Si algo se ha visto hasta ahora, en la campaña electoral en curso, es un intento de adoptar formas de comportamiento político distintas a los procesos anteriores, de reposicionar a los partidos y de ofrecer algo diferente a la polarización irracional que vivimos en 2004.

Lunes 7 de abril 2008
Rafael Menjívar Ochoa, escritor salvadoreño
redaccion@centroamerica21.com

RAFAEL MENJÍVAR

Todo eso estaría bien de no ser por la falta de rumbo claro de los partidos –el ejemplo extremo es la “tercera vía” que está tratando de formarse–, el hecho de que aún no haya propuestas claras para un futuro gobierno y, sobre todo, la evidente ilegalidad de la propia campaña.

Según las leyes respectivas, faltan varios meses para que pueda darse el pitazo de salida a la campaña electoral. La letra indica que, mientras no se pida explícitamente el voto, no hay ilegalidad. Pero las regulaciones son mucho más que letra, y ahora Rodrigo Ávila se suma a Mauricio Funes en adoptar un tecnicismo que viola el espíritu de las leyes.

Es evidente, para quien quiera hacer la interpretación necesaria, que Funes y su compañero de fórmula, Salvador Sánchez Cerén, llevan meses pidiendo implícitamente el voto de los electores y, si en algo se han puesto de acuerdo la derecha y la izquierda, es en ignorar normas que algún sentido tendrán, y en todo caso están allí para ser cumplidas. Refugiarse en un tecnicismo puede mostrar mucho del carácter de los candidatos y los partidos que los promueven.

Otro de esos “tecnicismos”, visto a futuro a partir de la experiencia reciente, puede surgir del hecho de que Ávila haya tomado posesión de la máxima posición del COENA de ARENA. Si se presupone buena voluntad, podría tener sentido el control del candidato sobre su partido; evita dispersiones, mitiga las pugnas y coloca toda la estructura en función del triunfo electoral, es decir: de la continuidad de un proyecto.

Sin embargo, si el candidato conserva el cargo de presidente del COENA en caso de triunfar, pondría en cuestión ya no sólo las regulaciones referentes a la convivencia política, sino el carácter mismo del estado. Es lo que ocurrió, hasta hace muy poco, con la doble función de Elías Antonio Saca como presidente del país y de su partido.

No sólo se trata de que el presidente deba gobernar para todos, o de que haya conflicto de intereses porque pensará en función partidaria antes que en su carácter de gobernante del país. El asunto es mucho más profundo.

El sueño de todo gobernante es ejercer su cargo sin interferencias, por ejemplo sin el control del órgano legislativo. En un sistema republicano, los poderes del estado crean un cierto equilibrio que garantiza algún ejercicio democrático.

Si el presidente de la república controla su partido, y visto que –en el caso salvadoreño– sólo a través de los institutos políticos se puede llegar a cualquier cargo de elección popular, no sólo ejercerá el Poder Ejecutivo, sino que también tendrá fueros para dar instrucciones a los diputados que sean miembros de su partido, y algo de influencia habrá sobre integrantes del Poder Judicial.

No hay un caso de inconstitucionalidad flagrante, pero el sentido común y la práctica indican que hay una ruptura del sistema institucional vigente. Un “tecnicismo” y hemos tenido, en los últimos años, y quizá lo tengamos después, a una sola persona controlando por lo menos dos de los órganos básicos del estado, y parte del tercero. Aun sin alegar inconstitucionalidad, hay la ruptura de un orden diseñado para evitar el control de una sola persona –o un sector de un partido– sobre todos los órganos del estado.

Como siempre, ante la tácita o explícita connivencia de los partidos mayoritarios, existe la tentación de buscar algo de sensatez o equilibrio en otra parte, en esa “tercera vía” de la que tanto se ha hablado desde antes del inicio de la campaña del FMLN. Y lo que se halla es a un “centro” que trata de hacer las cosas al ritmo de los tiempos que ofrece la legalidad vigente, pero con una torpeza que no había mostrado en procesos anteriores.

Después de permanecer en un limbo del que nadie parecía querer sacarlo, y luego de que se anunciara como virtual candidato de una alianza amplia, Arturo Zablah se retiró oficialmente de una contienda en la que nunca estuvo metido, a pesar de ser un candidato de indudable peso.

La “tercera vía” ha entrado en una lógica de negociaciones que parecen ser un fin, más que un medio, sin un aparente objetivo estratégico. Pareciera que cada partido considera, nada más, la cuota de poder que le tocará, algo que no sería extraño en el PDC o el PCN, que de eso han hecho un modo y un medio de vida. Pudiera esperarse un poco más de Cambio Democrático –y quizá del FDR–, pero ha entrado en un círculo de intentos y fracasos que no sólo está dando al traste con su imagen –sería lo de menos–, sino con el carácter de “fuerza moral” que ha ostentado bajo diferentes nombres.

Y es probable que requiera de otro nombre si no sale de esa lógica; parece que el juego es, nuevamente, perder el registro, no hacer propuestas importantes para el país, que entre otros aspectos cuestione, con la práctica, los afanes puramente electoralistas de los partidos más grandes y el tipo de legalidad que se practica.