¿Constitucional o inconstitucional?

El fideicomiso entre el sí y el no

	Héctor Dada y Óscar Katán, diputados de Centro Democrático

Ocho anteproyectos de ley anunciados por el presidente Elías Antonio Saca el uno de junio fueron enviados a las respectivas comisiones para estudiar su aprobación, durante la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa del jueves pasado.

Entre las iniciativas se encuentran un fideicomiso para financiar, con 350 millones de dólares, los rubros de educación, seguridad y paz social. Este cuerpo de ley pasó a la Comisión de Hacienda en medio de severas dudas sobre su legitimidad constitucional.

Las discrepancias entre funcionarios, diputados de ARENA y los partidos de oposición giran en torno a si el fideicomiso emite o no deuda pública, es decir si representa una responsabilidad del Estado salvadoreño de pagar a los inversionistas.

Según la Constitución Política de El Salvador la única forma de aprobar el endeudamiento público es a través de dos tercios del parlamento, lo que equivale a 56 votos y se denomina como mayoría calificada.

Representantes gubernamentales y del partido oficial han dicho, en diferentes declaraciones a los medios de comunicación, que la iniciativa es absolutamente constitucional y que se trata de una inversión, en lugar de la emisión de una deuda.

Según el discurso del presidente Saca, la medida es una vía alterna para financiar los proyectos gubernamentales que, dada la sistemática negación por parte del FMLN para la aprobación de préstamos, han tenido un retraso de 18 meses en su implementación.

Con esta iniciativa de ley, el Ejecutivo no necesitaría la aprobación con mayoría calificada por parte de la Asamblea Legislativa para implementar el fideicomiso, y únicamente requeriría de 43 votos. Hacienda ha declarado que el recurso es legal y no existen intenciones de violentar la Constitución , como afirma la oposición política.

Mientras tanto, los partidos de izquierda y de centro izquierda FMLN y Cambio Democrático, declaran que la medida es una carga más para el fondo nacional y, por ello, necesita la aprobación de la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa. Esquivar al primer Órgano del Estado, agregan, es una muestra autoritaria en el ejercicio del poder.

ARENA se defiende

El fideicomiso propuesto por el presidente Saca consiste en la emisión de certificados de valor, cuya recaudación pretende completar 350 millones de dólares, que serán destinados para la inversión en educación y seguridad.

	Eduardo Zablah, secretario t écnico de la Presidencia y William Hándal, ministro de Hacienda

Según el ministro de Hacienda, William Hándal, el fideicomiso presentado contempla una invitación abierta a la inversión por parte de cualquier persona natural o jurídica, a través de los mecanismos normales de los mercados de valores. Agregó que se trata de una inversión clara y definida de parte del Ejecutivo, que no busca endeudar al país.

“Los certificados serán de distintas denominaciones, desde muy pequeños hasta muy grandes, de manera que podamos tener diferentes compradores invirtiendo”, puntualizó el funcionario, al mismo tiempo que afirmó que podrían ir desde 20 dólares hasta 50.

Hándal señaló que estos certificados ya estaban destinados a ser financiados por el fondo público. “Son proyectos que ya hemos presentado antes a la Asamblea Legislativa , en nuestra búsqueda de financiamientos multilaterales”, explicó.

De hecho, la Ley de Bonos emitida para el Fondo de Pensiones en septiembre del año pasado, utiliza la misma figura del fideicomiso propuesto para seguridad y educación.

Según el ministro, esta forma de financiamiento de proyectos, a través del dinero que puedan percibir independientemente las autónomas, es una forma legal que tienen los gobiernos para gestionar sus políticas públicas.

“Esta emisión de certificados, básicamente podríamos compararlos como que si fueran los préstamos que se perdieron en la Asamblea ”, aclaró.

Oposición lo ve como endeudamiento

Una de las principales críticas que hacen los detractores de este fideicomiso es que el presidente Saca había anunciado, en septiembre de 2006, que los fondos que se invertirían en 2007 en escuelas, personal médico, policías y carreteras saldrían de la recaudación del Estado y de los financiamientos puestos en marcha. Tales intenciones, señalan, no se estarían cumpliendo si se aprobara el fideicomiso.

Salvador Arias miembro de la Comisión de Hacienda por parte del FMLN, declaró a Centroamérica 21 que el único fondo que tiene dicha iniciativa para pagar los bonos que se emitan es lo que el Estado pueda otorgarle a través del ministerio de Hacienda.

“Este anteproyecto de fideicomiso, en sus primeros artículos, establece que su patrimonio, su fuente básica, es lo que el Estado le de a partir del presupuesto general de la Nación ”, aseguró el efemelenista.

Héctor Dada, jefe de fracción del CD, afirmó que existe una contradicción entre lo que declaran los funcionarios gubernamentales. Menciona que aunque no existe una aceptación explícita del gobierno salvadoreño de hacerse cargo del pago de los certificados emitidos, dicha responsabilidad puede inferirse a partir de las declaraciones brindadas por el secretario técnico de la presidencia, Eduardo Zablah.

Zablah, declaró en un programa de entrevistas matutino, que el fondo destinado para el pago de los bonos estaría formado por las contribuciones de los inversionistas y de un presupuesto inicial de 10 millones otorgado por el gobierno de El Salvador.

Además, señaló que la previsión de inversionistas extranjeros en el fideicomiso es una clara muestra de la confianza que tienen los títulos emitidos por el gobierno salvadoreño.

“Los certificados a emitir son muy atractivos para cualquier inversionista. El gobierno de El Salvador es un buen pagador y los instrumentos salvadoreños son apetecidos en los mercados internacionales”, recalcó.

Para el diputado Dada, esta afirmación es una aceptación implícita de que se trata de una deuda más para el erario público. “Por ley, el Banco Multisectorial no es responsable del pago y el Estado no puede, por ser buena gente, decidir pagar una deuda legal. Si no es deuda no le compete, no tiene por qué pagar”, dijo el parlamentario, para argumentar el por qué consideran que la deuda corre a cuenta del Estado.

Decisión recae sobre Sala de lo Constitucional

La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional sería la encargada de dirimir la constitucionalidad o inconstitucionalidad del fideicomiso anunciado por Saca en su discurso de tercer año de gestión.

Salvador Arias, por parte del FMLN, afirmó, el jueves pasado, que presentarían un recurso para declarar ilegal el fideicomiso en cuanto fuera aprobado. Mientras tanto, informó que durante el transcurso de la presente semana presentarían una petición de inconstitucionalidad sobre de la ley de pensiones emitida en septiembre del año pasado.

“Parece que es la única ruta alterna que se le ocurre al Ejecutivo. El país no puede seguirse endeudando, por mucho que ellos digan que se trata de una inversión”, puntualizó.

El titular de Hacienda, William Hándal, por su parte, cuestionó la autoridad moral del FMLN para poder decir que se trata de entrampar al país con los préstamos. “ Yo cuestiono la autoridad moral de poder decir que hay una trampa, cuando ha habido un bloqueo sistemático de los proyectos de inversión social con cualquier argumento falaz, con cualquier mentira y con cualquier pretexto”, remató el funcionario.

A su vez, enfatizó que el gobierno de cualquier país está facultado para financiar sus proyectos a través de las instituciones autónomas que estén en disposición.

“ No hay ningún intento de sobrepasar ningún tipo de control, porque las instancias que deben controlar son los entes controladores, es el Ministerio de Hacienda en su momento con el presupuesto, es la Corte de Cuentas y son los mecanismos de auditoría y todos ellos están presentes en este fideicomiso”, aclaró.

Por su parte, el diputado Oscar Katán, del CD, fue más tajante en sus declaraciones al afirmar que la pretensión de saltarse la Asamblea Legislativa , por parte del Ejecutivo, representa un golpe recio a la democracia salvadoreña.

“Irrespetar las instituciones que están siendo los cimientos de la democracia es un claro mensaje de que le estorba la Constitución y la oposición”, advirtió.

El partido de centro izquierda también señaló que el fracaso de las cúpulas partidarias en lograr acuerdos en temas esenciales para el país, no puede justificar en ningún momento la violentación institucional. Para el diputado Katán, “no se trata de decir: los que estén de acuerdo, únanse a mi y los que no, que se los lleve el río”.

Para Arias, la aprobación o no de este fideicomiso es comprometedor. “ ¿Qué es lo que va a pasar, entonces? Lo dice un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de manera clara: No va a haber ley. Porque la deuda pública no se puede aprobar con 43 votos, y si se aprueba así equivale a que no exista ley. Habrá entonces, un vacío de ley, un vacío jurídico”, sentenció.

En este escenario cobra más fuerza la postura de diversos analistas y economistas que han dicho que un pacto fiscal eficiente e integral es cada vez más urgente. El país, afirman, no puede seguirse endeudando y tampoco puede negarse a cualquier iniciativa que se plantee.