Nueve años se cumplieron desde aquella fatídica madrugada cuando Katya Natalia Miranda Jiménez, de nueve años de edad, fue violada sexualmente y asesinada en la playa Los Blancos, del departamento de la Paz , a escasos metros de donde se encontraba una veintena de familiares suyos, pernoctando en un rancho privado.

Sin haber sido esclarecido el hecho, ni hallado los culpables, el caso podría reabrirse merced a nuevos elementos de prueba que auguran una victoria para la justicia en El Salvador.


Lunes 14 de abril 2008
Héctor E. Benítez
Redaccion@centroamerica21.com

 

	Katya Miranda

Katya dormía en una tienda de campaña junto a su padre, Edwin Miranda, y su hermana, Gina Marcela, cuando la llevaron a la playa para violarla y asesinarla presionando su cabeza contra la arena.

Hasta el momento no se ha podido esclarecer, entre otras cosas, quién o quiénes lo hicieron, y cómo no se dieron cuenta de la sustracción y victimización de la menor ni Edwin, que entonces se desempeñaba como Jefe del Departamento Cuatro del Estado Mayor Presidencial, ni ninguno de los demás familiares –trece adultos en total- que se encontraban en el rancho.

Entre los ahí presentes cabe destacar al Sub – Comisionado Godofredo Adalberto Miranda Martínez (tío de la víctima), quien fungía como Segundo Jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), y otro tío, capitán en activo del ejército.

Las primeras hipótesis que manejó la Fiscalía General de la República (FGR), giraban en torno a que el hecho había sido realizado por un grupo de mareros de la zona comandados por un tal “Palo”, y que este grupo había sido contratado para realizar el crimen por Doroteo Maradiaga, un enemigo personal del abuelo paterno de Katya, el abogado Carlos Miranda.

	Carta de Hilda María Jiménez al Fiscal General de la República de El Salvador Licenciado Félix Garrid Safie Fiscalía General de la República Presente. Uno de los casos que más ha impactado a la sociedad salvadoreña, después de la guerra, es el asesinato y la violación de mi hija Katya Natalia Miranda Jiménez. Esos trágicos hechos ocurrieron entre la noche del 3 de abril y la madrugada del 4 de abril de 1999, mientras ella se encontraba de paseo en un rancho propiedad de su familia paterna ubicado en la Playa Los Blancos de la jurisdicción de San Luis, La Herradura, Departamento de La Paz. Resulta obvio que dicho crimen no pudo ser cometido por otra persona que no se encontrara al interior de dicha propiedad. Debido a que algunos de los sospechosos del mismo fueron sobreseídos por el Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) –entidad que me representa legalmente en El Salvador– le solicitó el 28 de enero de 2003 a su antecesor, Belisario Artiga, realizar nuevas diligencias de investigación sobre el caso que permitieran la correcta individualización de sus responsables y el posterior enjuiciamiento penal de los mismos (anexo copia a la presente petición). En vista de que dicha comunicación no fue atendida, el IDHUCA presentó otra demanda el 30 de abril de 2003. En ambas solicitudes se hicieron nuevas denuncias por los delitos de Violación, Agresión Sexual Agravada, Homicidio Agravado, Encubrimiento, Complicidad y Fraude Procesal contra todas las personas adultas que permanecieron en el entorno de mi hija Katya la noche de su muerte. Ninguna de estas comunicaciones ha sido respondida en cuatro años, tiempo que supera la estimación del “plazo razonable” según los parámetros de derechos humanos aplicables. Mientras tanto, la violación y el asesinato de mi niña junto al resto de delitos que favorecieron o facilitaron semejantes hechos y su posterior encubrimiento, continúan en la más completa y descarada impunidad. En esta ocasión, en mi calidad de madre de la víctima –después de una difícil y dolorosa búsqueda de justicia durante casi ocho años– le reitero el contenido de los escritos relacionados y le pido por primera vez que, como Fiscal General de la República, cumpla con las atribuciones constitucionales que le han sido encomendadas tomando en cuenta los derechos de las víctimas y la excesiva dilación del anterior Fiscal en el trámite de estas peticiones. Cuando Usted llegó al cargo manifestó –refiriéndose al caso de Katya– lo siguiente: “Voy a revisar todos los casos emblemáticos” (CoLatino, 26 de abril del 2006). Es el momento para demostrar con hechos su voluntad de actuar como es debido en el combate a la impunidad, especialmente porque faltan dos años para que prescriba la acción penal en el caso y se convierta en otro más donde por omisión se le niega justicia a las víctimas. En la espera de su respuesta a la presente, me despido. Atentamente, Hilda María Jiménez Molina

Sin embargo, en enero del 2000, fueron el padre y el abuelo de la pequeña contra quienes se levantaron cargos, por abandono y desamparo el primero, y violación sexual y homicidio el segundo; acusándose también a Luis Alonso López y Juan Francisco Ramos Rosales, los dos guardias que custodiaban el rancho, por el delito de encubrimiento.

La jueza de Instrucción de San Luis Talpa, que ventiló el caso , en octubre de 2000 decretó sobreseimiento definitivo para Edwin Miranda, y sobreseimiento provisional para los otros tres. El sobreseimiento definitivo para estos últimos se dio un año después, dado que la Fiscalía General de la República no presentó más pruebas de cargo.

En su momento, Hilda María Jiménez, madre de la víctima, y organismos como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), hicieron públicas las denuncias contra supuestos vicios acaecidos desde que se descubrió el cuerpo fenecido de Katya, hasta que finalizó el proceso abierto contra los cuatro imputados.

Irregularidades

Entre las irregularidades denunciadas, cabe destacar que los dos miembros de la PNC que primero llegaron al lugar de los hechos asumieron espontáneamente que estaban ante una víctima de ahogamiento, razón por la cual no impidieron que la escena del delito se contaminara (situación que se ha repetido en innumerables crímenes de diversa naturaleza, lo que evidencia falta de capacitación de la PNC ), y que el sub – comisionado Miranda, con su experiencia y cualificación técnica, permitiera que Edwin y Carlos se llevaran diversas pruebas materiales, como la tienda de campaña y la ropa de la menor asesinada.

Asimismo tanto Hilda María, como el informe de la PDDH y el del IDHUCA, cuestionan el accionar de la Fiscalía , entre otras cosas, “por la demora de la presencia fiscal en la escena del delito; así como la omisión ante los indicios de muerte violenta de la menor, en el sentido de ordenar la protección de la escena del delito y la solicitud de apoyo por parte de personal del Laboratorio de Investigación Científica del Delito de la PNC ” (Informe PDDH).

“Esta Procuraduría –prosigue el informe- consideró que el actuar negligente de la Fiscalía y la Policía afectó irreparablemente el desarrollo de la investigación del homicidio y violación de la menor Katya Miranda, dado que la inspección ocular en la escena del delito constituye un pilar fundamental de la investigación, por su carácter irreproducible y que en la misma se recaban las primeras evidencias tendientes a identificar al autor o autores del ilícito. Esta situación dificultó, en gran medida, la existencia de elementos de juicio para sustentar las hipótesis sobre la participación delincuencial en el caso”.

En la fundamentación del sobreseimiento, la Jueza de Instrucción expresa: “... en cuanto al delito de VIOLACIÓN EN MENOR E INCAPAZ, pudo haber un indicio en el ADN, pero por negligencia se perdió la posibilidad de saber el probable autor... no habiendo suficientes elementos para determinar la probable participación de CARLOS MIRANDA y consecuentemente tampoco la de los señores mozos…”. El informe de la PDDH también consigna que “... la Jueza manifestó que en autos de instrucción formal ordenó ciertas diligencias para aclarar la participación del señor Carlos Miranda, pero éstas no se realizaron por la Fiscalía General ”.

Debido a ello, la FGR fue acusada de negligencia, desidia y, según palabras de Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA, hasta de “mala intencionalidad” en todas aquellas situaciones que derivaron en la falta de condena para quienes hubieran participado en la comisión del delito en perjuicio de Katya Miranda.

Pero también la denuncia recae sobre la Jueza de Instrucción, a la que se le acusa de haber sido “tendenciosa y parcial”, obviando diversas pruebas presentadas, dándole ventajas a la defensa de los cuatro imputados (como aceptarles un anticipo de prueba luego de habérselo negado a la representación fiscal) y hasta faltándole el respeto a Hilda Jiménez, acusándola de haber sido ella la que abandonó a su hija –comentario que le valió una amonestación por escrito de la Corte Suprema de Justicia.

La Jueza cerró el caso el 15 de octubre del 2001, quedando el crimen impune, tal y como se encuentra hasta la fecha, y poniéndonos ello a pensar en la validez del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que, durante seis años consecutivos, viene diciendo que el sistema judicial salvadoreño es “lento, ineficiente y corrupto”.

Reapertura o prescripción

Pero a menos de un año para que el “Caso Katya Miranda” prescriba, se ha anunciado por parte de Hilda María Jiménez y de miembros del IDHUCA, que el próximo 13 de mayo se presentará una nueva demanda ante la FGR , apoyada por casi 50 mil firmas, para que el caso sea reabierto y se de con los autores del crimen.

Ante la duda que muchos se han planteado en torno a si se acusaría nuevamente a las cuatro personas que fueron exoneradas de cargos, un abogado penalista consultado por Centroamérica 21 expresaba que “nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito, pero, por ejemplo, el padre de Katya, que fue encontrado inocente del delito de abandono, podría ser juzgado por un delito diferente, como violación sexual u homicidio”.

Y, al parecer, hacia allí apunta el testimonio de Gina Marcela, hermana de Katya, que actualmente tiene 16 años de edad y se encuentra en Estados Unidos con su madre. El testimonio de Gina será, según Benjamín Cuéllar, la piedra angular de la acusación en contra de Edwin Miranda.

El mismo director del IDHUCA asegura que hay optimismo en las víctimas y la institución que él dirige debido a tres elementos que él puntualiza: “Uno, Gina Marcela, que ya está preparada para declarar... esa es una razón; la otra es que se está integrando una comisión multidisciplinaria que vendrá a investigar, y que estará conformada por un detective ya retirado del FBI, un periodista, un congresista de los Estados Unidos, la psicóloga que trabajó con Gina Marcela, y unas personas más...”.

Cuéllar asegura que esta comisión podría lograr, además de recolectar algunas pruebas, la declaración de por lo menos una de las personas de la familia Miranda que se encontraban en el terreno el día del crimen. Además, menciona el tercer elemento que los torna optimistas: “La actitud de la gente, que ha hecho suyo este caso y que ha entendido que no es político, ni es sólo por Katya Miranda, sino por todos los niños y niñas de este país que han sido víctimas de la violencia...”.

Y es que, de no resolverse el caso, El Estado salvadoreño se vería amenazado por una nueva condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sería una piedra de tropiezo en el proceso que lleva el país, para fortalecer la aun frágil institucionalidad que nace el año en que se firman los Acuerdos de Paz.

Encontrar a quienes violaron sexualmente y mataron a Katya Natalia Miranda y castigarlos por ello, permitiría a la FGR y al sistema judicial saldar una deuda pendiente con los familiares de la menor y con la justicia en El Salvador. Y tal vez empezaría este último a dejar de ser considerado “lento, ineficiente y corrupto”.