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Ricardo Esmahán:
“La salida es la ley de arrendamiento de tierras”


El aumento en los productos de la canasta básica ha abierto un debate sobre el agro salvadoreño. Hacer frente a la crisis alimentaria mundial y aprovechar la demanda internacional de productos requiere que el país se replantee varios factores esenciales para fortalecer la productividad del sector agrícola nacional. El régimen actual de tenencia de la tierra es uno de esos temas.

Centroamérica 21 conversó con Ricardo Esmahán, presidente de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO) sobre las propuestas de la gremial para enfrentar la crisis actual.



Lunes 7 de abril 2008
Daniel Castillo
redaccion@centroamerica21.com

 

Ing. Ricardo Esmahán, presidente de CAMAGRO

En 1970 se emitió en El Salvador la ley de arrendamiento y riego, y a inicios de la década de 1980, mientras El Salvador veía calentar un prolongado conflicto armado, se instituyó la reforma agraria y, con ello, las fronteras agrícolas.

Muchos de los dueños de las tierras explotaron a sus trabajadores, como una forma de paliar la coyuntura. Poco a poco, el quehacer agrícola iba llegando hasta un abandono casi total, obligando a los campesinos e indígenas, quienes trabajaban el campo, a buscar nuevas rutas, otras formas de trabajo que les garantizara las condiciones mínimas de supervivencia.

El éxodo masivo de trabajadores del campo, en muchas ocasiones acompañados de su grupo familiar, hacia las zonas urbanas era la única alternativa para lograr subsistir. La defensa de la tierra y la reactivación del agro se convirtieron en los discursos favoritos de los brazos políticos de las fuerzas bélicas de la época conflictiva del país.

Con el recrudecimiento de las acciones militares, lejos de originar un aporte efectivo a la reactivación del agro, el resultado fue el abandono casi total de la tierra. Después de los Acuerdos de Paz, uno de los principales acuerdos fue la reactivación agrícola, muchas instancias y organizaciones estatales nacieron, con el fin último de contribuir a volver rentable nuevamente el campo; una de ellas fue el Banco de Tierras, ente estatal que se encargaría de legalizar la tenencia de la tierra, para que los campesinos y los desmovilizados de guerra pudieran trabajar su propia tierra.

Pero esto fue un rotundo fracaso. Por decreto legislativo, se cerró el Banco de Tierras, dejando a muchos propietarios de tierras en la incertidumbre, sin poder resolver su situación legal.

Durante la gestión del Presidente Francisco Flores, gracias a un préstamo millonario a alcanzado a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en beneficio principalmente el sector cafetalero el cual fue la base de la pujanza agrícola del país en el pasado.

Entre discusiones de todos los colores, el tema del a tenencia de la tierra continúa vigente. Sobre el tapete han quedado muchas interrogantes, especialmente las vinculadas a la legislación salvadoreña. El artículo 105 de la Constitución destaca que “l a extensión máxima de tierra rústica perteneciente a una misma persona natural o jurídica no podrá exceder de doscientas cuarenta y cinco hectáreas… Las tierras que excedan la extensión establecida por esta Constitución podrán ser transferidas a cualquier título a campesinos, agricultores en pequeño, sociedades y asociaciones cooperativas y comunales campesinas”.

Según Antonio Cabrales, presidente de La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), “en países como Honduras uno siente que no hay frontera agrícola, mientras en El Salvador es importante hacer algunas reformas. Aquí el problema es que somos un país pequeño, con pedazos pequeños”.

Entidades como el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) señalan que es necesario reducir la tenencia de tierras a fin de lograr un mejor manejo de la producción agrícola y una “distribución justa” entre los “pequeños productores campesinos que al final son los que siembran y producen”.

Según representantes del CESTA, la extensión máxima de tierras perteneciente a una persona debería bajar de las actuales 245 hectáreas a 100, lo que implica la modificación del artículo105 de la Constitución.

Otro de los temas que siguen generando controversia, a pesar de ser una alternativa para enfrentar la crisis de los precios de los granos básicos, es el caso de los productos transgénicos.

Ricardo Esmahán, presidente de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO) considera que el tema de los transgénicos y de la biotecnología puede ser una herramienta viable para que los agricultores mejoren sus cultivos. De igual forma, Esmahán considera que es importante resolver el tema estructural de las tierras para no llegar a una crisis en el sector agrario.

- El Salvador tiene una limitante que es la falta de tierras para producir una mayor cantidad de granos básicos. ¿Qué medida debe tomar el país ante el delicado momento que vive?

-Existen 4 factores fundamentales en una situación como la salvadoreña. La primera es la tierra, la segunda es el agua, luego está la tecnología; y luego, por la situación de la tenencia de la tierra, está el tema asociativo, que se vuelve indispensable.

En cuanto a la tierra, en el país tenemos una limitante en cuanto a la tenencia de la tierra. Si lo vemos a nivel nacional veremos que tenemos una propiedad totalmente atomizada; si nos subimos a un helicóptero podremos ver ciudades con forma de crucigrama de minifundios. Lo que estamos buscando son dos cosas; al igual que estamos debatiendo actualmente la conveniencia o no de aplicar tecnología en nuestra agricultura, también tenemos que debatir la conveniencia o no, si el espíritu del legislador constituyente sigue vigente en cuanto a la limitante de la tenencia de la tierra o El Salvador está en otra proyección.

-Esto es un problema antiguo. ¿Se puede modificar a estructura de la tenencia de la tierra?

-Eso quizá va a tocar una cuestión política de la cual no vamos a sacar nada, y la tierra es un problema estructural que tiene el país para llevar inversiones de diferente escala en la agricultura salvadoreña.

Ahora, hay otra alternativa que está planteada en la Asamblea Legislativa en el 2005, que es una ley de arrendamiento de tierras, y está guardada en la gaveta del congelador. Eso no deja de ser un parche, creo que el verdadero debate es la reforma constitucional, y en la actualidad no podemos quedarnos entrampados.

Tenemos que resolver el tema estructural de las tierras si queremos aprovechar al más corto plazo, si queremos aprovechar la coyuntura que estamos teniendo en la agricultura; si no, vamos a ver pasar el tren nada más.

-¿Qué hay de nuevo con respeto a los artículos de la Constitución ?

-Con la Constitución no hay ahora un ambiente en el cual se pueda debatir eso. La salida es la ley de arrendamiento de tierras. Creo que podemos tener ese parto más rápido que pasar toda la vida preñados con el tema de la tenencia territorial.

-Viene el conflicto armado en el 69 entre Honduras y El Salvador y a muchos salvadoreños se les negó la posibilidad de producir muchas tierras. Días atrás el presidente Zelaya pidió a los agricultores salvadoreños invertir en tierras hondureñas

-Uno tiene que verse adelante, tenemos una coyuntura frente a nosotros y tenemos que ser propositivos. Los salvadoreños tenemos casi 400 mil manzanas de tierra ociosa que tienen el más increíble acceso. Distinto pasa en Nicaragua y Honduras, tanto para llevar sus insumos agropecuarios como para que retirar su producción.

Ahora, hay que imaginarse que El Salvador no quiera resolver sus problemas estructurales de tierra por sesgos políticos, entonces tenemos que buscar alternativas que trasciendan nuestras fronteras y nuestras tierras para poder darle una respuesta a la coyuntura mundial.

-¿Son vitales la tecnología y la asistencia técnica para que el agricultor pueda seguir apostándole a una mejor producción de los granos básicos?

-Sin tecnología va a ser bien difícil lograr nuestra capacidad de transferencia de tierras. Aquí la mayoría de presupuesto, que es lo que menos se tiene en agricultura, está destinado a salarios. Para que de verdad tengamos una oportunidad de aprovechar esto y de destinar recursos para tener agencias de asistencia técnica y acompañamiento o asistencia tecnológica necesitamos recursos.

Por ejemplo, Argentina tenía nuestro problema en el año 2000, en el cual el 95% del presupuesto del CENTA en Argentina estaba destinado a salarios. Hicieron una ley donde todas las importaciones que cobran arancel, el 5% va como presupuesto al CENTA de Argentina. Y han tenido un cambio tan notorio que han tenido la capacidad de acompañar y de asistir a los agricultores de la mejor forma.

Nosotros, por ejemplo, en la política agropecuaria centroamericana propusimos eso, en el sentido que si mirábamos un TLC, en donde ya comprometimos esos aranceles, y tenemos una negociación con Europa, vemos que el cobro de aranceles no es una política prioritaria en los países centroamericanos y proponíamos no un fondo en base a todos los productos como hace Argentina, sino todos aquellos productos agrícolas que tenemos que importar para complementar nuestra seguridad alimentaria, y no tuvimos eco. Entones ahí está que nos pongamos de acuerdo, incluso como región, hoy que tenemos esta coyuntura.

-¿Fueron la reforma agraria o la guerra, en la década de los años 80, un obstáculo directo para la agricultura nacional?

-Cuando mencionaba que debemos reformar la constitución, es importante decir que estos cambios legislativos que proponemos deben hacerse mientras no se afecten jamás a los que se beneficiaron con la reforma agraria o los beneficiarios de las cooperativas. No queremos tomarles nada a ellos. Simplemente es ver hacia adelante y todo lo que tenemos ahí, todas las personas que quieran vender su tierras, que ya no quieren trabajar la agricultura, que les permitan a los inversionistas que de verdad quieren sacar adelante ese negocio en la región y en el país y que lo podamos hacer de forma legal.

-Otro sector que está involucrado es el de la construcción. Muchas tierras que antes eran de cultivos, se han sustituido por grandes urbanizaciones.

-En ese caso, sobre todo en tierras que antes eran de café, la solución es ordenamiento territorial. Los que más están sintiendo la presión del ordenamiento territorial son las granjas pecuarias. Hemos encontrado, por ejemplo, granjas porcinas que tienen 30 años de estar en un cantón, sin permisos, y de repente se empieza a urbanizar alrededor de la granja. Los vecinos dicen que no les gusta cómo huele por ahí y piden que se cierre la granja. Entonces creo que debe haber un ordenamiento territorial. Las tierras con vocación agrícola tienen que ordenarse para que no sean usadas por proyectos de urbanizaciones.

- Junto a eso viene la apatía de algunos campesinos que ya no quieren trabajar las tierras.

-Le aseguro que si hubiera una ley de arrendamiento de tierras no van a tener la necesidad de venderlas a constructores sino a gente que quiera invertir en negocios agropecuarios.

Tenemos que buscar alternativas para reactivar esas tierras y generar más empleo y llevar a la agricultura a un mejor nivel y a una mejor escala.

-¿Peligra en la actualidad la seguridad alimentaria y el desarrollo de programas como Escuela Saludable y Red Solidaria?

-A medida que nos volvamos más competitivos, con temas como tecnología, que tengamos opción de asociatividad para comprar nuestros insumos más baratos, por volumen y vender nuestros productos al mercado de la mejor forma por volumen, vamos a seguir teniendo la posibilidad de seguir contando con programas como esos.

-¿Qué tanta apertura existe en la actualidad sobre el tema de los transgénicos y de la biotecnología?

-En Suramérica y los Estados Unidos se están usando biotecnologías; lo que sucede es que aquí hay falta de información y de conocimiento. En El Salvador es necesario llevar este tema al debate, si es factible o no implementar este tipo de biotecnologías. En CAMAGRO creemos que sí es factible, porque es una herramienta que les vamos a dar nuestros agricultores, con socios como México o los Estados Unidos, para mejorar nuestros cultivos.

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