación”, y que el asunto no pasaría de alguna nota diplomática severa. La reacción inmediata del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cambió el panorama: acusó a Uribe de criminal, de haber asesinado a un “hermano” revolucionario, ordenó que se retirara su misión diplomática de Bogotá y ordenó el envío de diez batallones a la frontera con Colombia, con lo que se ponía en pie de guerra.

Correa endureció entonces su posición y unos días después el presidente nicaragüense, tras una visita del canciller ecuatoriano, rompió relaciones diplomáticas con Uribe, en solidaridad con Quito.

Según la letra de acuerdos y convenciones internacionales, el ejército colombiano no debió atacar a nadie dentro de territorio de Ecuador, y mucho menos enviar tropas. Lo que resulta más difuso es si se puede considerar como una agresión hacia Colombia la existencia de bases de gente armada y activa que actúa cotidianamente contra el país atacante. Es difícil suponer que Quito no estuviera enterado de que las FARC se mueven entre Colombia y Ecuador con comodidad, bien armados, y probablemente desde allí realicen ataques, secuestros, movimientos tácticos y estratégicos.

La reacción de Chávez fue desmesurada: entró en estado de guerra con su vecino por un asunto que, en principio, no le competía; quizá lo hizo en el marco de “espíritu bolivariano” –así Colombia sea parte de él–, pero lo más probable es que se curara en salud, y que pusiera la pólvora como medicina preventiva. Sus primeras declaraciones fueron para decir que no permitiría que Colombia atacara territorio venezolano. Lo segundo fue rendir homenaje a Reyes y declarar que las FARC son un grupo revolucionario al que reconoce y apoya en contra del gobierno de Uribe, al cual acusó de tener lazos con el narcotráfico, con los paramilitares y un largo etcétera.

En su tosca diplomacia, Chávez estaba reconociendo que en su territorio actúan fuerzas de las FARC, y el gobierno de Colombia de inmediato mostró evidencias del apoyo de Caracas al grupo armado. Quedó aún más en evidencia que las acciones “humanitarias” de Chávez para liberar rehenes tienen doble filo; sus palabras a favor de las FARC son otra virtual declaratoria de guerra contra Colombia, por interpósita guerrilla. Y en el frente externo, además de la amenaza que significa poner un montón de soldados listos para el combate, ha cerrado filas con Ecuador –que no parecía tener intenciones de llegar a tanto– y ahora se suma Nicaragua.

Llamó la atención que la Organización de Estados Americanos (OEA) declarara que se violó la soberanía de Ecuador, pero no condenara el ataque armado de Colombia. Los países cercanos al gobierno de Venezuela lo atribuyen a que Uribe es un “títere” del gobierno estadounidense, a su carácter derechista, a sus presuntas ligas con el narcotráfico y los paramilitares. Si se piensa en otros términos, la actitud de la OEA incluso es prudente: puede ser también condenable que Ecuador y Venezuela presten su territorio para los ataques contra Colombia, que desde allí se planeen y ejecuten acciones militares y secuestros, etcétera.

Ante el público, no se trata de quién agredió a quién, ni bajo qué circunstancias, sino quién “violó más” el derecho internacional, y va “ganando” Uribe, en tanto su acción fue de mayor envergadura. Además, su capacidad de hacer ruido no se compara con la de los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Nicaragua juntos, más los que puedan acumularse en los próximos días.

No es que Uribe esté en lo correcto; no lo está. Si lo que buscaba era poner en evidencia que hay un aparato de apoyo externo a las FARC, lo ha logrado, a un costo alto. Los gobiernos de Venezuela y Ecuador, y ahora el de Nicaragua, le apuestan a obtener beneficios propios; el patriotismo, el internacionalismo, el apoyo a los débiles, siempre son capaces de aumentar el rating de políticos que han perdido o no han logrado el apoyo que necesitan. El ejemplo de siempre es Galtieri con la guerra de las Malvinas. También muestra lo que ocurre cuando los cálculos salen mal.

¿Y las FARC? En lo suyo: el secuestro de personas convertido en industria, una guerra que casi se limita a ataques contra paramilitares –con altas consecuencias para la población civil–, ligas con el narcotráfico –como todos los sectores colombianos, paramilitares incluidos– y un objetivo estratégico que se perdió en el camino hace muchos años. No son ellas el motivo, sino el pretexto, y no necesitan de hacer más de lo que hacen para jugar bien su papel.