Jorge Meléndez
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Norman Quijano: “Si son incapaces de recolectar basura, ¿cómo pedirles que construyan un mercado?”

Jorge Meléndez:

-Hay un problema bastante claro con los vendedores. Llegan a acuerdos y luego no se pueden llevar a cabo. ¿Qué están haciendo al respecto?

-Sí, es una situación bastante lamentable que tenemos con ellos, porque un día llegan a un acuerdo y al día siguiente pueden decir totalmente lo contrario. Lo que decidimos ahora es que con cada uno de ellos hemos firmado un acuerdo y dejamos por escrito todos los detalles, con testigos, y también firman, de tal manera que nos proteja de ese tipo de situaciones, porque al final pareciera que la Alcaldía ha actuado de manera unilateral o de manera irresponsable y eso no es cierto.

-¿Por qué tanto problema con los vendedores? ¿Por qué no colaboran? ¿Está fallando el dialogo?

-No, yo creo que el problema básico es que este sector no parte de analizar objetivamente que ellos están usurpando un espacio público. Parten de la idea de que ellos tienen necesidades y por lo tanto consideran que es un derecho y eso no tiene ninguna base jurídica, ninguna base legal, ningún respaldo de derecho. El espacio público es de todos y no le puede pertenecer a un solo sector. No ven en absoluto los intereses de los otros, solo ven los propios intereses.

Entonces, el proceso de diálogo ha sido más bien un proceso de concientización de cuáles son los intereses que están implicados en el espacio público y que hay una legitimidad de los intereses del peatón, del comercio formal y la necesidad imperativa de resolver el grave problema del congestionamiento vehicular.

Sobre todo se va construyendo confianza en un sector que le tiene enorme desconfianza al Gobierno Municipal y central. Poco a poco se va logrando construir la base de confianza mínima, que después permita entrar ya en discusiones de posibles diseños de ubicaciones, y ya al final construir una idea consensuada con ellos.

-¿Cómo ha funcionado la comisión conjunta con el Gobierno Central?

-El tema del centro de San Salvador tiene cuatro problemas básicos: uno, el desorden de las ventas en la vía pública que generan basura, no permiten el tráfico libre en las aceras, no pagan impuestos, hay ruidos estridentes y obstaculizan el tránsito vehicular.

Dos, el congestionamiento del transporte colectivo, En este sentido, todos los expertos coinciden en decir que el problema de las ventas en las calles tiene que ver con dónde circula el transporte colectivo. Si el transporte colectivo disminuye, las ventas también no se concentran en un solo punto. Pero en esa área la Alcaldía no tiene potestad de ordenar, es responsabilidad del Gobierno Central y sin ellos no es posible diseñar el ordenamiento del Centro Histórico. Es una competencia legal del Gobierno Central y ellos nos obligan a nosotros a buscar esa coordinación.

-¿De qué manera se relacionan estas dos problemáticas, cómo buscarán hallarle solución a ambas?

-Si se colocan las cuatro grandes terminales que hemos dicho, las que vienen de oriente, occidente, del norte y el sur, y en el centro solo lo atraviesan pocas rutas. Es obvio que los puntos de venta serán las terminales, en torno a las cuales se pueden hacer grandes plazas de ventas o grandes mercados, centros comerciales populares, y tendríamos una ciudad ordenada.

-¿Cuáles son el tercer y cuarto problema?

-El tercer problema es el de la seguridad, y es que en el centro de San Salvador no solo hay desorden de las ventas, si no que se vende mercadería de contrabando y mercadería robada, y todo eso es un área que corresponde a los departamentos especiales de la Policía Nacional Civil (PNC), la de la investigación del delito, la de investigación de finanzas, la de seguridad pública, la división de tránsito. Esta es otra área que no podemos resolver si no es con la coordinación y participación del Gobierno Central.

El cuarto problema fundamental es el del manejo de la basura, el cual es potestad de la Alcaldía Municipal. Tenemos ya un esfuerzo central en el Centro Histórico: se recolecta la basura cuatro veces al día y sin embargo siempre hay basura en la calle, puesto que es un problema cultural, la gente come y se deshace de la basura en cualquier parte. Eso no es problema si lo hace una persona, pero como por el centro circulan 600 mil personas casi de manera permanente, son 600 mil personas tirando basura.

-¿Cómo ha funcionado esta coordinación?

-Hasta ahora es un ejercicio institucional muy importante puesto que el Gobierno Central y el Gobierno Municipal están gobernados por partidos políticos de ideologías muy disímiles y confrontadas políticamente. El ejercicio de coordinar institucionalmente es un aporte importantísimo al estado de derecho y al funcionamiento de un sistema democrático, porque es como poner por encima de intereses partidarios el funcionamiento institucional.

Entonces, por muy poco que funcione la comisión, el contenido político de carácter institucional que tiene la medida es muy importante. Afortunadamente está funcionando bien hasta el momento.

-¿En qué han avanzado hasta el momento?

-El proceso de ordenamiento de vendedores se le ha hecho bastante complejo a la Alcaldía, hay avances y retrocesos. Se va avanzando, pero a veces no con la celeridad que cualquiera quisiera que se diera. En el caso del gobierno con respecto al transporte, no es ni siquiera escaso el avance, es casi nulo, pero tienen la voluntad.

Por lo menos han empezado con algunas medidas operativas de dar vía y se comprometen a que una vez que nosotros ordenemos mejor las ventas en la calle Darío, ellos serían más estrictos en garantizar en que se ocupe el carril autorizado para los autobuses y en que se respeten las paradas. En el área de seguridad pública hemos coordinado más, aunque no es suficiente en el área de investigación de la División Especializada de Finanzas.

-¿Cree que el contrabando juegue un papel importante en el centro?

-La dimensión del contrabando es difícil saberla. Por eso decía que en el área de División de Finanzas de la PNC aún falta mejorar, porque desgraciadamente estas son cosas de nuestro sistema político.

En El Salvador lo que el funcionario puede hacer es únicamente lo que está facultado por ley para hacer, lo que no está facultado no lo puede hacer. A la Alcaldía y al Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), la ley no les faculta a investigar el delito. Entonces, aunque esté en frente el problema, lo único que podemos hacer es informar a la PNC, lo cual hacemos. Le entregamos la información, pero ya depende de la Policía y de la Fiscalía que esto se investigue a fondo.

Esperamos que en la medida en que vayamos coordinando y trabajando se empiece a concretar más.

-¿Al combatir estos cuatro ejes cree que va a haber un verdadero reordenamiento del Centro Histórico?

-Yo estoy seguro que va a haber un verdadero reordenamiento, pero tiene que ser un acuerdo nacional. Aunque también el pueblo salvadoreño tiene que estar consciente que el problema no se va a resolver de manera automática o de manera mágica.

Es un problema complicado que se ha dejado acumular durante muchos años y tiene que tener una orientación estratégica. En esto es fundamental recuperar todo lo que hasta el momento el país ha trabajado sobre este tema del reordenamiento urbano y las ventas.

Nosotros estamos retomando toda esa elaboración técnica y teórica que se ha hecho sobre el Centro Histórico y estamos ahora procediendo con nuevas medidas, actualizando ese bagaje y estamos solventando un vacío enorme que hubo en el pasado que era la no participación del Gobierno Central.

-Otra de las problemáticas que existe en el centro es que el comercio formal paga impuestos y los vendedores informales no, pero Pedro Julio Hernández (uno de los principales representantes de los vendedores), dice “Nosotros estamos dispuestos a pagar impuestos”.

-Decir no es lo mismo que hacer, lo que se requiere para pagar impuestos es someterse a las regulaciones, es decir someterse a un proceso en el cual el espacio que usted esté ocupando sea autorizado por la municipalidad, y el señor Pedro Julio lo que quiere es que no se toque en absoluto a nadie, que se quede todo como está y que así se cobren los impuestos.

Además, resulta que con las visitas que nosotros hacemos periódicamente va quedando en evidencia que hay personas que tienen hasta diez puestos y que lo que hay en cada puesto son empleados y eso no puede permitirse, porque el espacio público es de todos y si alguien puede tener la capacidad de tener diez puestos que pague un local, en cualquier edificio formal, que pague sus impuestos y que compita como compiten el resto de comerciantes.

La supuesta causa de estar vendiendo en la calle es la pobreza y eso no es en ninguna manera pobreza, eso es explotación.

-¿Por qué no sacar a estas personas que están usurpando el espacio público, sobre todo si no tienen tanta necesidad como ellos dicen?

-Nosotros estamos siguiendo un proceso, incluso con él (Hernández), de ir discutiendo, pero obviamente habrá un momento en que se le pondrá un plazo y decirle: mire vamos a hacer esto con o sin su voluntad.

Pero eso es lo que nosotros no quisiéramos llegar a decir, porque eso implica el uso de medidas represivas y eso puede desembocar en situaciones indeseables. No obstante, estamos ahora dándole su espacio y discutiendo para que él entienda que la Alcaldía y el Gobierno en ningún momento actúan de manera caprichosa y pretendiendo dañarlos.

Nosotros tratamos de representar todos los intereses, pero algo que sí nos dice nuestro cargo es que hagamos cumplir la ley, de ahí que un día tengamos que decir: bueno, independientemente de su voluntad nosotros vamos a proceder a administrar.

-¿Cree que esto tiene que ver con la comodidad?

-No, esto tiene que ver con intereses. Por supuesto que una persona que tiene diez puestos, que no paga impuestos, que está en un lugar privilegiado para que le compren, además de ser una competencia desleal es también muy enriquecedora en términos financieros, y luego ser dirigente de una cantidad grande de personas a las cuales se les cobra una cuota.

Tenemos conocimiento de que es cobro oneroso. Nos han hecho denuncias que nos dicen: “a nosotros Pedro Julio nos cobra dos dólares diarios”, las tenemos grabadas, firmadas y escritas. Y por qué razón les cobra eso, las calles y las aceras no son propiedad del señor Pedro Julio, y él no paga ningún centavo por ello y no da ningún mantenimiento por ello.

Esa es una situación totalmente anómala, pero yo entiendo que si yo estoy recibiendo mucho dinero por ese desorden, lo menos que quiero es que se ordenen las cosas, creo que ese es el caso del señor Pedro Julio. En esta situación de desorden él se beneficia, se lucra.

-Pero el señor Pedro Julio asegura que el problema de los vendedores es estructural, no cosmético ¿Cómo lo ven ustedes?

-Eso es lo que dice la Alcaldía, que no se trata de un problema de carácter superficial, es un problema de carácter estructural, de personas que se ganan la vida de esa manera, por eso es que no estamos buscando terminar las ventas en la calle, si no tener regulación del ejercicio del comercio de la vía pública.

En cierta forma ellos son prisioneros de los grupos de presión de las organizaciones y eso es una extorsión, por supuesto que no es problema estético, ese es un problema más grave.

El Estado y el Gobierno tiene que ser más responsables y a esas personas que están ejerciendo el comercio les tenemos que dar seguridad jurídica, y tenemos que romper ese lazo de extorsión y de presión que le establezca cualquier asociación llámese como se llame.

-Pero, estamos hablando de 27 mil vendedores. Es un problema complejo...

-Sí, pero ese dato no se puede comprobar. Algunos llegan, otros se van y otros son empleados de otros. Nosotros hemos conocido de tres datos diferentes: uno de 15 mil, otro de 17 mil y otro de 27 mil.

Nosotros hemos optado por quedarnos con el dato de 15 mil porque lo hemos sacado sobre la base de contar a los vendedores en una buena cantidad de cuadras, y después hacer una proyección, pero eso no deja de ser un cálculo, creemos que es el cálculo que más se aproxima a la realidad, porque el otro dato no sabemos de dónde lo han sacado.